Tres de cada diez estatales sumariados son despedidos

Bajo control. La Oficina de Sumarios fue creada en febrero de 2019, por impulso de Alfredo Cornejo, para acelerar las sanciones a los empleados infieles del Estado. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.
Bajo control. La Oficina de Sumarios fue creada en febrero de 2019, por impulso de Alfredo Cornejo, para acelerar las sanciones a los empleados infieles del Estado. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

La Oficina de Sumarios abrió más de 200 investigaciones en casi dos años. De casi sesenta agentes sumariados, veinte fueron despedidos. Faltas injustificadas son la principal causa.

Con la intención de contar con un órgano independiente que se ocupara de investigar la actuación de los empleados de toda la administración pública, el 27 de febrero del 2019 comenzó a funcionar la Oficina de Sumarios. A casi dos años, se iniciaron 215 expedientes de los cuales en el 55% de los casos son por inasistencias injustificadas.

Las estadísticas muestran que de las 215 causas se abrieron 58 sumarios administrativos, de los cuales en 20 casos se resolvió la cesantía (casi un 30%) y en 14 se sugirió sobreseimiento. En tiempos de cuarentena mermó la actividad del Estado, por lo tanto se cometieron menos faltas.

La Oficina de Sumarios fue una didea de Alfredo Cornejo. La intención era centralizar, y agilizar, las pesquisas administrativas para avanzar en la investigación de las faltas que cometían los agentes de planta permanente. No incluye a contratados.

Esta oficina depende del Ministerio de Gobierno y tiene potestad sobre los organismos centralizados, pero ha firmado convenio con el Tribunal de Cuentas, Fondo de la Transformación, Instituto Provincial de Juegos y Casinos y Administración Tributaria Mendoza.

“La oficina aporta eficiencia y velocidad, porque antes tenías una persona, que además hacía otras tareas, llevando sumarios. Ahora tenés una estructura con agentes especializados que se dedican a eso”, destaca Ignacio Barbeira, subsecretario de Gestión Pública a Los Andes.

Al momento de llegar a la Gobernación, Cornejo realizó un relevamiento de los sumarios abiertos y sin resolución. Cuando se debatió la modificación del régimen disciplinario, surgió que en octubre de 2018 (fecha en la que se sancionó la ley que creó la oficina) habían 974 sumarios sin resolver, de los cuáles 345 se habían iniciado durante la administración de Celso Jaque (2007-2011), 313 en la era Francisco Pérez (2011-2015) y 316 de la gestión Cornejo.

En aquel momento se informó que hasta octubre de 2018, se habían definido 293 cesantías.

Si bien los gremios patalearon porque consideraban que el nuevo sistema era “una flagelación al derecho de defensa de los trabajadores frente a las sanciones de la patronal de turno”, la nueva estructura comenzó a funcionar y a emitir dictámenes. La gestión de Rodolfo Suárez continúa por esa senda y si bien los plazos administrativos lentificaron los procesos, durante el año pasado se resolvieron varios casos.

“La oficina sólo hace la investigación a partir de una resolución que llega desde el área donde trabaja esa persona que cometió una falta de cualquier tipo. Una vez que está esa decisión, pasa a la Oficina de Sumarios que hace su tarea y emite un dictamen, que va primero a la Junta de Disciplina de cada organismo, que hace otro dictamen. Las juntas son integradas, también por personal. Con esos dos dictámenes, que no son vinculantes, la máxima autoridad es la que debe resolver la situación de ese agente”, explica el funcionario.

Más de la mitad de las causas son por faltas injustificadas

Desde que el órgano comenzó a estar operativo, se iniciaron 215 expedientes, de los cuales 52 se rechazaron porque tenían algún defecto formal o había que recomponer el trámite en la cartera de origen.

Una vez iniciado el trámite comienza la etapa pre sumarial, en donde se reúnen ciertos elementos para que el caso “tenga color” o no. En casi dos años, se clausuraron 79 casos, en los cuales se iniciaron cerca de 60 sumarios administrativos y en los restantes se continúa con la investigación.

En ese 30% del total de expedientes iniciados, los dictámenes que salieron de la estructura que coordina Federico Roby se aconsejó la cesantía en 39 casos, en 7 fue suspensión (como máximo son 30 días corridos) y en los restantes 14, el sobreseimiento.

Al ser la máxima autoridad, el ministro de la dependencia en la que trabaja el empleado sumariado, quien termina decidiendo el destino de las personas sumariadas en su área, puede tomarse otra decisión. En tres casos que se sugirió cesantía, se optó por suspensión y hay 16 casos aun sin resolución por parte de quienes conducen las carteras.

En el 55% de las causas, las inasistencias injustificadas son la principal causa de investigación y el 45% incluye desde negligencia en el cumplimiento de sus funciones, hurtos, conflictos con compañeros de trabajo.

La proporcionalidad de la planta de personal se traslada a las estadísticas sumariales: cerca del 24% de los agentes investigados pertenecen al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, una de las cuadrillas más abultadas y quien encabeza la lista de expedientes iniciados.

Los docentes y policías tienen su propio régimen disciplinario, por lo que sus sanciones no se tramitan en la Oficina de Sumarios.

“El trámite más rápido tardó 110 días corridos porque era de faltas y se contabilizan con la marcación, después están los motivos de esas faltas, pero son casos en donde es más fácil de determinar. Hay otras causas que llevan más tiempo, porque se evalúa la prueba que se ofrece, se pueden llamar a testigos, se pueden pedir informes, depende de los casos”, completó el funcionario.

La cuarentena suspendió los plazos

Desde marzo del año pasado cuando comenzó la cuarentena por el Covid-19, dejaron de ser efectivos los plazos administrativos para estos casos. El sumario es secreto en los primeros 15 días de su iniciación durante los cuales el sumariante acumulará la prueba de cargo, que puede extenderse por 10 días más y mediante resolución fundada del investigador por un término mayor. Luego, se corre vista por 8 días al inculpado o inculpada para que efectúe su descargo, o proponga las medidas que crea oportunas para su defensa.

Durante los 15 días subsiguientes el sumariante realizará las diligencias propuestas por el inculpado y en caso de no considerarlas procedentes dejará constancia fundada de su negativa. Sin embargo deberá acumularse al sumario, todos aquellos antecedentes que habiendo sido solicitados se produzcan con posterioridad y hasta el momento de la resolución.

En la actualidad, al concurrir menos personal a las oficinas, y con la libertad que se les otorgó a cada autoridad en cuanto a la modalidad de trabajo por la pandemia, ha disminuido el pedido de inicio de investigaciones.

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