El exgobernador acudió a Fiscalía de Estado por la subejecución de recursos del impuesto a los combustibles y determinar cuánto gastó la Provincia.
El exvicepresidente pidió determinar si existe un perjuicio patrimonial y avanzar contra Nación si corresponde.
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La utilización de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles destinados a la infraestructura vial abrió un nuevo frente entre las provincias y el gobierno de Javier Milei. El exvicepresidente y exgobernador Julio Cobos pidió la intervención de la Fiscalía de Estado para determinar si Mendoza sufrió un perjuicio patrimonial por haber destinado recursos propios a obras sobre rutas nacionales y si corresponde reclamar su devolución.
El planteo tiene como trasfondo la fuerte subejecución registrada en el Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso que recibe una porción de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos y cuyos recursos tienen como destino la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional.
Según una investigación publicada por La Nación, durante 2024, 2025 y los primeros cinco meses de 2026 ingresaron al sistema $1,503 billones, pero solamente $394.406 millones fueron aplicados a obras viales. Esto representa una ejecución del 26,2% y, como contrapartida, una subejecución del 73,8%.
Al 31 de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras, principalmente títulos públicos y plazos fijos, mientras otros $37.761 millones se encontraban en una cuenta corriente. En total, eran $1,038 billones que hasta ese momento no habían sido aplicados a obras.
La controversia aumentó luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que una parte de los recursos es administrada por el Ministerio de Economía dentro de la estrategia para alcanzar el equilibrio fiscal.
“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, sostuvo Ravier.
El funcionario rechazó, sin embargo, que los recursos hayan dejado completamente de utilizarse para el mantenimiento vial y aseguró que Vialidad Nacional continúa realizando tareas en las rutas.
A partir de esa situación, Cobos realizó una presentación ante el fiscal de Estado, Fernando Simón, para solicitar que el organismo investigue la utilización de los fondos y, particularmente, determine cuánto dinero destinó Mendoza desde 2025 a intervenir rutas que se encuentran bajo jurisdicción nacional.
El exgobernador pretende que Fiscalía establezca las obligaciones que corresponden al Estado nacional, determine los recursos disponibles durante 2024, 2025 y 2026 e investigue la eventual subejecución. También pide calcular cuánto dinero provincial fue utilizado en rutas nacionales y establecer si eso provocó un perjuicio patrimonial a Mendoza.
El antecedente inmediato es el convenio celebrado en 2025 entre Vialidad Nacional y Mendoza, aprobado mediante el Decreto provincial 1165/2025. A través de ese acuerdo, la Provincia asumió intervenciones sobre aproximadamente 235 kilómetros de las rutas nacionales 7, 40 y 143.
Cobos sostiene que esa decisión respondió al deterioro de los corredores y no implica que Mendoza haya asumido definitivamente la responsabilidad de financiar rutas que continúan bajo jurisdicción nacional.
“Lo importante de esto es que es plata que tendría que volver en rutas nacionales y no viene. Entonces la Provincia, por necesidad imperiosa, preservando la seguridad de las personas que transitan, la competitividad, la producción y los corredores viales, ha asumido una responsabilidad, pero no debe entenderse como una obligación natural”, afirmó el exvicepresidente.
Cobos aseguró además que había planteado el tema durante su paso por la Cámara de Diputados de la Nación a través de pedidos de informes.
“Cuando yo era diputado nacional pedí informes y la verdad es que me contestaban como que todo estaba bien, que lo que recaudaban lo transferían. Esto se confirmó con la aceptación por parte del vocero de que ese dinero iba para el superávit fiscal”, cuestionó.
El dirigente radical considera que Fiscalía de Estado debe determinar ahora si Mendoza tiene derecho a recuperar los recursos utilizados para intervenir la red nacional.
“El fiscal de Estado es el que tiene que velar por el patrimonio provincial. La Nación debe comenzar a transferir inmediatamente esos recursos, porque si no lo padecemos”, señaló.
En su presentación, Cobos solicita que, si se comprueba el perjuicio, Fiscalía impulse un reclamo administrativo ante Nación para obtener el reconocimiento y reintegro de los recursos. En caso de una negativa o falta de respuesta, plantea avanzar con las acciones judiciales correspondientes.
La discusión también tiene una dimensión vinculada a la distribución territorial de los recursos. Mendoza recibió durante 2026 alrededor de $960 millones, equivalentes al 1,13% de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles distribuidos por el Ejecutivo nacional.
De acuerdo con esos datos, la provincia quedó entre las jurisdicciones con menor participación, aunque Catamarca, Chubut y La Pampa no recibieron partidas.
En el otro extremo aparecen Misiones, con casi $13.500 millones y el 15,85% del total; Jujuy, con algo más de $12.200 millones y el 14,35%; Buenos Aires, con alrededor de $12.200 millones y el 14,34%; y Santiago del Estero, con $9.866 millones y el 11,59%.
Desde el gobierno de Alfredo Cornejo hicieron, sin embargo, una diferenciación respecto de esos números. Señalaron que la Provincia no recibe directamente fondos para ejecutar obras provenientes del impuesto a los combustibles y aseguraron que los recursos coparticipables correspondientes a la Dirección Provincial de Vialidad se reciben normalmente.
En Casa de Gobierno recordaron además que existe un reclamo formulado el año pasado por los 24 gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y señalaron que Cornejo, cuando ocupaba una banca en el Senado nacional, presentó junto con la cordobesa Alejandra Vigo una iniciativa para avanzar hacia una distribución federal de esos recursos.
La administración provincial también aseguró que mantiene los reclamos ante Nación por las obras pendientes en Mendoza y destacó que durante las negociaciones se logró finalizar la Variante Palmira, reanudar los trabajos de los dos puentes de la Ruta 40 a la altura de Anchoris y avanzar hacia la reactivación de la obra sobre esa misma ruta entre el Aeropuerto y Lavalle.
Además, desde el Ejecutivo provincial afirmaron que ya trabajan para recuperar el dinero que Mendoza destinó a intervenir rutas nacionales, un objetivo que coincide con uno de los puntos centrales de la presentación realizada por Cobos.
La controversia por el SisVial también desembarcó en los tribunales federales. La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, presentó una denuncia penal contra funcionarios del Ministerio de Economía, Vialidad Nacional y el Banco Nación por la administración de los recursos.
La legisladora pidió investigar la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
La presentación apunta particularmente a los más de $1,038 billones que permanecían en inversiones financieras y cuentas bancarias sin haber sido aplicados a obras al cierre de mayo. Tolosa Paz también solicitó reconstruir el circuito de los fondos y determinar quiénes tomaron las decisiones respecto de las colocaciones financieras.
El planteo de Cobos tiene un objetivo diferente. En lugar de una investigación penal sobre los funcionarios nacionales, busca que Fiscalía de Estado determine concretamente el eventual daño económico para Mendoza por haber utilizado recursos provinciales en infraestructura correspondiente a Nación.
La presentación incluye las rutas nacionales 7, 40, 143, 144, 145 y 146 y pone especial atención sobre la RN 7 por su importancia para el corredor bioceánico y la conexión con Chile.
