La norma regula la adjudicación de tierras fiscales con el objetivo de promover proyectos agropecuarios, industriales, comerciales, turísticos, deportivos y sociales en Mendoza.
Entró en vigencia la nueva ley que permite el uso de tierras fiscales para fines productivos: de qué se trata
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El Gobierno de Alfredo Cornejo promulgó este miércoles la Ley 9631, que establece un nuevo marco legal para la adjudicación y aprovechamiento de tierras fiscales con fines productivos. La normativa, sancionada a finales de mayo, busca fomentar el desarrollo agropecuario, industrial, comercial, turístico, deportivo y social a través de programas de colonización y uso racional del suelo estatal.
La ley reemplaza al histórico régimen de la Ley 4711, conocida como de Planes de Colonización, y prevé la creación de proyectos productivos en tierras de dominio privado del Estado provincial que no estén afectadas a otros fines. También se podrán incorporar tierras adquiridas o que pasen al Estado por otros títulos.
Entre sus objetivos, la norma apunta a extender la frontera productiva mediante la incorporación de nuevas tierras, fortalecer núcleos de población rural, promover la inversión privada en infraestructura y elevar el bienestar de los habitantes del campo.
Para ello, se crea un sistema de adjudicación que podrá realizarse mediante licitación pública, concurso de antecedentes o adjudicación directa, según el tipo de proyecto.
También apunta a promover a iniciativas agropecuarias, industriales, comerciales, turísticos, deportivos y sociales, con un criterio de aprovechamiento sustentable y desarrollo territorial.
Entre sus principales objetivos, la ley apunta a:
La ley prevé distintas modalidades de adjudicación, según el tipo de proyecto:
Los beneficiarios podrán ser personas humanas o jurídicas que cumplan con ciertos requisitos, como no poseer otras propiedades similares en Mendoza y no ejercer cargos públicos jerárquicos. En el caso de explotaciones familiares o iniciativas de técnicos y profesionales, la ley prevé mecanismos especiales de adjudicación con precios accesibles y condiciones de financiación flexibles.
El texto también establece un marco de obligaciones para los adjudicatarios, incluyendo la residencia en el predio, el cumplimiento de planes de trabajo y la conservación de los recursos naturales. Se imponen restricciones a la venta y subdivisión de los terrenos adjudicados durante los primeros años, con el fin de asegurar su desarrollo como unidades económicas viables.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado. Este organismo tendrá a su cargo la elaboración de los proyectos, la selección de adjudicatarios, el otorgamiento de contratos y escrituras, y el control del cumplimiento de la ley.
Asimismo, se prevé la creación de un registro público y online de tierras y adjudicatarios, y la posibilidad de firmar convenios con entidades públicas y privadas para la implementación de los proyectos.
Finalmente, la ley contempla disposiciones específicas para tierras fiscales en zonas de frontera, y garantiza la continuidad de los trámites ya iniciados bajo la legislación anterior.