La empresa Cresud dio un paso más en el trámite administrativo que habilitó el Departamento General de Irrigación.
Pozos de agua. Imagen ilustrativa
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Archivo Los Andes En medio del revuelo político generado por la habilitación de pozos de agua en un acuífero restringido de Luján de Cuyo, al margen derecho del Río Mendoza, una importante empresa avanza en el trámite administrativo ante el Departamento General de Irrigación.
Se trata de CRESUD Safic A, perteneciente al Grupo IRSA del empresario mileísta Eduardo Elsztain, que publicó cinco edictos en el Boletín Oficial como parte del proceso que le habilitó el Superintendente del DGI, Sergio Marinelli, a través de la Resolución 125 (7 de febrero de 2025).
Esta empresa fue autorizada a gestionar la perforación de 5 pozos en la “zona de recarga” del acuífero restringido de la Subcuenca El Carrizal, que le permitirían abarcar 424 hectáreas de riego para uso agrícola.
Esa resolución también habilitó el trámite para otros tres proyectos de perforación en ese lugar: Chimpay La Rioja S.A (por dos pozos) y García Mateo Petro y Grappolo S.A. (Walter Bressia), un pozo cada uno.
Los edictos publicados hoy en el Boletín Oficial remiten a los expedientes: 779.023, 779.024, 779.026, 779.027 y 779.028. “CRESUD S.A.C.I.F. y A. perforará pozo en su propiedad ubicada en Ruta Nacional N° 7, km 1.068, Cacheuta, Luján de Cuyo. Profundidad 250 m, diámetro 12”, uso agrícola. N.C. 06-04-88-2200-431979. Término de oposición: 10 días”, dicen de forma homogénea los cinco textos.
Cabe recordar que la autorización del trámite para perforar estos 9 pozos en Luján, se dio después de que el DGI modificara la Resolución 1108 (agosto de 2024) que mantenía la restricción de perforaciones por un plazo de dos años en ese acuífero. Al conocerse esa decisión, la respuesta política no tardó en llegar.
Desde el kirchnerismo pidieron el Jury de Enjuiciamiento contra Marinelli por "mal desempeño" en sus funciones y el Partido Verde presentó un recurso de revocatoria ante el HTA.
El funcionario asistió a la Legislatura la semana pasada a explicar los pormenores del proceso y responder consultas de los diputados. En ese contexto, aseguró que el DGI está actuando "bajo derecho", avalado en informes técnicos, y cruzó a los dirigentes que lo cuestionaron.
Según explicaron desde el DGI a Los Andes, el trámite de otorgamiento de permisos en perforación general, se basan en una serie de recaudos fijados en la Ley 4035, Resolución 751/17 HTA (Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación), y 125/25 de Superintendencia.
Antes de llegar a estos edictos, Cresud Safic A cumplió estos pasos: “iniciar expediente, acreditar titularidad del inmueble, detallar proceso productivo, uso, hectáreas, volumen estimado, sistema de riego a implementar, director técnico y empresa constructora, y todo los recaudos que le sean exigidos”.
Los edictos se publican durante 2 días consecutivos “a los fines de hacer efectiva la cláusula `sin perjuicio de teceros` ”, detallaron desde Irrigación.
En caso de que se presenten observaciones dentro de los 10 días, las deberá resolver el Superintendente y el trámite podrá seguir su curso. “El que formula una observación, debe invocar un interés legítimo”, acotaron desde Irrigación.
Según explican desde Irrigación, cumplidos todos los recaudos técnicos, el expediente pasa al área legal para pertinente dictamen. Si existe disponibilidad de agua y dictámenes técnico y legal favorables, pasa el expediente a resolución. Otorgado y firme el permiso, comienza el plazo de 6 meses para construir la perforación.
Construida la perforación, si se extrae agua, se analiza la calidad y si es apta para el uso para el cual se solicitó, se debe incorporar el estudio con informe técnico final, no registrar deuda y haber cumplido todos los recaudos impuestos en el acto.
Entonces, el expediente estará en estado de pasar al Honorable Tribunal Administrativo para otorgar o no el uso del agua. Y luego el HTA tendrá 30 días para resolver sobre el otorgamiento de la Concesión del uso del agua.