Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto para declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en Mendoza por el Súper Niño.
El fenómeno del Súper Niño anticipa fuertes tormentas en Mendoza. Archivo / Imagen ilustrativa
Foto:
Marcelo Rolland / Los Andes
En el marco del plan de acciones de prevención por el fenómeno del Súper Niño, el Gobierno provincial presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial durante 180 días.
La iniciativa busca contar con un marco especial que permita actuar con mayor rapidez frente a situaciones que puedan afectar a la población, la infraestructura, los servicios esenciales, los recursos hídricos y la producción, explica el proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.
El proyecto establece también una prórroga de hasta otros 180 días, que deberá ser dispuesta mediante un decreto fundado antes del vencimiento de la emergencia y comunicada a ambas Cámaras de la Legislatura dentro de los cinco días hábiles.
De esta forma, el Ejecutivo avanza con una iniciativa destinada principalmente a preparar la respuesta estatal frente al fenómeno del Súper Niño, que se vincula con otras medidas que tramitan en la Legislatura, como el endurecimiento de las multas para quienes arrojen residuos en canales, zanjones y acequias, impulsado por el intendente de Capital, Ulpiano Suárez.
La iniciativa se suma al plan integral de prevención que fue presentado en agosto por el gobernador junto al gabinete provincial, intendentes y organismos vinculados a la gestión de emergencias.
En aquella oportunidad se analizaron los escenarios climáticos previstos para la temporada 2026-2027, las tareas de Hidráulica, Defensa Civil y el COEP, las obras de infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de información y alerta temprana.
El proyecto busca que el Estado pueda anticiparse a los posibles efectos de lluvias intensas y otros eventos hidrometeorológicos, con especial atención sobre las zonas y poblaciones consideradas más vulnerables.
Entre los objetivos establecidos se encuentra el fortalecimiento del intercambio de información hidrometeorológica, los mecanismos de alerta temprana y la comunicación pública del riesgo. También plantea identificar puntos críticos y establecer prioridades para las intervenciones destinadas a reducir riesgos en la prestación de servicios esenciales.
A su vez, propone coordinar las actuaciones entre el Poder Ejecutivo, los municipios, el Departamento General de Irrigación, los prestadores de servicios públicos y otros organismos competentes, respetando las atribuciones que corresponden a cada uno.
Uno de los principales puntos del proyecto es la posibilidad de acelerar las contrataciones que sean necesarias para atender situaciones directamente vinculadas con la emergencia.
El artículo referido a las contrataciones de urgencia autoriza al Poder Ejecutivo y a los entes descentralizados a realizar las contrataciones necesarias durante la vigencia de la emergencia sin quedar sujetos al régimen general de contrataciones de la Administración Pública provincial.
Sin embargo, la excepción queda limitada a las necesidades derivadas de la emergencia. El proyecto establece que las contrataciones deberán respetar criterios de razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia y control, y prohíbe utilizar este mecanismo para atender necesidades ordinarias, periódicas o previsibles que no estén relacionadas con el fenómeno climático.
La iniciativa también contempla la ejecución urgente de obras hidráulicas y de drenaje pluvial, además de trabajos sobre cursos de agua, canales, sistemas de drenaje pluvial y cloacal y mantenimiento de caminos.
También se habilita la ampliación de la red provincial de monitoreo preventivo. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar los procedimientos para las adquisiciones y ejecuciones, incluyendo los criterios de selección, adjudicación y evaluación de las propuestas.
El texto establece que las obras e intervenciones que sean directa e inmediatamente necesarias para prevenir, mitigar o atender los riesgos comprendidos en la emergencia se regirán por la legislación vigente en materia de obras públicas.
El proyecto aclara además que la declaración de emergencia no implica dejar de cumplir con la legislación ambiental y territorial.
La autoridad ambiental deberá determinar qué procedimiento de evaluación y control corresponde en cada caso, de acuerdo con las características, la localización y los riesgos de la intervención.
Las medidas que se adopten deberán contemplar la prevención de impactos adicionales y, cuando corresponda, acciones de mitigación y recomposición.
De esta manera, aunque la iniciativa establece mecanismos excepcionales para acelerar obras y contrataciones vinculadas con la emergencia, mantiene la obligación de cumplir con los controles ambientales correspondientes.
Otro de los puntos centrales está relacionado con el financiamiento de las medidas que se adopten durante la emergencia.
El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a destinar los fondos necesarios para cumplir con las acciones previstas y, mientras dure la emergencia, ampliar o reasignar partidas presupuestarias con ese objetivo.
La herramienta apunta a permitir que los recursos puedan ser destinados con mayor rapidez a las intervenciones que sean necesarias ante la evolución de los eventos hidrometeorológicos.
A su vez, los municipios, el Departamento General de Irrigación y otros entes descentralizados que tengan competencia en la materia deberán dictar, dentro de sus respectivas jurisdicciones, las normas necesarias para aplicar las disposiciones de la futura ley.
La declaración de emergencia está directamente vinculada con el escenario climático previsto para el ciclo El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) 2026-2027.
La Provincia viene preparando distintas medidas ante la posibilidad de que se produzcan episodios de lluvias intensas y tormentas que puedan generar complicaciones en zonas urbanas y rurales, cauces, canales, caminos y otros puntos considerados críticos.
En este marco, el proyecto de ley busca otorgar al Estado provincial herramientas excepcionales y temporales para reforzar la prevención, mejorar la capacidad de respuesta y ejecutar intervenciones con mayor rapidez ante situaciones que puedan afectar a la población y a la infraestructura.
La emergencia tendrá una vigencia inicial de 180 días desde la publicación de la ley y podrá extenderse por un período equivalente si el Poder Ejecutivo considera necesario prorrogarla mediante un decreto fundado.
