El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado y ahora el IPV podrá avanzar en la construcción de 56 viviendas en el oeste de Capital.
El predio de la ex Playa San Agustín irá destinado a la construcción de viviendas del IPV
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Archivo Los Andes El Senado de Mendoza aprobó este martes por unanimidad el proyecto de ley que autoriza al Gobierno provincial a transferir, mediante donación, los terrenos de la ex Playa San Agustín al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con el objetivo de desarrollar un complejo de viviendas sociales en ese predio ubicado en Ciudad.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados, quedó en condiciones de ser promulgada por el Poder Ejecutivo y representa un paso clave para avanzar con la urbanización de un terreno que durante décadas funcionó como depósito de vehículos retenidos y judicializados.
La senadora Beatriz Galiñares, miembro informante del proyecto, explicó que la norma habilita la transferencia al IPV de una fracción de aproximadamente 11 hectáreas, lo que permitirá al organismo provincial ejecutar las obras habitacionales previstas para el lugar.
Según detalló la legisladora, la legislación era necesaria debido a que los inmuebles pertenecientes al Estado provincial solo pueden ser transferidos mediante una autorización expresa de la Legislatura.
El proyecto establece que el destino exclusivo de los terrenos será la construcción de viviendas sociales. En una primera etapa se prevé la ejecución de 56 unidades habitacionales de 56 metros cuadrados, con dos dormitorios, mientras que la Municipalidad de Mendoza colaborará con las obras de urbanización y financiará, cuando corresponda, la construcción de un tercer dormitorio.
La iniciativa forma parte del proceso de recuperación de la ex Playa San Agustín, un predio que quedó en el centro de la escena tras el incendio registrado el 16 de septiembre de 2023. Aquel siniestro afectó más de 26.000 vehículos almacenados, provocó daños en viviendas cercanas y obligó a evacuar a numerosas familias de la zona.
Tras el incendio, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Mendoza impulsaron un operativo de saneamiento y descontaminación que incluyó la compactación de más de 28.000 vehículos, permitiendo liberar el terreno para nuevos usos.
Durante el tratamiento legislativo, la diputada Beatriz Martínez, autora de la iniciativa, sostuvo que la transferencia resulta indispensable para que el IPV pueda avanzar con la construcción de las viviendas, ya que el organismo debe contar con la titularidad del inmueble para ejecutar las obras.
La legisladora también repasó los antecedentes jurídicos del predio y explicó que una revisión documental determinó que nunca existió una afectación formal de los terrenos a favor de la Policía de Mendoza. Según precisó, un decreto firmado en 1972 únicamente autorizó el uso del espacio para la guarda de vehículos, situación que se mantuvo durante décadas.
El plan urbanístico contempla la construcción de alrededor de 200 viviendas en dos etapas. La primera ya fue licitada a través del programa Mendoza Construye y, una vez completado el proceso administrativo de transferencia del inmueble, podrán iniciarse las obras, cuya ejecución demandará aproximadamente 14 meses.