La decisión fue atribuida oficialmente a la necesidad de reforzar la seguridad ante presuntas filtraciones sobre la actividad de Javier Milei y su entorno. Entre los despedidos está el intendente de la residencia, Osvaldo Javier Sosa.
El Gobierno de Javier Milei dispuso una profunda reorganización de la Quinta de Olivos y confirmó el despido de 12 trabajadores de la residencia presidencial
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El Gobierno de Javier Milei dispuso una profunda reorganización de la Quinta de Olivos y confirmó el despido de 12 trabajadores de la residencia presidencial, entre ellos quien hasta ahora se desempeñaba como intendente del predio, Osvaldo Javier Sosa.
La medida incluye además la disolución de la actual estructura de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y el traspaso de la responsabilidad integral de la seguridad y la administración a la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.
Desde la Casa Rosada explicaron que la decisión responde a razones de seguridad. Según fuentes oficiales citadas por La Nación, una investigación interna habría detectado un riesgo vinculado con la información y la seguridad derivado de una serie de “filtraciones” sobre la actividad del Presidente y de su círculo más cercano.
Con el nuevo esquema, la Casa Militar asumirá el control integral de la residencia presidencial y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. El Gobierno aclaró que esto no significa que todas las tareas vayan a ser realizadas por personal militar.
“Las personas que tengan relación con el Presidente van a trabajar bajo las órdenes de Casa Militar”, explicaron fuentes oficiales a La Nación. El nuevo esquema contempla tanto personal civil como integrantes de la estructura militar para desarrollar las distintas funciones.
La transferencia de responsabilidades y bienes de la Quinta de Olivos a la Casa Militar deberá completarse en un plazo máximo de 60 días, según informó el Gobierno.
La Casa Rosada justificó públicamente el cambio por la necesidad de “elevar los estándares de eficiencia y seguridad” del Presidente y su entorno, en un contexto que definió como de incremento de la inseguridad a nivel global. También mencionó la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, que implicará el ingreso de personal externo a la residencia para realizar obras y tareas de acondicionamiento.
El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, cuestionó la forma en que se produjeron las desvinculaciones. Según relató, los trabajadores se presentaron este jueves en la Quinta de Olivos, pero no pudieron ingresar y fueron enviados a sus domicilios a la espera de los telegramas de despido.
Catalano sostuvo que entre los despedidos hay trabajadores de distintas áreas, como jardinería, administración y cocina. Además, denunció que uno de los empleados se encontraba de licencia por tratamiento contra el cáncer. El Gobierno no respondió públicamente sobre este último caso.
Por su parte, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, anunció que el sindicato se declaró en alerta y anticipó que analiza la posibilidad de realizar medidas de fuerza en rechazo de los despidos.
Uno de los principales cambios alcanza a Osvaldo Javier Sosa, quien estaba al frente de la administración cotidiana de la Quinta de Olivos y quedó fuera del cargo con la nueva reorganización.
Fuentes oficiales señalaron a ese medio que la nueva conducción de la residencia tendrá la facultad de designar a su propio equipo. La medida se produce en paralelo con la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos.
En las últimas horas también circularon versiones sobre otros motivos vinculados con la reorganización. Desde el Gobierno negaron específicamente que la medida tuviera relación con supuestos problemas vinculados con los perros del Presidente y calificaron esas versiones como falsas.
De esta manera, la Casa Militar ampliará sus funciones dentro de la Quinta de Olivos y quedará al frente de la seguridad y de la coordinación de las tareas vinculadas con la residencia presidencial, en un proceso de transición que el Gobierno prevé completar durante los próximos 60 días.
