La fiscal federal Patricia Santoni apeló el beneficio al que accedió el exjuez Walter Bento, condenado a 18 años de prisión por corrupción, para irse a su domicilio los fines de semana por orden del juez federal riojano Jorge Gamal Abdel Chamia.
La fiscal federal Patricia Santoni apeló el beneficio de salidas a su domicilio que obtuvo Walter Bento, condenado a 18 años de prisión por corrupción.
El exjuez federal Walter Bento condenado a 18 años de prisión por corrupción
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Ramiro Gómez / Los Andes
La fiscal federal Patricia Santoni apeló el beneficio al que accedió el exjuez Walter Bento, condenado a 18 años de prisión por corrupción, para irse a su domicilio los fines de semana por orden del juez federal riojano Jorge Gamal Abdel Chamia.
El recurso de casación fue presentado el 8 de octubre y busca que se revoque la resolución que le permite al exmagistrado salir del Complejo Penitenciario Federal VI de Cacheuta los viernes por la mañana para trasladarse a su domicilio familiar, en el barrio Palmares de Godoy Cruz, donde puede permanecer hasta el lunes a las 14.
Aunque el juez rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, amplió el régimen de visitas que Bento tenía autorizado para mantener el vínculo con su hijo, quien tiene una discapacidad severa.
La decisión fue cuestionada por la Fiscalía, que considera que la extensión de las salidas desnaturaliza la modalidad de cumplimiento de la condena.
En el escrito judicial al que tuvo acceso Los Andes, Santoni sostiene que la resolución es arbitraria, que presenta deficiencias en la valoración de las pruebas y que carece de fundamentos suficientes para justificar una ampliación de esa magnitud.
Además, advierte sobre la gravedad institucional de la medida, debido a que Bento fue condenado por integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a cambio de resoluciones judiciales.
Uno de los principales argumentos del recurso apunta a la cantidad de tiempo que Bento podrá permanecer fuera de la cárcel. Hasta la resolución del juez Chamia, el exmagistrado tenía autorizado un régimen de vinculación presencial con su hijo de 24 horas cada 14 días, establecido por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ahora, el régimen le permite salir los viernes por la mañana y regresar al establecimiento penitenciario el lunes a las 14. Para la fiscal Santoni, esta modificación representa una ampliación desproporcionada de las condiciones de detención.
En ese sentido, el recurso señala que la medida “desnaturaliza por completo la modalidad de cumplimiento de la pena impuesta al ex magistrado” y cuestiona que la flexibilización se haya dispuesto sin una progresión gradual.
La representante del Ministerio Público Fiscal también plantea que el beneficio configura una diferencia de trato frente a otros condenados que atraviesan situaciones familiares complejas.
En uno de los pasajes más contundentes del escrito, Santoni sostiene que la decisión habilita un régimen excepcional que “denota los privilegios a los que pueden acceder ciertas personas y no otras”.
Para fundamentar esa postura, menciona otro expediente de la jurisdicción federal de Mendoza en el que se rechazó la prisión domiciliaria de un hombre que tenía hijos menores de edad, uno de ellos con discapacidad y necesidades de cuidado permanente. Según la Fiscalía, en aquel caso se consideró que la presencia del padre no era insustituible para la dinámica familiar.
El recurso también remarca que el Estado argentino asumió compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción y que las penas deben cumplirse bajo condiciones de legalidad, especialmente cuando se trata de delitos graves cometidos por funcionarios públicos.
Por eso, la fiscal solicita que la Cámara Federal de Casación Penal revoque el punto de la resolución que amplió las salidas y las disposiciones complementarias vinculadas con su cumplimiento.
Otro de los ejes de la apelación se concentra en la valoración de las pruebas que hizo el magistrado para justificar la ampliación del régimen de visitas.
El juez Chamia fundamentó su decisión en el agravamiento del estado de salud de Marta Boiza, esposa de Bento condenada a 6 años de prisión por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.
Según la resolución, esa situación modificó la organización familiar y las posibilidades de brindar la asistencia y contención que necesita el joven.
La defensa había argumentado que Boiza ya no se encontraba en condiciones de asumir las tareas de cuidado que anteriormente podía realizar y que los otros hijos de la pareja, Nahuel y Luciano, no estaban disponibles para hacerse cargo de su hermano. Ambos se marcharon de la provincia tras el juicio contra el clan.
Sin embargo, Santoni sostiene que el magistrado realizó una valoración parcial y aislada de la prueba, sin considerar de manera integral los informes de los organismos asistenciales y los testimonios incorporados al expediente.
La Fiscalía destaca que el hijo de Bento cuenta con un sistema de apoyo que incluye cuidadoras durante las 24 horas, asistencia profesional, atención kinésica, transporte adaptado y concurrencia a un centro de día.
El recurso sostiene que el propio fallo reconoce que el joven cuenta con asistencia permanente y una rutina organizada, pero luego reduce el papel de las cuidadoras a una función meramente material, sin ponderar suficientemente su contención emocional y afectiva.
La fiscal también cuestiona que no se haya considerado de manera adecuada la participación de otros familiares en la red de apoyo, incluidos los hermanos del joven, aunque actualmente no residan en Mendoza.
El recurso también apunta a una serie de inconsistencias entre los fundamentos del juez y las condiciones concretas de las salidas autorizadas.
Santoni plantea que, si la ampliación del régimen responde principalmente a las necesidades de su hijo, no se explica por qué Bento puede permanecer en el domicilio familiar durante franjas horarias en las que el joven concurre al centro de día.
En ese sentido, cuestiona que el magistrado no haya explicado de manera clara cómo llegó a la conclusión de que el esquema de salidas dispuesto era el más adecuado para responder a las necesidades familiares acreditadas.
La Fiscalía también considera que la resolución presenta imprecisiones en los horarios y los mecanismos de control. En particular, señala que el fallo autoriza a Bento a retirarse los viernes “en horario matutino”, sin establecer una hora concreta para el comienzo de cada salida.
Además, aunque la resolución define la medida como excepcional, provisional y revisable, el recurso sostiene que no establece con suficiente claridad los mecanismos para controlar su duración ni los criterios que permitirán evaluar una eventual restricción del beneficio.
Para Santoni, estas falencias se suman a la valoración parcial de la prueba y a la falta de fundamentación suficiente para justificar una modificación de semejante alcance.
En el cierre del recurso, presentado el 8 de octubre de 2026, Santoni solicitó que se conceda la apelación y que las actuaciones sean elevadas a la Cámara Federal de Casación Penal.
El objetivo es que ese tribunal anule el punto segundo de la resolución del 5 de octubre, que autorizó la ampliación del régimen de vinculación presencial, junto con las disposiciones complementarias que dependen de esa decisión.
Bento fue condenado el 6 de febrero de 2026 a 18 años de prisión por asociación ilícita en calidad de jefe, ocho hechos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.
