El proyecto enviado a Diputados permite adaptar las condiciones a cada área y contempla beneficios para recuperar pozos y promover nuevas inversiones.
La reforma contempla reducciones para reactivar pozos inactivos, exploración complementaria, crudos pesados y proyectos de recuperación mejorada.
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El gobernador Alfredo Cornejo envió este viernes a la Legislatura un proyecto para establecer una nueva Ley de Hidrocarburos en Mendoza y reemplazar la normativa vigente desde 2006. La propuesta introduce un esquema flexible de regalías para las futuras licitaciones, incentivos para recuperar producción en campos maduros y un régimen específico para la explotación no convencional de Vaca Muerta, además de nuevas exigencias ambientales y herramientas de fiscalización.
La reforma había sido anunciada por el mandatario durante su discurso del 1° de mayo. El proyecto ingresó por la Cámara de Diputados y fue presentado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto al presidente de la Cámara baja, Andrés Lombardi; el director de Hidrocarburos, Lucas Erio; y el director de Legales, Bruno De Pasquale.
“Enviamos a la Legislatura una nueva Ley de Hidrocarburos para actualizar una normativa que tiene 20 años y adaptarla a la nueva realidad de la industria”, señaló Cornejo en su cuenta de X. Según indicó, la iniciativa apunta a mejorar las condiciones para atraer inversiones y atender tanto la producción convencional como el desarrollo no convencional.
Los fundamentos del proyecto señalan que desde la sanción de la ley provincial vigente hubo modificaciones en el marco nacional y en las características de la industria.
Entre ellas menciona los cambios introducidos por la Ley Bases y diferencia las dos realidades productivas que actualmente enfrenta Mendoza: los yacimientos maduros de la Cuenca Cuyana y el potencial no convencional de la Cuenca Neuquina, principalmente en Malargüe.
Uno de los cambios centrales está en las regalías. La normativa actual fija una alícuota general del 12% sobre la producción y permite reducirla hasta el 5% en determinadas circunstancias.
Para las futuras licitaciones, el proyecto establece una regalía de referencia del 15%, aunque las empresas podrán ofrecer porcentajes superiores o inferiores en sus propuestas. Esto permitirá que la Provincia determine condiciones diferentes de acuerdo con las características económicas y productivas de cada área.
La regalía tampoco será el único elemento considerado para adjudicar una concesión. La Provincia evaluará las inversiones comprometidas, la producción prevista y el valor integral del proyecto. Dentro de esa fórmula, la inversión tendrá un peso preponderante.
La iniciativa también habilita al Ejecutivo a reducir regalías para proyectos destinados a recuperar pozos inactivos, realizar exploración complementaria, producir crudos pesados o implementar técnicas de recuperación mejorada. Con fundamento técnico, en estos casos el porcentaje podrá ubicarse incluso por debajo del 5%.
A esto se suman otros beneficios para estimular la exploración. Una empresa podrá compensar parcialmente el canon de explotación mediante nuevas inversiones de riesgo exploratorio, aunque deberá invertir al menos el doble del monto que pretenda compensar. También se contempla una reducción de hasta el 80% del canon correspondiente a una prórroga de permisos de exploración.
La reforma incorpora expresamente las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, una figura que no estaba contemplada en la legislación provincial sancionada hace dos décadas.
El texto permite reconvertir concesiones hacia este régimen de acuerdo con la normativa nacional. El cambio tiene particular incidencia sobre la porción mendocina de Vaca Muerta, ubicada principalmente en Malargüe, donde los proyectos requieren inversiones y plazos diferentes de los campos convencionales.
Latorre sostuvo que la modificación apunta a responder a “una industria que está pasando por una gran reconversión y en la que Mendoza debe proyectarse para los próximos 50 años”.
La ministra señaló además que el Gobierno pretende sostener reglas de largo plazo para acompañar las inversiones, mantener la actividad y continuar con la exploración del potencial hidrocarburífero provincial.
El articulado incorpora obligaciones relacionadas con la contratación y el desarrollo de proveedores. Las operadoras deberán priorizar la contratación de trabajadores con residencia efectiva en Mendoza y la participación de proveedores locales. Además, deberán presentar programas vinculados con capacitación y formación de mano de obra.
Cada dos años, las empresas tendrán que presentar una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, que será pública. Allí deberán informar sobre comunidad y desarrollo social, ambiente y sostenibilidad, condiciones laborales, capacitación, proveedores locales, gobierno y transparencia, higiene, seguridad y salud ocupacional.
La ley también crea un Registro Provincial de Actividades Hidrocarburíferas, bajo la órbita de la Dirección de Hidrocarburos. La inscripción será obligatoria para las empresas alcanzadas por la normativa, entre ellas titulares de permisos y concesiones y operadores vinculados al transporte y almacenamiento.
La nueva normativa contempla además una situación que adquiere relevancia por el avance de la exploración minera: la eventual superposición territorial entre derechos mineros y proyectos hidrocarburíferos.
El principio establecido es que ambas actividades deberán procurar coexistir. La presencia de dos proyectos sobre una misma superficie no implicará automáticamente la caducidad, extinción o rechazo de alguno de ellos.
Las empresas involucradas deberán intercambiar información y buscar alternativas técnicas y operativas. Entre las posibilidades aparece la modificación o secuenciación temporal de los trabajos.
Si la convivencia resulta imposible o genera riesgos incompatibles con la seguridad, el ambiente, la integridad de los yacimientos o el aprovechamiento racional de los recursos, resolverá el Poder Ejecutivo con intervención de las autoridades minera e hidrocarburífera y previa audiencia de los interesados.
La reforma establece responsabilidades ambientales durante todo el ciclo de los proyectos. Las operadoras deberán prevenir y mitigar impactos, efectuar monitoreos, recomponer el ambiente cuando corresponda y contemplar el cierre y abandono de pozos, instalaciones y ductos.
También deberán hacerse cargo del saneamiento de pasivos ambientales. La finalización de una concesión o la salida de una empresa de un área no extinguirá las responsabilidades ambientales originadas durante su operación.
La Dirección de Hidrocarburos tendrá facultades para inspeccionar instalaciones, solicitar documentación y controlar los sistemas utilizados para medir la producción. Las compañías deberán garantizar el acceso a la información requerida por la autoridad provincial.
Otro cambio será el régimen sancionatorio. En lugar de multas establecidas en montos fijos de pesos, el proyecto utiliza como unidad de referencia los litros de nafta súper, con el objetivo de evitar que las sanciones pierdan valor con el tiempo.
Las infracciones serán clasificadas como leves, graves, muy graves y gravísimas. Según esa escala, las multas previstas van desde el equivalente a 20.000 litros hasta 2 millones de litros de nafta súper. Para convertirlas a pesos se tomará como referencia el precio promedio en Mendoza correspondiente al mes inmediato anterior.
Para determinar cada sanción se evaluarán factores como la gravedad y duración del incumplimiento, el daño o riesgo generado, el beneficio económico obtenido, la reincidencia y la conducta posterior de la empresa.
Finalmente, se crea una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera para financiar inspecciones, fiscalización y equipamiento técnico. El monto no podrá superar el 0,8% de las regalías y/o cánones correspondientes a cada actividad. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos
