Las dos contrataciones demandarán una inversión superior a los $5.800 millones y apuntan a reforzar la seguridad provincial.
El Ejecutivo puso en marcha procesos de compra para ampliar el sistema de monitoreo y reforzar los controles en los complejos penitenciarios.
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El gobierno de Alfredo Cornejo avanzó con dos licitaciones públicas destinadas a reforzar la infraestructura tecnológica del sistema de seguridad provincial. Este jueves el Ejecutivo provincial autorizó la adquisición de 1.200 cámaras de videovigilancia para el Sistema de Videovigilancia Provincial y la compra de un sistema de inhibición de señales para los complejos penitenciarios Almafuerte I y Almafuerte II.
A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, ambas contrataciones contemplan una inversión oficial de $5.807,5 millones y forman parte de las necesidades operativas planteadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Mediante el Decreto 1283, el Ejecutivo provincial autorizó la licitación pública para adquirir un sistema de inhibición de señales destinado a los complejos penitenciarios Almafuerte I y Almafuerte II, dependientes de la Dirección General del Servicio Penitenciario.
Para esta contratación se estableció un presupuesto oficial de $3.625.000.000. La iniciativa también fue impulsada por la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad y será ejecutada por la Dirección de Logística del Ministerio de Seguridad y Justicia.
De acuerdo con la documentación oficial, la autorización original del Gobernador contemplaba una inversión de 2,5 millones de dólares. La Dirección de Administración explicó que la diferencia entre ese monto y el presupuesto expresado en pesos responde a las variaciones registradas en la cotización de la moneda estadounidense desde la emisión de la autorización, aunque el monto aprobado en dólares permaneció sin modificaciones.
Al igual que en la adquisición de las cámaras, el expediente recibió la intervención de la Contaduría General y el dictamen favorable de la Dirección de Asesoría Letrada, que concluyó que se habían cumplido los requisitos previstos en la normativa vigente para convocar a la licitación pública.
En paralelo, el Decreto 1284, también autoriza el llamado a licitación pública para adquirir 1.200 cámaras de videovigilancia destinadas al Sistema de Videovigilancia Provincial. El presupuesto oficial fue fijado en $2.182.500.000.
La compra fue impulsada por la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad y cuenta con el aval de la Dirección de Logística del Ministerio de Seguridad y Justicia. La contratación se realizará bajo la modalidad de licitación pública, conforme a lo establecido por la Ley Provincial Nº 8.706.
Según consta en el expediente administrativo, originalmente la autorización contemplaba la compra de 1.000 cámaras por un monto de 1,5 millones de dólares.
Sin embargo, la Dirección de Administración del Ministerio indicó que, manteniendo inalterado ese monto autorizado, era posible ampliar la cantidad de equipos a 1.200, por lo que se adecuó el requerimiento técnico sin modificar el presupuesto previsto.
El expediente también señala que el Comité de Información Pública no formuló objeciones a la contratación y que la Contaduría General de la Provincia intervino la imputación preventiva correspondiente antes de autorizar el procedimiento.
Finalmente, la Dirección de Asesoría Letrada dictaminó que se encontraban cumplidos todos los requisitos legales para avanzar con el llamado a licitación pública.