El máximo tribunal provincial desestimó un recurso de APLA. Los trabajadores habían sido desvinculados de AEMSA en 2024.
Los jueces rechazaron el planteo sindical y consideraron que el abandono del sistema aéreo justificó las desvinculaciones.
Foto:
Municipalidad de San Rafael
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó un recurso extraordinario federal presentado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y ratificó la sentencia que avaló el despido de 27 pilotos de Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA).
Los trabajadores habían sido desvinculados en 2024, luego de que el gobierno de Alfredo Cornejo decidiera discontinuar el sistema de lucha antigranizo mediante aviones.
La resolución fue dictada el 2 de noviembre por los ministros Mario Adaro, Norma Llatser y Julio Gómez, quienes consideraron que el planteo sindical no reunía los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El conflicto judicial comenzó cuando el Ejecutivo provincial resolvió abandonar la siembra de nubes como mecanismo de mitigación del granizo, al sostener que no existía evidencia científica suficiente para demostrar su efectividad.
La decisión implicó el cierre del área de operaciones y del taller aeronáutico de AEMSA, además de las desvinculaciones de los pilotos.
Frente a esa medida, APLA presentó una acción judicial en la que cuestionó la legalidad de los despidos y denunció que la empresa estatal no había cumplido con el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), establecido por la legislación laboral.
En agosto de 2025, la Primera Cámara del Trabajo rechazó el amparo sindical. Posteriormente, en agosto de 2026, la Suprema Corte provincial confirmó el criterio de aquella sentencia, al considerar que no se había acreditado una conducta discriminatoria contra los trabajadores.
El gremio insistió con un recurso extraordinario federal, presentado el 3 de septiembre, para que el máximo tribunal nacional revisara lo resuelto por la Justicia mendocina.
En su presentación, APLA sostuvo que las desvinculaciones habían vulnerado el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, vinculado con los derechos laborales y sindicales.
También invocó los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a la libertad sindical y la negociación colectiva.
La organización cuestionó la valoración de las pruebas y afirmó que existían indicios de discriminación sindical, entre ellos declaraciones públicas de funcionarios provinciales, actas del directorio de AEMSA y la continuidad de otras actividades dentro de la empresa.
Sin embargo, los magistrados entendieron que el sindicato no logró demostrar una cuestión federal directamente relacionada con la sentencia impugnada. Además, señalaron que el recurso reiteraba argumentos que ya habían sido analizados en instancias anteriores.
Uno de los fundamentos centrales del fallo fue que la Provincia había abandonado el sistema de protección agrícola mediante aviones y, como consecuencia, dejó de necesitar los servicios de los pilotos afectados.
"Aunque AEMSA continuara prestando otros servicios para la Provincia de Mendoza, dejó de requerirse la labor de los pilotos afectados, por lo que se les abonó la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo", señalaron los jueces.
Sobre la falta de un Procedimiento Preventivo de Crisis, la Corte sostuvo que ese trámite habría sido exigible en las condiciones analizadas si la empresa hubiera invocado las causales del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para pagar indemnizaciones reducidas.
No obstante, los trabajadores recibieron las indemnizaciones completas previstas en el artículo 245 de esa normativa.
Con estos argumentos, el tribunal rechazó el recurso extraordinario federal y mantuvo la sentencia que convalidó las desvinculaciones. APLA todavía podría recurrir directamente ante la Corte Suprema de la Nación mediante una presentación de queja.
En paralelo a la resolución judicial, el Gobierno provincial confirmó que se cayeron las negociaciones con San Rafael y General Alvear para continuar con la lucha antigranizo durante la temporada 2026/2027.
El delegado regional del Ministerio de Producción, Andrés Vavrik, aseguró a Los Andes que las conversaciones terminaron sin acuerdo, pese a que la Provincia había ofrecido tres aviones en comodato, servicios de radarización, un polvorín y $900 millones para gastos operativos.
"Se cayó totalmente ayer a última hora, porque en definitiva a Félix no le interesa hacerlo", sostuvo el funcionario provincial, quien responsabilizó al intendente de San Rafael por el fracaso de las negociaciones.
Por su parte, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, afirmó que su municipio estaba dispuesto a aceptar la propuesta provincial, pero que San Rafael no acompañó las condiciones.
Desde San Rafael rechazaron los cuestionamientos y aseguraron que estaban dispuestos a aportar $1.500 millones, aunque reclamaron que la Provincia y General Alvear garantizaran sus respectivas contribuciones económicas.
Ante la falta de acuerdo, el Gobierno provincial ratificó que no habrá operativo aéreo de lucha antigranizo durante esta temporada bajo el esquema que se venía negociando.
