El oficialismo no consiguió reunir los acuerdos necesarios con sus aliados y bloques dialoguistas para firmar el dictamen del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. El plenario de comisiones se postergó y la iniciativa no será tratada en la sesión de este miércoles.
El Gobierno no consiguió los apoyos para avanzar con la ley de soberanía sobre Malvinas.
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El oficialismo de la Cámara de Diputados no consiguió reunir los apoyos necesarios para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, por lo que postergó el plenario de comisiones y dejó la iniciativa fuera de la sesión de este miércoles.
La propuesta, que incluye medidas para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y sancionar la explotación no autorizada de sus recursos naturales, enfrenta cuestionamientos de aliados y bloques dialoguistas.
La falta de consenso también alcanza a varios de los mecanismos de seguridad e inteligencia previstos en el texto. Entre los puntos objetados figuran las sanciones por campañas de desinformación, las facultades del Consejo de Seguridad Nacional, los protocolos para derribar aeronaves y hundir buques considerados hostiles y la posibilidad de ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior.
En ese contexto, el oficialismo decidió reprogramar la reunión conjunta de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para el miércoles 27 de octubre a las 16. La decisión se tomó después de que las negociaciones con los sectores aliados no permitieran acordar modificaciones al proyecto.
Uno de los principales focos de controversia es el artículo 111, que contempla sanciones por la denominada “manipulación de la opinión pública” mediante “campañas de desinformación masiva”, la “alteración de procesos electorales” y la colaboración en tareas de “sabotaje” al orden público.
Las objeciones también apuntan a la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Seguridad Nacional. Entre las preocupaciones mencionadas se encuentran la falta de precisión de los criterios para definir una “amenaza externa” o una “actividad terrorista”, así como el riesgo de que esas categorías puedan utilizarse como fundamento para reprimir la disidencia interna.
Otro de los aspectos cuestionados es la posibilidad de que se desdibuje la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior. La iniciativa redefine las funciones de la defensa y habilita su intervención en el ámbito interno ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
La discusión parlamentaria se desarrolla, además, en medio de cuestionamientos por la posición argentina ante una propuesta de Estados Unidos para eliminar el Comité de Descolonización de la ONU. En esa votación, realizada en el ámbito de la Asamblea General, la Argentina se abstuvo a través de la representación encabezada por el canciller Pablo Quirno.
La decisión fue cuestionada por el diputado nacional de Unión por la Patria y excanciller Jorge Taiana, quien vinculó la abstención con el debilitamiento del reclamo argentino sobre las islas.
“Es evidente que la abstención argentina en una votación tan importante para nuestro país ha contribuido decididamente a la posición colonialista defendida por Estados Unidos de disolver el único órgano multilateral que ha reconocido la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas”, sostuvo Taiana.
El exministro de Defensa también reclamó una respuesta del Gobierno nacional: “Rechazamos la solicitud de Estados Unidos y exigimos al gobierno argentino que de manera urgente repudie esta decisión y retome la tradición diplomática argentina de firmeza y coherencia en el reclamo”.
Además, emisarios del trumpismo en la Argentina habrían transmitido sus dudas sobre el avance de la iniciativa en el Congreso. Ese elemento aparece como parte del contexto político que rodea las negociaciones, aunque no se identifica a los interlocutores ni se detallan las circunstancias de esas comunicaciones.
La iniciativa busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las restricciones vigentes sobre la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. El alcance ya no se limitaría a los hidrocarburos: incluiría cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos renovables y no renovables.
El proyecto prevé penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten esos recursos o cooperen con esa actividad, además de inhabilitaciones para operar en el país. También contempla la creación de un registro público de infractores y prohíbe que el Estado y los particulares celebren contratos con las personas o entidades inscriptas.
Otra de las modificaciones previstas es la incorporación del juicio en ausencia para los delitos establecidos en la nueva legislación.
La propuesta también crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendría a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
Entre sus facultades, el proyecto contempla la posibilidad de adoptar medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente. Esas herramientas incluirían restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones, limitaciones a importaciones y exportaciones y aumentos temporales de derechos aduaneros.
La iniciativa también habilita el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso, después de agotar otras instancias previstas en un protocolo de actuación.
El proyecto incorpora prohibiciones a los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales. También contempla delitos relacionados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros y la colaboración material con operaciones clandestinas de inteligencia.
A eso se suman sanciones para acciones realizadas por cuenta de intereses extranjeros o con su financiamiento ue busquen alterar procesos electorales, manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación o promover y financiar actos de violencia y sabotaje.
Por último, la iniciativa incorpora a la legislación el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La inscripción permitiría inmovilizar bienes y prohibir operaciones económicas o financieras con personas y entidades vinculadas al terrorismo o a su financiamiento.
Con estos cambios, el proyecto reúne disposiciones sobre soberanía territorial, explotación de recursos naturales, defensa, inteligencia y seguridad interior. Sin embargo, la falta de acuerdos sobre sus alcances y facultades impidió que el oficialismo cerrara el dictamen y avanzara con su tratamiento en el recinto.
