Con la premisa de ratificar la soberanía sobre las Islas Malvinas, el Gobierno nacional destinará más de 300.000 millones de pesos para la construcción y puesta en marcha de la Base Naval Integrada en la ciudad de Ushuaia.
Con una inversión estatal y el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Ejecutivo busca reforzar el control marítimo y el posicionamiento antártico.
Con la premisa de ratificar la soberanía sobre las Islas Malvinas, el Gobierno nacional destinará más de 300.000 millones de pesos para la construcción y puesta en marcha de la Base Naval Integrada en la ciudad de Ushuaia.
El monto total formará parte del Presupuesto 2027 y se financiará con recursos propios del Estado, sin recurrir a financiamiento externo.
Según explicó el ministro de Defensa, Carlos Presti, el proyecto responde a una orden directa del presidente Javier Milei para materializar una capacidad logística postergada por cuatro décadas. La finalización de las obras está proyectada para el año 2029.
El canciller Pablo Quirno remarcó que se trata de una instalación estrictamente argentina concebida con fondos locales, aunque no descartó que en el futuro otros países puedan utilizarla para servicios logísticos en sus trayectos hacia la Antártida.
En el marco de la evaluación técnica del terreno, las autoridades nacionales mantuvieron una reunión institucional con el gobernador fueguino, Gustavo Melella, quien expresó su predisposición para colaborar con la iniciativa.
De forma paralela, el Ejecutivo ultima los detalles para enviar al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, redactado por Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo.
La iniciativa contempla un severo endurecimiento de las sanciones contra empresas que pesquen o busquen petróleo en aguas de las Islas Malvinas, así como contra buques que naveguen ilegalmente dentro de las 200 millas.
La norma busca otorgar mayor efectividad a la Ley 26.659 de 2011 e incluye un "mecanismo de salida" que garantiza el levantamiento de sanciones a las compañías que decidan retirar sus operaciones de la zona de disputa.
Los anuncios oficiales ya motivaron que tres multinacionales de Vaca Muerta declinaran participar en la extracción de hidrocarburos en el área de Sea Lion, además de provocar caídas bursátiles en las firmas Nativas y Rockhopper.
El proyecto legislativo también contempla declarar como "buques hostiles" a las naves que hayan prestado apoyo a actividades no autorizadas en Malvinas, explora implementar la figura del juicio en ausencia para delitos contra la soberanía, y se complementa con la reasignación de $120.000 millones a la CONAE para reforzar la infraestructura tecnológica y de vigilancia espacial.
