"La única verdad es la realidad", decía el general Perón. Podemos asimilar a los datos estadísticos sobre la inseguridad con esa "realidad", en oposición con los discursos, que siempre se pueden acomodar un poco.
Los Andes dio a conocer hace una semana estadísticas oficiales sobre la inseguridad que siguen generando repercusiones en el mundo de la política.
La inseguridad quedó a la vista en una estadística dada a conocer por el Ministerio Público Fiscal.
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"La única verdad es la realidad", decía el general Perón. Podemos asimilar a los datos estadísticos sobre la inseguridad con esa "realidad", en oposición con los discursos, que siempre se pueden acomodar un poco.
En relación con los números, Los Andes inició una escarpada búsqueda de cifras de Mendoza a mediados de mayo. Fue a través de un pedido de acceso a la información pública, un instrumento útil que está consagrado en nuestra provincia por ley, pero que tampoco es infalible cuando se pretende información delicada.
La herramienta brindó una solución parcial. Fue, en definitiva, la sensatez del Ministerio Público Fiscal lo que permitió difundir el fin de semana pasado (un mes y medio después del pedido de información original) cifras detalladas del impacto del delito en Mendoza en los últimos años. O sea, aportó la preciada "realidad".
Dato mata relato: la conclusión al conocerse esos números fue que la inseguridad sigue siendo alta.
Para empezar, los homicidios crecieron entre 2023 y 2024. El Gobierno plantea como matices, con datos de su propia cocina y de la Nación, que bajaron los crímenes en ocasión de robo y que Mendoza está debajo de la media de asesinatos de nuestro país.
Pero a la revelación estadística de la suba general de los homicidios en 2024 se sumó ahora el reconocimiento judicial de que también han aumentado considerablemente la tenencia ilegal y el mercado negro de armas.
De acuerdo con la estadística oficial, las estafas directamente han explotado en los últimos años y en el rubro de los robos también hubo un incremento. Además, en promedio, más de 400 personas denuncian a diario delitos de todo tipo en tribunales.
O sea, no hay nada para festejar.
No debería ser eso un problema tan grave. Ningún actor político puede jactarse en esta provincia de haber triunfado en la lucha contra la inseguridad.
En vistas de que el problema es muy complejo, hace muchos años hubo un acuerdo en Mendoza para que la seguridad fuera una política de Estado ajena a la puja de los partidos. Y más acá en el tiempo, la ciudadanía castigó duro en las urnas la osadía política de ostentar que alguien había encontrado la solución con su "mapa del delito".
El problema es que, en momentos de elecciones, parece que nadie puede mostrar debilidades en un flanco de alto impacto para la opinión pública, como lo es la inseguridad. No se puede reconocer tampoco que siempre están haciendo falta retoques y reenfoques de la gestión contra la delincuencia, incluso nuevos planes, para seguir dando la pelea.
Del mismo modo, es probable también que ningún logro parcial en la lucha contra el delito, como los que hubo en los últimos años, pague en las urnas como la política pretende.
Por todo esto, la cifra concreta del delito, irrebatible con meros discursos, preocupa y retrae a algunos actores públicos. Paraliza y silencia incluso tras su revelación, porque en tiempos electorales no tienen algo para ganar si hablan.