El titular del partido amarillo, Gabriel Padrines, aseguró que la acción judicialpor María Bélen Castillo, no fue impulsada de manera orgánica.
Mauricio Macri en Mendoza junto a Gabriel Pradines, Esteban Allasino y Lula Balsells-Miró.
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Los Andes / Ramiro Gómez El PRO de Mendoza se despegó de la denuncia penal que realizó la dirigente del partido amarillo María Belén Castillo contra el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, por presunto abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público, en el marco de la disputa por la banca suspendida de Janina Ortiz.
Luego de que se conociera la presentación judicial de Castillo contra Lombardi, el presidente del PRO Mendoza, Gabriel Padrines, expresó la postura del partido frente a la situación.
A través de su cuenta de X, el exsenador provincial señaló: “Queremos aclarar que la denuncia presentada hoy contra Andrés Lombardi no constituye una acción orgánica del PRO”.
Sin embargo, Padrines aseguró que desde el PRO “sostenemos firmemente que el cuerpo legislativo debe estar completo, pero entendemos que debe ser la Justicia quien determine y tome esa decisión”.
Los Andes intentó comunicarse con el actual presidente del PRO Mendoza, quien respondió de manera contundente que “el tema estaba cerrado”. Cabe recordar que el PRO local mantiene un acuerdo político con Cambia Mendoza desde las elecciones municipales de febrero de este año.
Por el lado de Castillo, responde al sector interno encabezado por el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi, y fue asesora del actual diputado nacional de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez. Además, integró la Junta Electoral del PRO en las elecciones internas de 2024.
La presentación judicial fue realizada este lunes ante el Ministerio Público Fiscal. Allí, Castillo sostuvo que la Cámara mantiene “funcionalmente vacía” una banca correspondiente a la Primera Sección Electoral desde la suspensión de Ortiz, dispuesta en marzo de 2024.
Según la denunciante, la falta de una resolución sobre la situación institucional de la banca “genera una afectación al derecho de representación política de los ciudadanos” y altera la integración efectiva del cuerpo legislativo provincial.
En el escrito, Castillo afirmó que realizó previamente reclamos institucionales para que se avanzara con el corrimiento de lista y la cobertura efectiva de la banca. Sin embargo, sostuvo que las autoridades legislativas “habrían omitido arbitrariamente adoptar una resolución útil, expresa y ajustada a derecho”.
La dirigente argumentó además que la permanencia de una banca “sin ejercicio material y efectivo de representación popular” resulta incompatible con los principios republicanos y representativos establecidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de Mendoza.
La denuncia penal sostiene también que la eventual “negativa, omisión o retardo injustificado” en resolver la situación podría constituir un apartamiento arbitrario de los deberes funcionales de las autoridades legislativas, particularmente en lo referido a garantizar la integración regular y el funcionamiento efectivo de la Cámara.
Tras conocerse la denuncia, Lombardi afirmó que todas las actuaciones impulsadas desde la Presidencia de la Cámara se realizaron en cumplimiento de lo resuelto oportunamente por el pleno legislativo.
El titular de Diputados indicó que la suspensión de Ortiz fue aprobada hace más de dos años con el respaldo de más de los dos tercios de la Cámara, en función de las investigaciones judiciales que enfrenta la legisladora.
“La Cámara resolvió suspender a la diputada Janina Ortiz por inhabilidad moral. Esa decisión fue tomada por el cuerpo en su totalidad y con más de los dos tercios de los votos”, sostuvo.
Además, explicó que la medida no implicó una expulsión definitiva, sino una suspensión atada al avance de las causas judiciales y a la situación procesal de la diputada.
“Esa suspensión está atada al avance de su proceso judicial y a sus posiciones. Si deja de chicanear a la Justicia y demuestra su inocencia, podría retornar a su banca; de lo contrario, seguirá suspendida”, expresó Lombardi.
En ese marco, remarcó que la banca no puede considerarse vacante mientras continúe vigente la suspensión resuelta por la Cámara, ya que la titularidad sigue sujeta al desenlace judicial de las causas.
El planteo judicial se produjo luego de que Castillo presentara, a mediados de marzo, una nota formal ante la Cámara de Diputados solicitando una definición urgente sobre la situación de la banca de Ortiz.
En aquella presentación, pidió que se evaluara el mecanismo de sustitución previsto en la Ley 2551 y sostuvo que existía una “vacancia de hecho” debido a la prolongación de la suspensión.
Castillo quedó posicionada como eventual reemplazante tras el fallecimiento del dirigente del Partido Libertario, José Caviglia, quien la precedía en la lista electoral.
En ese momento, el planteo generó sorpresa dentro del oficialismo provincial. Según pudo saber este medio, desde sectores de Cambia Mendoza sostuvieron que la banca “no está disponible” mientras continúe vigente la suspensión de Ortiz, ya que la medida fue adoptada hasta que exista una resolución judicial.
El conflicto volvió a poner en el centro de la escena la situación judicial de Ortiz, quien es investigada en dos causas vinculadas a su paso por la Municipalidad de Las Heras durante la gestión de Daniel Orozco.
En una de ellas está imputada por fraude a la administración pública en la modalidad de estafa, en una investigación que analiza presuntas irregularidades en contrataciones de cooperativas para tareas de limpieza.
La otra causa es por “coacciones agravadas”. Allí se investiga si Ortiz habría presionado a una empleada municipal para obtener grabaciones de un funcionario.
Ambos expedientes judiciales todavía no tienen fecha de audiencia y fueron el fundamento de la suspensión dispuesta por la Cámara de Diputados, medida que continúa vigente sin un plazo determinado.