El dirigente social Juan Grabois defendió hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner y afirmó que si se ratificara la condena contra la ex mandataria por la causa Vialidad sería el “inicio de una virtual dictadura”.
El dirigente social se expresó sobre la posible condena de la ex presidenta y convocó a la militancia a defenderla en la calle.
Juan Grabois afirmó que si condenan a Cristina Kirchner sería "el inicio de una virtual dictadura"
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El dirigente social Juan Grabois defendió hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner y afirmó que si se ratificara la condena contra la ex mandataria por la causa Vialidad sería el “inicio de una virtual dictadura”.
A través de sus redes sociales, Grabois convocó a defender a la titular del PJ “en la calle” y denunció que un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ratifique la condena constituirá “un estado de sitio encubierto” y representará “la ruptura definitiva del orden constitucional argentino”.
“Es inicio de una virtual dictadura”, dijo y añadió: “En este momento se está pergeñando la ruptura definitiva del orden constitucional argentino. La detención de la ex presidenta es un estado de sitio encubierto”.
Para Grabois, “todas las fuerzas populares nos convocamos en defensa del sistema republicano y la identidad nacional-popular de nuestro pueblo”.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, convocó esta tarde, a las 16 horas, a una reunión con los demás integrantes para definir sobre la sentencia de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, condenada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la llamada "causa Vialidad".
En sus atribuciones conferidas por el ejercicio del artículo 84 del Reglamento para la Justicia Nacional, están convocados este martes a la reunión de la tarde los otros dos jueces, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según fuentes judiciales indicaron a TN, hoy se dictaría el fallo contra Cristina Kirchner.
Si no confirman la sentencia de seis años de prisión ya ratificada por Casación Penal en 2023, la otra opción sería que acepten el planteo del fiscal Mario Villar, avalada por el procurador General, Eduardo Casal, y soliciten que se investigue también el delito de asociación ilícita, lo cual elevaría la pena a 12 años.
Actualmente, el máximo tribunal funciona con tres miembros activos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, debido a que hay dos vacantes sin cubrir. Esta situación genera una condición clave: para que haya una sentencia válida, los tres deben coincidir en el sentido del fallo. Si no logran un acuerdo unánime, el caso no podría resolverse de inmediato.
En ese complejo escenario, la Corte debería convocar a conjueces -jueces federales habilitados para integrar el tribunal en casos excepcionales— con el objetivo de completar la mayoría necesaria, lo que dilataría los tiempos del pronunciamiento final. Por eso, más allá de las especulaciones políticas y judiciales, el desenlace del expediente aún depende del delicado equilibrio interno de un tribunal que hoy no está completo.