La Dirección de Informática advirtió que las propuestas económicas excedían los recursos disponibles. El Ejecutivo decidió cancelar el procedimiento.
El Gobierno pretendía mejorar la gestión de las consultas ciudadanas, pero los montos ofertados superaron las previsiones presupuestarias.
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El Gobierno de Mendoza decidió dejar sin efecto una licitación pública destinada a contratar un nuevo sistema tecnológico para el Centro de Contacto Ciudadano (CCC-148), debido a que las ofertas presentadas por las empresas superaron el presupuesto oficial previsto de 480.000 dólares.
La medida quedó establecida mediante el Decreto N° 2345, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y publicado este martes en el Boletín Oficial.
La contratación tenía como objetivo incorporar una solución tecnológica integral para mejorar la gestión, el control y la atención de las consultas que recibe el Centro de Contacto Ciudadano, conocido por su línea telefónica 148.
El procedimiento había sido autorizado mediante el Decreto N° 780/26, con una apertura electrónica de ofertas prevista para el 26 de junio de este año, a través del sistema COMPR.AR.
Sin embargo, durante el proceso licitatorio se recibieron propuestas económicas que excedieron considerablemente los recursos destinados a la contratación.
Según los fundamentos del decreto, los montos ofertados resultaron "ampliamente superiores al presupuesto oportunamente asignado", lo que llevó a las autoridades provinciales a considerar inconveniente continuar con la adjudicación.
La Dirección de Informática, organismo que intervino en el expediente, advirtió que las propuestas económicas superaban las disponibilidades presupuestarias y que no era posible avanzar con el procedimiento bajo esas condiciones.
El documento oficial no precisa cuántas empresas participaron de la licitación ni los montos individuales de las ofertas presentadas.
La licitación contemplaba la incorporación de una plataforma tecnológica bajo la modalidad SaaS (Software as a Service), un esquema que permite utilizar programas informáticos como servicio, generalmente mediante una suscripción, sin necesidad de adquirir e instalar toda la infraestructura tecnológica de manera local.
La herramienta estaba destinada a la gestión, el control y la optimización de las interacciones del Centro de Contacto Ciudadano, el servicio provincial que canaliza consultas y gestiones de los mendocinos a través del 148.
El objetivo de la contratación era atender las necesidades operativas y tecnológicas del organismo mediante una solución integral que permitiera administrar sus interacciones con la ciudadanía.
No obstante, la diferencia entre el presupuesto oficial y las ofertas recibidas terminó por frustrar el procedimiento de contratación.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo fundamentó su decisión en las disposiciones de la Ley Provincial N° 8706, que regula la administración financiera y los procedimientos de contratación del Estado.
En particular, el artículo 132, inciso d), establece que los organismos públicos pueden dejar sin efecto un procedimiento de adquisición cuando existan razones de inconveniencia económica u otras causas debidamente fundamentadas.
Asimismo, el artículo 150 permite cancelar una contratación antes de que se perfeccione el contrato, sin que ello genere derecho a una indemnización para las empresas participantes.
La decisión también contó con un dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, que consideró jurídicamente procedente dejar sin efecto el procedimiento.
De esta manera, el Ejecutivo dispuso la cancelación de la Licitación Pública N° 10523-0006-LPU26 por razones estrictamente presupuestarias.
Además, ordenó anular la imputación preventiva del gasto que se había realizado para financiar la contratación. Para ello, la Dirección General de Administración y Despacho del Ministerio de Gobierno deberá efectuar las gestiones administrativas correspondientes.
El decreto, fechado el 28 de octubre y publicado el 10 de noviembre, también establece que las áreas competentes deberán realizar las notificaciones, publicaciones y registraciones vinculadas con la cancelación del procedimiento.
