Las dos contrataciones demandarán una inversión superior a los $5.800 millones y apuntan a reforzar la seguridad provincial.
El Ejecutivo puso en marcha procesos de compra para ampliar el sistema de monitoreo y reforzar los controles en los complejos penitenciarios.
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El gobierno de Alfredo Cornejo avanzó con dos licitaciones públicas destinadas a reforzar la infraestructura tecnológica del sistema de seguridad provincial. Este jueves el Ejecutivo provincial autorizó la adquisición de 1.200 cámaras de videovigilancia para el Sistema de Videovigilancia Provincial y la compra de un sistema de inhibición de señales para los complejos penitenciarios Almafuerte I y Almafuerte II.
A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, ambas contrataciones contemplan una inversión oficial de $5.807,5 millones y forman parte de las necesidades operativas planteadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Mediante el Decreto 1283, el Ejecutivo provincial autorizó la licitación pública para adquirir un sistema de inhibición de señales destinado a los complejos penitenciarios Almafuerte I y Almafuerte II, dependientes de la Dirección General del Servicio Penitenciario.
Para esta contratación se estableció un presupuesto oficial de $3.625.000.000. La iniciativa también fue impulsada por la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad y será ejecutada por la Dirección de Logística del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Durante la presentación del proyecto de Ley de Ciberseguridad en la Cámara de Diputados, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó que esta adquisición forma parte de una segunda etapa del plan para bloquear las comunicaciones ilegales desde las cárceles provinciales.
Según indicó, durante el año pasado comenzó la implementación de un primer esquema de inhibición y se conformó un equipo especializado, integrado por policías y coordinado por la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, para avanzar con ese trabajo.
La ministra precisó que la nueva inversión apunta a implementar "una inhibición particularizada y absoluta en determinados pabellones", que fueron identificados como los más conflictivos dentro de los complejos penitenciarios.
Además, recordó que desde el inicio de la gestión se impulsó una política para retirar los teléfonos celulares de las cárceles y controlar su utilización, una medida que, según señaló, implicó también disputas judiciales.
"Entendemos que un celular en manos de un preso sí es un arma cuando puede estafar, extorsionar o generar un comercio ilegal de droga desde la cárcel", sostuvo.
En ese sentido, afirmó que el objetivo es continuar reforzando los controles dentro del sistema penitenciario. Señaló que la Provincia ya incorporó 300 cámaras para vigilancia en las unidades penales y anticipó que próximamente también se licitará la compra de escáneres para intensificar las requisas y mejorar el control de los elementos que ingresan a los establecimientos.
Consultada sobre el estado de la primera etapa del sistema de inhibición, Rus indicó que el equipo técnico ya identificó líneas telefónicas utilizadas dentro de los complejos penitenciarios y que esa información fue remitida a las empresas de telefonía para incorporarlas a una "lista negra" e impedir su funcionamiento.
De acuerdo con la documentación oficial, la autorización original del Gobernador contemplaba una inversión de 2,5 millones de dólares. La Dirección de Administración explicó que la diferencia entre ese monto y el presupuesto expresado en pesos responde a las variaciones registradas en la cotización de la moneda estadounidense desde la emisión de la autorización, aunque el monto aprobado en dólares permaneció sin modificaciones.
Al igual que en la adquisición de las cámaras, el expediente recibió la intervención de la Contaduría General y el dictamen favorable de la Dirección de Asesoría Letrada, que concluyó que se habían cumplido los requisitos previstos en la normativa vigente para convocar a la licitación pública.
En paralelo, el Decreto 1284, también autoriza el llamado a licitación pública para adquirir 1.200 cámaras de videovigilancia destinadas al Sistema de Videovigilancia Provincial. El presupuesto oficial fue fijado en $2.182.500.000.
La compra fue impulsada por la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad y cuenta con el aval de la Dirección de Logística del Ministerio de Seguridad y Justicia. La contratación se realizará bajo la modalidad de licitación pública, conforme a lo establecido por la Ley Provincial Nº 8.706.
Ante esta licitación, Rus sostuvo que la incorporación de nuevas cámaras forma parte de la política de fortalecimiento del sistema de prevención del delito que lleva adelante la Provincia.
"Venimos asistiendo a la seguridad colaborando con el policía que está en la calle con un sistema de cámaras que nos permite justamente llegar más rápido y, por ejemplo, tener casos de delincuentes atrapados en flagrancia mientras cometen un delito", afirmó la funcionaria.
Rus agregó que la red de monitoreo también se apoya en los centros de monitoreo que funcionan en conjunto con distintos municipios y destacó la coordinación alcanzada con las comunas. "Aquí estamos invirtiendo en 1.200 cámaras más, es muy importante para la seguridad de la provincia", remarcó.
Según consta en el expediente administrativo, originalmente la autorización contemplaba la compra de 1.000 cámaras por un monto de 1,5 millones de dólares.
Sin embargo, la Dirección de Administración del Ministerio indicó que, manteniendo inalterado ese monto autorizado, era posible ampliar la cantidad de equipos a 1.200, por lo que se adecuó el requerimiento técnico sin modificar el presupuesto previsto.
El expediente también señala que el Comité de Información Pública no formuló objeciones a la contratación y que la Contaduría General de la Provincia intervino la imputación preventiva correspondiente antes de autorizar el procedimiento.
Finalmente, la Dirección de Asesoría Letrada dictaminó que se encontraban cumplidos todos los requisitos legales para avanzar con el llamado a licitación pública.
