El gobernador, Alfredo Cornejo, le aceptó la renuncia a la fiscal de Instrucción y Penal de Menores de Malargüe, Andrea Lorente. La dimisión fue aceptada este miércoles por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 1407, publicado en el Boletín Oficial.
Según consta en el expediente oficial, Lorente alegó motivos personales y de salud para dejar sus funciones. En su nota, la ahora exfiscal reconoció no haber logrado los objetivos que se propuso en el ejercicio del cargo, a pesar de su compromiso con la función pública.
“Si bien intenté dar todo de mí dentro de lo establecido legalmente en el desempeño de mis funciones, resulta evidente que no ha sido suficiente”, expresó. Y añadió: “Entiendo que mi renuncia indeclinable es el mejor camino para lograr de esta manera que otro profesional pueda intentarlo”.
El Gobierno provincial consideró necesario aceptar la renuncia de manera inmediata y comenzar el proceso para designar a una nueva autoridad en el Ministerio Público Fiscal, con el fin de garantizar la continuidad y eficacia del servicio de justicia en Malargüe.
El decreto fue firmado por la vicegobernadora, Hebe Casado, ya que Cornejo se encuentra en una misión oficial en Brasil, y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
La salida de Lorente deja un lugar vacante en la Segunda Circunscripción Judicial, siendo una de las jurisdicciones más extensas de Mendoza. Mientras tanto, se espera que en los próximos días el Ejecutivo avance con la propuesta de un nuevo o una nueva fiscal que ocupe el cargo.
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El motivo de la salida de Lorente
La semana pasada, el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, presentó un pedido de Jury de Enjuiciamiento, contra Lorente para que sea destituida del cargo. Esto raíz de investigación que realizó el Ministerio Público Fiscal, en el que detectó una serie de irregularidades contra la letrada.
Gullé, aseguró que la magnitud de la gravedad detectada se centraba en al menos 22 causas judiciales y configuraban incumplimientos reiterados de sus deberes como funcionaria.
En ese sentido, el funcionario advirtió que “las consecuencias de esta inacción y falta de profesionalismo han sido particularmente graves”, con un impacto directo en causas sensibles vinculadas a delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, violencia de género, maltrato infantil y hechos que involucraban a funcionarios públicos.
Entre las principales irregularidades detectadas se destacan:
- Falta de protección a menores víctimas de abuso sexual, con causas que fueron mal calificadas, con escasa o nula actividad investigativa y que, en algunos casos, prescribieron sin resolución.
- Inacción en expedientes de maltrato infantil, sin medidas judiciales urgentes ni impulso procesal, pese a reiteradas denuncias y antecedentes existentes.
- Desmanejo en causas de violencia de género, con omisión del contexto, imputaciones leves, libertad otorgada a agresores, reincidentes y falta de aplicación de leyes y tratados internacionales.
- Concesión de libertades indebidas a imputados con antecedentes penales graves, eludiendo los requisitos legales para la prisión preventiva.
- Causas paralizadas sin justificación por tenencia ilegal de armas, estafas, lesiones y amenazas, que prescribieron por falta de actuación.
- Inacción en expedientes por delitos contra la administración pública, como peculado, incumplimiento de deberes y privación ilegítima de la libertad por parte de personal policial, sin que se promovieran medidas procesales ni avances sustantivos.
Según detalla el procurador de la Corte, el incumplimiento de Lorente corresponde a normas clave como el Código Procesal Penal de Mendoza, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (8008).
También la Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26485) y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26061), además de tratados internacionales.
El decreto
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