Se cumplen dos años del desafuero de Marcelo Romano y el proceso judicial sigue estancado

El ex senador Marcelo Romano está imputado por atentado a la autoridad pero la Justicia aun no puede acusarlo formalmente. Foto: José Gutierrez/ Los Andes
El ex senador Marcelo Romano está imputado por atentado a la autoridad pero la Justicia aun no puede acusarlo formalmente. Foto: José Gutierrez/ Los Andes

La denuncia contra el ex senador por “atentado a la autoridad” data de agosto del 2019. En mayo del 2020, el Senado provincial le quitó la inmunidad para que la Justicia avanzara en la investigación. Sin embargo, hubo una larga serie de apelaciones que impidieron avanzar. El 31 de este mes, la Justicia intentará desarrollar una audiencia de acusación.

La situación judicial del ex senador Marcelo Romano pareciera empezar aclararse tras casi tres años de la denuncia en su contra. En agosto fue denunciado por atentado contra la autoridad por un hecho que involucra a la Policía de Mendoza y por el que está imputado desde febrero de este año.

Desde el 26 de mayo del 2020 día en que perdió sus fueros, hasta ahora que han pasado dos años, un festival de apelaciones por parte del ex legislador evitó la acusación formal que, tras dos suspensiones, tiene fecha para el 31 de este mes. En caso de que asista, podría resolverse el tema con un juicio abreviado, o bien, que la causa llegue a juicio normal.

Era agosto del 2019 y las elecciones PASO transcurrían en Mendoza. Precisamente ese domingo 11, Romano protagonizó un escándalo en el Acceso Sur a la altura del barrio ATSA, Godoy Cruz, porque la Policía había retenido a su hija, quien conducía un Renault Clio.

Romano habría dicho a los efectivos: “Me llamo Marcelo Romano, ella es mi hija, yo soy senador e integrante de la Bicameral de Seguridad, por qué tienen demorada a mi hija, dedíquense a perseguir chorros en las villas, soy íntimo del Ministro de Seguridad Venier, van a perder el trabajo por esto”. El delito por el que se lo investiga es el de “atentado contra la autoridad”, que establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.

Ese fue el principio de un largo periplo que tiene algunas curiosidades en el proceso que encabeza la fiscal correccional Gabriela García Cobos y que fue reconstruido por fuentes que siguen de cerca la causa.

Ante la consulta de Los Andes sobre el proceso y su defensa, Romano indicó que estaba sin abogado porque Carlos Moyano, el letrado defensor había renunciado. Y se quejó de la consulta: “Me gustaría que me llamaras por otras cosas. Por los glaciares, por la escombrera chilena. Pero bueno, es mucho pedir”, afirmó.

Un festival de cuestionamientos

Para empezar, hubo unos siete intentos de notificación por parte de la fiscalía para avisarle formalmente a Romano sobre el decreto de avoque (investigación), en Ciudad de Mendoza y San Carlos. Finalmente lo notificaron en la puerta de la Legislatura provincial.

El hecho fue recordado porque Romano estaba dando una nota periodística y cuando fue llamado por personal de la Justicia, cosa que no advirtió, se mostró predispuesto creyendo que seguía la ronda de notas. Allí fue notificado formalmente y tiempo después ingresó el pedido formal de desafuero a la Legislatura, a fines del 2019. Allí “durmió” 6 meses hasta mayo del 2020.

El oficialismo tenía la mayoría para aprobar la quita de fueros, así se procedía a la imputación. Pero la modificación de la ley antiminera 7722, la cual defendía Romano, agitó el clima y Cambia Mendoza no quería que se mezclara con la situación judicial. Además, Romano cuestionaba el pliego de licitación de Portezuelo del Viento que había emitido el Gobierno.

Otros cuentan que en esos tiempos también había negociaciones por el presupuesto, ya que al oficialismo no le sobraban los votos y el de Romano era importante.

En el medio de este round legislativo, en el Poder Judicial la defensa de Romano pedía la nulidad de las pericias efectuadas por el Cuerpo Médico Forense a los policías que participaron del operativo de 2019 y de otros actos, porque no había sido notificada. Ese pedido de nulidad estuvo sin resolverse durante dos años, dada la cantidad de recursos que presentaba el abogado de Romano.

“No estábamos de acuerdo, por eso apelábamos. No nos notificaban de algunas pericias y podríamos haber propuesto perito de parte”, indicó el abogado Moyano a Los Andes, tras confirmar que ya no forma parte de la defensa del ex senador desde hace algunas semanas.

Primero había que resolver el desafuero legislativo y eso suspendió el pedido de nulidad por casi 6 meses. Una vez desaforado, y a pesar de que Romano remarcaba una y otra vez que era víctima de una causa orquestada por el radicalismo y Alfredo Cornejo, la causa se reactivó

En tribunales dicen que Romano “apeló hasta los sorteos” y rememorando algunos hechos: a María Cristina Pietrasanta, jueza de Garantías, le rechazaron todo, hasta su designación en la causa.

Finalmente, ya en febrero del 2021, Pietrasanta resolvió que no correspondía la nulidad y convalidó los actos del Ministerio Público Fiscal, no haciendo lugar al sobreseimiento del dirigente sancarlino ni al planteo de archivo.

¿Qué hizo la defensa? Apeló nuevamente y pidió que decidiera un Tribunal Penal Colegiado que se conformaba con los jueces David Mangiafico, Horacio Cadile y Aníbal Crivelli. Pero la defensa recusó a Cadile y pidió un nuevo sorteo.

Siguió pasando el tiempo y en junio del 2021 Mangiafico se inhibió y la causa pasó a la Suprema Corte de Justicia para que resolviera qué tribunal debía intervenir. A esa altura ya habían pasado varios sorteos y en noviembre, el máximo tribunal decidió que la causa vuelva a la terna original.

Algunas versiones cuentan que Romano sostenía las constantes apelaciones para evitar una sentencia en primera instancia lo cual le impediría haber sido candidato en las legislativas del año pasado.

Lo cierto que en el tamiz de Ficha Limpia no estaría contemplado el delito por el que se lo acusa a Romano y además, terminó siendo candidato al Congreso Nacional, que no utiliza este instrumento para cumplir requisitos.

Ya con el 2022 corriendo, después de la feria judicial, el Ministerio Público Fiscal resolvió no aceptar en su totalidad la producción de nuevas medidas probatorias pedidas por la defensa. La causa llegó nuevamente a la jueza de Garantías en primera instancia, Pietrasanta, quien tampoco consideró que debían hacerse todas las medidas probatorias pedidas.

Hubo una enésima apelación y nuevamente los jueces del Tribunal Penal Colegiado mencionados anteriormente rechazaron el recurso.

“Más allá de las garantías, hay algo que surge de la causa que no cierra, pero no lo achacaría a la Fiscalía sino a la política”, remarcó Moyano. Y diferenció al Poder Judicial del Legislativo al decir que si bien Romano “estuvo con el desafuero un año sin imputaciones, desde la Fiscalía no avasallaron derechos ni garantías, podrían haber hecho un juicio relámpago”.

La tercera, ¿será la vencida?

Luego de resoluciones y apelaciones, finalmente la fiscal García Cobos solicitó la audiencia de Acusación para el 25 de abril, aunque las notificaciones a Romano tanto en sus domicilios como por vía telefónica resultan negativos.

En el medio, renunció Moyano en la defensa y Romano designó a dos defensores que para la fecha de audiencia pidieron tiempo para estudiar la causa. Tras los intentos de citación, lograron notificarlo y programar la audiencia para el 19 de mayo.

Un par de días antes, la defensa solicita a la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP) la suspensión de la audiencia porque Romano viajaría a Buenos Aires y volvió a reprogramarse recién para el 31 de mayo próximo.

Allí podría plantearse un juicio abreviado que es aceptado o no por el acusado; o bien, la causa se eleva a juicio y la historia sigue contándose.

Algunos esperan también que si se vuelve a ausentar Romano, la Justicia tome otra postura para poder avanzar, al menos, en una acusación formal, después de tanto tiempo y varios capítulos judiciales.

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