El fiscal federal Ramiro González dio por finalizada la investigación e inició la ronda de consultas para enviar el caso a sorteo de Tribunal Oral.
La querella de Fabiola Yañez podría pedir hasta 12 años de prisión para Alberto Fernández
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La causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, iniciada por su expareja Fabiola Yañez, avanza hacia una etapa clave: el juicio oral, donde la querella podría solicitar hasta 12 años de prisión, el máximo previsto por los delitos imputados.
Este lunes, el fiscal federal Ramiro González dio por finalizada la etapa de instrucción y notificó a las partes para que, en un plazo de seis días hábiles, presenten por escrito su posición sobre el envío del caso a juicio. Tanto la defensa del exmandatario como la querella, representada por el abogado Mauricio D’Alessandro, pueden además pedir una prórroga.
“Sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba, esta representación del Ministerio Público Fiscal entiende que se han materializado todas aquellas pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario respecto de la participación que le cabe a Alberto Ángel Fernández por los hechos que le fueron imputados y por los que se encuentra procesado”, indicó el dictamen del fiscal, al que tuvo acceso Noticias Argentinas.
Fuentes judiciales confirmaron que la querella contestará dentro del plazo y solicitará que Fernández sea juzgado por delitos que contemplan penas de entre 4 y 12 años de prisión. Aunque la solicitud concreta de pena se hará recién en la etapa de alegatos, la acusación buscará una condena de cumplimiento efectivo si logra demostrar los hechos en el debate oral.
El expresidente está procesado por lesiones leves (en dos oportunidades) y graves (en una), todas agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género, con una relación asimétrica de poder y amenazas. Además, se le impuso un embargo de diez millones de pesos.
En su resolución, el fiscal González consideró que ya se realizaron todas las pruebas “necesarias y pertinentes” y decidió cerrar la instrucción, aunque dejó abierta la posibilidad de que las partes soliciten nuevas medidas si lo creen necesario.
La causa está actualmente en manos del juez federal Julián Ercolini, quien deberá decidir si acepta el planteo fiscal y envía la investigación a sorteo para que intervenga un Tribunal Oral Federal.