Megajuicio: cuáles fueron los descargos de Bento y su esposa sobre enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Durante la quinta jornada del megajuicio que afronta el juez federal Walter Bento continuó la lectura de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que incluyen a su esposa, Marta Boiza, y sus hijos Luciano y Nahuel Bento. Se trató de la penúltima audiencia de esta etapa, ya que sólo restan 65 páginas para concluir y pasar a las cuestiones preliminares, que se llevarán adelante desde el próximo 23 de agosto.

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El final de la lectura del extenso expediente va llegando a su fin. Y los descargos del juez Bento y su esposa fueron el centro de la jornada del jueves. Para la Fiscalía son injustificables los incrementos patrimoniales que adquirió la familia desde el año 2005 hacia adelante, cuando Bento asumió su cargo como juez del Poder Judicial de la Nación. Esto incluye la adquisición de propiedades de todo tipo y vehículos de alta gama, además de viajes recurrentes al exterior con gastos exorbitantes. Cabe señalar que los hijos imputados en la causa también son empleados judiciales.

En el caso del lavado de activos, la parte acusatoria asegura que se detectó conversión, transferencia y circulación en el mercado de “bienes provenientes de un ilícito penal con la consecuencia posible de que el origen de los bienes (originarios o subrogantes) adquiera la apariencia de lícito”.

Aquí está seriamente involucrado Nahuel Bento, a quien lo acusan como pieza fundamental, para lavar activos. “Nahuel Bento llevó a cabo, paulatinamente, diferentes actos de aplicación de activos provenientes de una actividad ilícita de sus progenitores e incorporó bienes en su patrimonio dándoles la apariencia de origen lícito”, apuntó la Fiscalía y aseguró que lo realizó mediante “una reiteración de hechos diversos - transferencias, ventas, disimulación, administración- con apariencia de legalidad y confundiéndose con los réditos regularmente obtenidos por las actividades que los mismos desarrollan” en el ámbito judicial.

Lo cierto es que el fiscal general Dante Vega incorporó en su extensa acusación los descargos de Bento y Boiza sobre ambos delitos, presentados en el año 2021.

Bento y Boiza sobre enriquecimiento ilícito

Bento señala en su descargo que las cuentas se encuentran en “orden”, y que ningún organismo le ha formulado nunca ninguna observación. El magistrado presentó una serie de cuadros con los que pretendió dar explicación a la evolución de su patrimonio en este tema, pero el fiscal detectó “inconsistencias”, acreditadas también por la pericia contable a cargo de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El magistrado federal también afirmó que su informe patrimonial se encuentra certificado por “un contador independiente” y ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza. Frente a esto, la Fiscalía resaltó que al estar certificado no se constituye más que como una prueba de parte y por lo tanto debe ser valorada de esa manera sin ninguna interpretación en especial.

El propio certificante es quien aclara que el informe patrimonial “se ha realizado sobre la base de comprobantes y hechos económicos y financieros, circunstancias y situaciones detalladas por los propios declarantes para cada uno de los periodos”. Las justificaciones de ingresos de Bento se centraron en los ingresos que ha percibido como Juez Federal de la Nación y las respectivas compensaciones y viáticos como también a los ingresos que han percibido en concepto de alquileres. Ante esto, la Fiscalía señaló que la pericia contable incorporada demostró, de todos modos, las inconsistencias de su crecimiento patrimonial.

En tanto Marta Boiza, en su descargo, utilizó las mismas expresiones y excusas que el juez Bento, indica el texto acusador. En su indagatoria por escrito, comenzó de la misma forma que lo ha hecho su esposo Walter en numerosas ocasiones, agrediendo al Fiscal que investiga la causa y sembrando suspicacias no solo de la investigación sino también del rol de los jueces a cargo. Así, se refiere a Vega como “el Fiscal enemigo” o “el Fiscal recusado”, luego a la investigación que se lleva adelante como “aberración” “absurda”, etc.

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Luego de relatar su historia personal con el magistrado procesado, la mujer sostuvo que ya desde antes de comenzar sus funciones en el Poder Judicial, la pareja Bento - Boiza tenía un “abultado” patrimonio, debido al trabajo que tenía su marido en una importante casa de cambios de Buenos Aires. Sin embargo, esto solo queda dentro del plano de la afirmación ya que al respecto no acompañó ninguna prueba, señaló la Fiscalía.

Además, la imputada contradijo con su descargo que ella no formaba parte de cuestiones “económicas” de la familia, ya que Boiza figura como titular de las facturas que presentaron para intentar acreditar ingresos de dinero por fuera de su función en los Tribunales Federales de la Provincia de Mendoza.

Descargos por lavado de activos

Walter Bento refirió en su descargo que la imputación de lavado de activos “carece de todo sustento y se encuentra construida a partir de falsedades e inexactitudes”. Negó la existencia de lavado de dinero y sostuvo que no se probaron ingresos ilícitos ni operaciones de blanqueo.

Además afirmó que el dinero originado en sueldos, venta de inmuebles, alquileres y rentas, créditos bancarios- todos declarados- no pueden blanquearse en posteriores operaciones, en viajes o en gastos.

Marta Boiza, por su lado, afirmó que no se ha podido demostrar el delito precedente y por lo tanto no puede sostenerse que exista una maniobra de lavado de activos.

Ante esto, la Fiscalía indicó que el nivel patrimonial de los coimputados y su grupo familiar no es compatible con el margen económico del que legítimamente podían disponer.

También se desprende que fueron anexando bienes en forma gradual al patrimonio familiar mediante la realización de actos jurídicos concretos (compras, ventas, donaciones, participación en fideicomisos, administración) con un grado de simulación suficiente para aparentar su legalidad, con la finalidad concreta de diversificar y distribuir los activos entre varias personas para lograr su desvinculación con los delitos investigados.