La Provincia ratificó que no volverá a financiar la lucha antigranizo aunque ofrece ceder las aeronaves y mantener la asistencia con radares.
Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, ratificó que la Provincia no volverá a operar la lucha antigranizo y que los municipios del sur deberán hacerse cargo si quieren mantener el sistema.
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Ramiro Gomez
El Gobierno de Mendoza considera cerrada la discusión por la continuidad de la lucha antigranizo aérea en San Rafael y General Alvear. La administración de Alfredo Cornejo ratificó que no volverá a hacerse cargo de la operación del sistema y que, si los municipios del sur quieren mantener los aviones en funcionamiento, deberán asumir esa responsabilidad.
La Provincia está dispuesta a entregar las aeronaves, facilitar los servicios de radarización y brindar asistencia con la pirotecnia, pero no modificará su decisión de reemplazar la mitigación aérea estatal por una política centrada en el Seguro Agrícola.
La postura del Ejecutivo provincial se mantiene firme después de que las negociaciones con los municipios llegaran a un punto de ruptura el 6 de noviembre. El principal desacuerdo es económico: mientras San Rafael reclama que la Provincia continúe aportando fondos para sostener los vuelos, el Ministerio de Producción, encabezado por Rodolfo Vargas Arizu, sostiene que esos recursos ya fueron redireccionados a otras herramientas de protección para los productores.
Desde el Gobierno consideran que la discusión no puede quedar condicionada por las exigencias de San Rafael. La decisión de abandonar la operación aérea fue tomada en 2024 y responde a los elevados costos del sistema y a la falta de resultados comprobados para evitar los daños por granizo.
En medio de la controversia, Vargas Arizu defendió el cambio de política y puso el foco en los recursos que el Estado provincial destina a compensar a los productores afectados por contingencias climáticas.
"El año pasado pagamos 14 mil millones de pesos en seguros y las primas recaudamos 1.900 millones aproximadamente", aseguró el funcionario.
Según explicó, una parte significativa de esos recursos fue destinada precisamente a los departamentos que reclaman la continuidad de la lucha antigranizo.
"De esos más de $ 14 mil millones que pagamos en toda la provincia de Mendoza, $ 9.600 pertenecen a la zona sur de la provincia, es decir, por encima del 70% fueron a San Rafael y General Alvear", afirmó Vargas Arizu. Otro de los datos que destacó fue la elevada proporción de asegurados que recibe compensaciones.
"El 88% de los que sacan seguro les pagamos. Lo que quiere decir que si fuéramos empresa de seguro, si fuéramos compañía de seguro, estaríamos quebrados", sostuvo. Con esa comparación, el ministro buscó explicar que el esquema tiene una fuerte participación de recursos públicos, dado que las compensaciones pagadas superan ampliamente los ingresos obtenidos por las primas.
En una carta enviada a la Municipalidad de San Rafael, el Ministerio de Producción detalló los recursos que está dispuesto a poner a disposición de las comunas para que continúen con la lucha antigranizo.
La propuesta contempla la cesión definitiva de las aeronaves a San Rafael y General Alvear. Según la comunicación oficial, los aviones representan un valor aproximado de USD 1,3 millones, equivalentes a $1.700 millones, de acuerdo con la estimación incluida en el documento.
A ese aporte se suma el servicio de informes de radar, cuyo costo asciende a USD 120.000 por temporada. El Ministerio sostiene que los recursos y servicios ofrecidos por la Provincia representan el 70% del esquema de costos presentado, mientras que el 30% restante corresponde a bengalas, personal y combustible, erogaciones que deberían afrontar los municipios interesados en mantener el sistema.
La distinción es central en la negociación: la Provincia ofrece infraestructura y asistencia, pero no acepta volver a financiar la operación de los aviones.
La propuesta contrasta con las condiciones planteadas por el intendente de San Rafael, Omar Félix, quien reclamó una mayor participación económica provincial. Entre sus pedidos figuraban la cesión gratuita de tres aeronaves por un plazo de hasta diez años, la cobertura del mantenimiento, los seguros y el material de siembra, además de un reparto de los costos operativos.
Félix propuso que la Provincia afrontara el 50% de esos gastos y que el resto se distribuyera entre San Rafael y General Alvear, con una participación del 70% y el 30%, respectivamente.
Desde el municipio sanrafaelino argumentan que resulta inviable sostener la lucha antigranizo sin compromisos financieros suficientes de todas las partes. La comuna anunció la creación de un fideicomiso con un aporte de $1.500 millones, pero exigió garantías de financiamiento al Gobierno provincial y a General Alvear.
El conflicto por la lucha antigranizo tiene su origen en la decisión que tomó el Gobierno provincial a mediados de 2024, cuando anunció que dejaría de operar el sistema aéreo.
Pese a esa decisión, San Rafael y General Alvear lograron un acuerdo transitorio que permitió sostener los vuelos durante la temporada 2025-2026, con los municipios a cargo de los costos operativos y la utilización de infraestructura provincial.
La renovación de ese esquema para la campaña actual abrió una nueva disputa. Las diferencias se profundizaron en septiembre, cuando Félix presentó una contrapropuesta que contemplaba mayores obligaciones financieras para la Provincia. El Ejecutivo provincial rechazó volver a asumir esos gastos y ratificó que su política de mitigación del riesgo climático había cambiado.
El 6 de noviembre, las negociaciones llegaron a un punto de ruptura. Desde General Alvear, el intendente Alejandro Molero cuestionó la posición de su par sanrafaelino y la calificó de "mezquina". Por su parte, el delegado de Producción en la región, Andrés Vavrik, sostuvo que a Félix "nunca le interesó acordar" y lo acusó de modificar sus exigencias durante las conversaciones.
Desde San Rafael rechazaron los cuestionamientos y advirtieron que no estaban garantizados los recursos necesarios para sostener la operación. También cuestionaron la posibilidad de utilizar $900 millones vinculados al Fondo Compensador Agrícola para financiar parte del esquema.
