El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el predio donde se construirá la Base Naval Integrada. El proyecto demandará entre US$400 y US$500 millones.
El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti. (archivo)
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Ministerio de Defensa
El Gobierno busca acelerar el desarrollo de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico que proyecta en Tierra del Fuego por la cuestión Malvinas. En ese marco, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán juntos este viernes para recorrer el predio donde se instalará el obrador y avanzar sobre los tiempos previstos para la obra.
La definición se conoció luego de una nueva reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, de la que Quirno y Presti participaron por primera vez. Durante el encuentro también se informaron avances del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno prevé presentar la próxima semana en la Cámara de Diputados.
La iniciativa contempla tres ejes centrales planteados por Javier Milei. Uno de ellos apunta a endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra las empresas y sus proveedores que operen sin autorización en las islas, con la posibilidad de habilitar, cuando corresponda, el juicio en ausencia.
El segundo eje establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado para articular a la Cancillería, el Ministerio de Defensa, Inteligencia y Economía. El tercer objetivo consiste en solicitar al Congreso herramientas económicas y diplomáticas especiales para que ese organismo pueda responder ante amenazas provenientes de actores estatales o no estatales.
Durante la reunión, Carlos Presti expuso detalles del proyecto de la Base Naval Integrada y del Polo Logístico que el Ejecutivo pretende desarrollar en Tierra del Fuego.
El Gobierno ya reasignó US$142 millones del presupuesto nacional para la iniciativa. Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron a TN que las estimaciones finales ubicarían el costo total entre US$400 millones y US$500 millones. De concretarse ese cálculo, el Ejecutivo todavía debería definir cómo financiar aproximadamente el 70% restante.
Frente a ese escenario, Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice dentro del Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional.
La visita de Quirno y Presti tendrá lugar en ese contexto y estará enfocada en el área donde se instalará el obrador. El objetivo planteado por el Gobierno es acelerar la construcción de la instalación.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó esta mañana que la base no tendrá un carácter bélico. “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”, aseguró durante una conferencia de prensa.
El avance de la Base Naval Integrada se produce en paralelo con las medidas impulsadas por el Gobierno contra empresas vinculadas con actividades extractivas en Malvinas.
Este martes fueron comunicadas nuevas sanciones contra 15 empresas internacionales que operan sin autorización en las islas, luego de que durante el fin de semana fueran notificados otros 45 sujetos, entre personas humanas y jurídicas.
Además, el lunes el canciller Pablo Quirno y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaron una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El comunicado oficial precisó que la acción también alcanza a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” de las compañías que hubieran intervenido en el hecho.
En relación con las nuevas sanciones, el Gobierno sostuvo que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”. Además, afirmó: “Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”.
