La presentación se hizo ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en respuesta al fallo que obliga a entregar el 51% de las acciones estatales de YPF.
Qué puede hacer Argentina para no tener que pagar US$ 16 millones por el juicio de YPF
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El gobierno de Javier Milei respondió ante la Justicia de Estados Unidos para frenar el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena transferir el 51% de las acciones que la Argentina posee en YPF. La presentación fue realizada ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
La reacción del Ejecutivo se produjo luego de que Preska fallara en contra del país y exigiera la entrega de las acciones como parte de pago de la sentencia por más de US$16.000 millones.
En ese marco, el Estado contestó los escritos de los beneficiarios del juicio, quienes habían rechazado la solicitud argentina de suspender la ejecución del fallo.
Desde la Casa Rosada advierten que cumplir con esa orden implicaría violar leyes nacionales y perder el control de la petrolera de bandera. Además, advirtieron que una entrega inmediata de las acciones podría perjudicar a terceros, como las provincias y los tenedores de bonos soberanos.
En su argumentación, el Gobierno remarcó que la expropiación de YPF no se trata de una “disputa comercial ordinaria”, sino de un conflicto “sin precedentes”, con un fallo de US$16.100 millones aún apelado. Por eso, el Ejecutivo solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por Preska.
Uno de los ejes centrales de la defensa es que la transferencia de acciones no generaría ningún perjuicio para los demandantes, ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin la aprobación del Congreso. Para el Gobierno, es de “suma importancia” mantener el statu quo para resguardar el interés público.
En sus descargos, el Estado también citó el caso “Bainbridge” y aseguró que la transferencia forzada de las acciones violaría la Ley 26.741. Según su postura, “no existe jurisprudencia que avale” esta situación, lo que abre la posibilidad de que el tribunal de apelaciones adopte una visión diferente.
Finalmente, el Gobierno sostuvo que los demandantes no han demostrado el perjuicio que les causaría suspender el fallo. Por el contrario, consideró que esa medida permitiría llevar adelante un litigio ordenado sobre diversas cuestiones todavía en discusión.
El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012, cifra que asciende a US$17.750 millones si se suman los intereses.
El fallo favoreció a los representantes de las empresas que eran accionistas minoritarios de la petrolera al momento de la estatización.
El eje del reclamo es que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de la compañía: si bien acordó una compensación con Repsol, principal accionista, no ofreció condiciones similares al resto.
Desde la sentencia, la Argentina apeló y evitó llegar a un acuerdo con los demandantes, lo que derivó en nuevas estrategias legales por parte de los acreedores.
Entre ellas, el pedido de traspaso de las acciones estatales de YPF, ahora con aval judicial, que podría ser replicado por otros acreedores con fallos favorables contra el país.