El canciller Pablo Quirno defendió la reforma de la Ley de Soberanía Nacional y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, expresó que sigue con interés el proyecto argentino.
El canciller Pablo Quirno recibió en el Palacio San Martín al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau.
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El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó este jueves que Washington sigue con interés el proyecto argentino de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa contempla sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina.
Sin embargo, aseguró que la administración de Donald Trump respeta el proceso legislativo del país. Lo expresó durante una conferencia junto al canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín.
“Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”, afirmó.
“Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina”, sostuvo Landau, quien señaló que Estados Unidos observa los intereses de sus empresas. También remarcó: “respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”.
El Gobierno argentino reconoció contactos con Washington por el posible impacto de las sanciones sobre compañías y fondos de inversión estadounidenses.
Según trascendió, en la Casa Rosada descartan avanzar contra actores financieros de ese peso si la medida compromete la relación bilateral. No obstante, el Ejecutivo sostiene que no recibió una exigencia formal para retirar el proyecto y mantiene su intención de impulsarlo en el Congreso.
La iniciativa busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las herramientas para sancionar a quienes financien, faciliten o desarrollen actividades de explotación de recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina. Prevé multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales, además de mecanismos para que las compañías abandonen esas operaciones.
Quirno defendió la reforma al señalar que la normativa vigente no alcanza para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Explicó que las empresas podrían desistir de inversiones realizadas bajo licencias que la Argentina considera ilegítimas y evaluó que el territorio continental ofrece un potencial energético mayor.
“No va en contra de nadie en particular”, afirmó. También ratificó que la causa Malvinas es innegociable y que el Gobierno continuará con las vías diplomáticas y jurídicas.
El proyecto fue enviado al Congreso el 17 de septiembre, pero todavía enfrenta diferencias con bloques aliados por disposiciones sobre seguridad nacional, defensa e inteligencia. El oficialismo postergó su tratamiento en comisiones mientras negocia cambios al Consejo de Seguridad Nacional y otros puntos.
Landau sostuvo que el pedido estadounidense para disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas no constituye una definición específica sobre el reclamo argentino por Malvinas. Explicó que la administración Trump busca reformar organismos multilaterales y pidió no confundir esa agenda con una posición particular sobre la soberanía de las islas.
Quirno reconoció que el comité es un foro relevante, donde la cuestión Malvinas se debate anualmente, pero afirmó que el reclamo argentino no depende exclusivamente de ese organismo. “En la eventualidad de que deje de existir, eso no tiene ningún tipo de mella sobre nuestro reclamo”, señaló. Además, ratificó que el objetivo es reanudar las negociaciones de soberanía con el Reino Unido.
Durante el encuentro también se anunciaron medidas de cooperación en seguridad y ciberseguridad. Estados Unidos aprobó US$13 millones para programas contra el narcotráfico, de los cuales US$7,5 millones se destinarán a proyectos en la Argentina. Además, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau un acuerdo de protección de la infancia que contempla hasta US$10 millones para combatir la trata de menores.
Quirno informó también sobre un aporte no reembolsable de US$15 millones para crear un centro de operaciones de ciberseguridad, que incluirá una evaluación de la seguridad de la red troncal de Internet de ARSAT.
La agenda incluyó conversaciones sobre inversiones, minerales críticos, el acuerdo comercial y el programa de exención de visas. Los funcionarios revisaron los avances del Corredor Andes-Atlántico, destinado a conectar regiones mineras y energéticas argentinas con puertos del Atlántico.
También continuaron las negociaciones para que los argentinos puedan viajar a Estados Unidos sin una visa tradicional, aunque no se anunció una fecha de incorporación. Quirno, por último, ratificó los preparativos para la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre.
