La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad dos proyectos de ley apuntados a sancionar a quiénes contaminen la vía pública.
Personal de la Municipalidad de Capital recoge residuos de canales aluvionales en el marco del plan de prevención del Súper Niño
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Prensa Capital
La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este miércoles dos leyes que van en sintonía con el plan de prevención para el fenómeno del Súper Niño. Una norma presentada por Cambia Mendoza apunta a la habilitación de denuncias ciudadanas a quienes contaminen la vía pública, la cual obtuvo sanción final y se convirtió en ley.
Mientras que el otro proyecto de ley fue consensuado entre oficialismo y la oposición para endurecer multas y sanciones a quienes arrojen residuos en acequias, zanjones y canales.
El intendente Ulpiano Suárez (UCR) impulsó la iniciativa a través de sus alfiles legislativos, pero en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) se encontraba un proyecto similar anterior del diputado Gustavo Perret (PJ), por lo que se unieron las dos iniciativas en un solo proyecto final.
Las dos leyes fueron aprobadas por unanimidad de los bloques de la Cámara de Diputados.
La primera norma establece un marco para que los ciudadanos puedan aportar fotos y videos sobre presuntas infracciones ambientales a través de plataformas digitales oficiales. El objetivo es que esos registros puedan ser utilizados por los organismos correspondientes para fiscalizar y determinar eventuales incumplimientos de la normativa.
El sistema estará bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente, que funcionará como una especie de ventanilla única para recibir, validar y derivar las comunicaciones a los organismos que ya tienen competencia en materia de control y sanción.
La ley contempla mecanismos para garantizar la autenticidad de la evidencia digital, entre ellos la extracción de metadatos, sello de tiempo, código de verificación y cadena de custodia.
También establece la posibilidad de hacer un seguimiento electrónico de las presentaciones y obliga a publicar periódicamente estadísticas sobre las denuncias recibidas, admitidas y archivadas, además de las actuaciones y sanciones derivadas.
Las denuncias podrán estar vinculadas con distintos tipos de infracciones ambientales, como residuos, recursos hídricos, bosques nativos, fauna, áreas naturales protegidas, minería, hidrocarburos y ordenamiento territorial, entre otros.
Para realizar una presentación será necesario acreditar la identidad y generar el material audiovisual mediante la plataforma oficial. La comunicación tendrá carácter administrativo y no convertirá automáticamente al denunciante en parte de un eventual procedimiento.
Uno de los puntos incorporados por la norma está relacionado con la utilización de inteligencia artificial. Los registros que hayan sido adulterados o modificados mediante IA, edición, montaje u otros mecanismos que tergiversen la realidad serán desestimados y podrán ser remitidos al organismo correspondiente para su evaluación.
Durante el debate, la diputada Juana Allende (UCR), una de las impulsoras, explicó que la iniciativa busca habilitar “un canal legal para fotos y videos que aporte la ciudadanía por infracciones ambientales”. Según sostuvo, el mecanismo apunta a ampliar las herramientas disponibles para el control en un territorio extenso.
Desde el PRO, Stella Huczak destacó la participación ciudadana que incorpora el proyecto, mientras que Lucas Ilardo (Fuerza Patria) acompañó la iniciativa pero cuestionó el rol que se le asigna a los vecinos. “Tenemos un Estado que no controla y pretende que lo haga la gente”, sostuvo.
La segunda iniciativa modifica el Código Contravencional y establece un régimen más severo para quienes arrojen o depositen residuos, escombros, malezas, aguas servidas, metales u otros elementos en espacios públicos y, particularmente, en infraestructura hídrica.
Para quienes arrojen residuos en calles, plazas, parques, puentes, acequias, canales, colectores, cursos de agua u otros bienes públicos o privados se contemplan multas de entre 1.000 y 2.000 Unidades Fijas, arresto de entre 10 y 20 días y hasta 30 días de trabajo comunitario de limpieza.
Además, el infractor deberá reparar el daño ocasionado y afrontar los costos de limpieza, remoción y traslado de los residuos. En caso de que la conducta sea cometida por un menor de edad, sus padres, tutores o guardadores responderán por esos gastos de acuerdo con la legislación vigente.
El proyecto establece sanciones todavía más elevadas cuando los residuos sean arrojados en canales, colectores, acueductos, cauces aluvionales, hijuelas, acequias, obras de toma y otras estructuras de drenaje. En esos casos, las multas irán de 1.500 a 3.000 Unidades Fijas, con arresto de 15 a 25 días y 25 días de trabajo comunitario.
También se incorporan sanciones para las personas jurídicas cuando las infracciones se cometan en el marco de actividades realizadas en su nombre, interés o beneficio. En esos casos, las multas podrán llegar a entre 5.000 y 10.000 Unidades Fijas, además de otras sanciones como clausura o inhabilitación.
Uno de los puntos centrales del proyecto está relacionado con las situaciones de emergencia hidrometeorológica. Cuando exista una alerta, emergencia o estado de catástrofe formalmente decretado, las sanciones previstas se elevarán al doble, tanto en sus mínimos como en sus máximos.
La medida busca reforzar las herramientas de prevención ante eventuales crecidas y evitar que la acumulación de residuos en cauces y sistemas de drenaje genere obstrucciones, desbordes o daños.
La diputada Beatriz Martínez (UCR), coautora de una de las iniciativas acumuladas, señaló que el proyecto está vinculado con las acciones que lleva adelante la provincia frente al fenómeno del Súper Niño.
“El agravante por emergencia hidrológica” permite duplicar las sanciones, explicó, y agregó que también se incorporó la obligación de reparar los daños y asumir los costos de limpieza.
El proyecto también establece que los fondos recaudados por determinadas multas del Código Contravencional sean destinados anualmente a Bomberos Voluntarios que cuenten con certificado de operatividad.
La disposición alcanza, entre otras, a multas relacionadas con el cuidado de la higiene de los lugares públicos, pirotecnia, determinadas conductas vinculadas con menores y el encendido de fuego en zonas urbanas o rurales cuando represente un peligro.
Durante el debate, Lucas Ilardo (Fuerza Patria) destacó específicamente este punto y valoró el destino de los recursos a los cuerpos de bomberos. Gustavo Perret (PJ), por su parte, señaló que el proyecto buscó ordenar las competencias de los distintos organismos que intervienen en la materia y que sean los jueces quienes apliquen las sanciones.
Desde el PJ, Germán Gómez manifestó su acompañamiento general, aunque planteó la necesidad de precisar algunos aspectos vinculados con la aplicación de multas y arrestos.
Franco Ambrosini (UCR) y Nicolás De Pedro (LLA) también expresaron su respaldo al texto y remarcaron que durante el tratamiento fueron incorporadas sugerencias de distintos bloques.
