La medida responde a las notificaciones de inhabilitación enviadas por el Gobierno nacional para proteger los recursos hidrocarburíferos.
El proyecto petrolero Sea Lion se encuentra ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
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La compañía estadounidense Halliburton, una de las firmas más influyentes de servicios para la industria energética, ratificó que no participará en el proyecto petrolero Sea Lion ni en ninguna labor de exploración o explotación en las Islas Malvinas y sus aguas circundantes.
La decisión fue confirmada por la filial con sede en Houston, Texas, luego de tomar contacto con autoridades de la Argentina, quienes habían expresado reparos respecto de la normativa vigente y la eventual incursión de la empresa en el área en disputa.
Esta postura se alinea con la estrategia del Gobierno argentino encabezado por el presidente Javier Milei, quien advirtió sobre la aplicación de severas sanciones a las firmas que brinden respaldo logístico o técnico a las operaciones petroleras en el territorio británico de ultramar.
En ese contexto, la Cancillería, conducida por Pablo Quirno, distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a prestadoras de servicios petroleros de todo el mundo.
El documento oficial advirtió de manera tajante que cualquier colaboración con Sea Lion inhabilitará a las empresas para operar en Vaca Muerta, el yacimiento ubicado en Neuquén que supera una producción diaria de 600.000 barriles.
Con esta ratificación, Halliburton se suma a las determinaciones comunicadas en septiembre por sus competidoras SLB y Baker Hughes, completando un repliegue conjunto de los principales actores del sector.
Entre las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la magnitud que requiere el proyecto Sea Lion, lo que representa un contratiempo significativo para los planes de extracción en la zona.
El repliegue corporativo coincide con un marcado avance de la ofensiva legal e internacional llevada adelante por el Estado argentino. En el fuero federal, la jueza de Tierra del Fuego Mariel Borruto dictó una medida cautelar que ordenó a las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum la suspensión inmediata de cualquier obra, infraestructura submarina o perforación por no contar con una evaluación de impacto ambiental validada por la autoridad nacional.
Al mismo tiempo, la Cancillería promovió acciones penales contra empresas vinculadas a Navitas Petroleum y a la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas por operar sin autorización en la Cuenca Malvinas Norte, un delito que contempla penas de hasta 15 años de prisión y 20 años de inhabilitación.
Finalmente, la Argentina notificó de forma oficial al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, fijando la vía hacia el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo si no se paralizan las operaciones.
