La Legislatura riojana avanzó con una norma que cuestiona la delimitación territorial vigente y habilita acciones judiciales sobre regiones estratégicas.
Marcelo Orrego (gobernador de San Juan) y Ricardo Quintela (gobernador de La Rioja)
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Un histórico conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja se reavivó en los últimos días. La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó un proyecto de ley que declara la nulidad de la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, la cual establecía que territorios como cerro El Potro y el Valle de la Luna formaban parte de San Juan.
El argumento de las autoridades riojanas es que aquella delimitación se realizó de manera unilateral, sin la participación del Congreso de la Nación y en perjuicio de su territorio provincial. La nueva legislación riojana estableció la creación de la Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial.
Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, la norma instruye a la Fiscalía de Estado de La Rioja a iniciar acciones legales directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo judicial inmediato es solicitar medidas cautelares que impidan el avance de actividades o la explotación de recursos en las zonas en discusión hasta que el tribunal resuelva el fondo de la controversia.
Por su parte, el Poder Ejecutivo de San Juan rechazó la validez de la ley riojana y sostuvo que los límites geográficos de su provincia están consolidados legalmente.
Las autoridades sanjuaninas de gobierno manifestaron que las fronteras interprovinciales no pueden modificarse de forma unilateral mediante normativas locales, ya que cualquier alteración territorial requiere la intervención y aprobación del Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución Argentina.
Ante esto, el gobierno de San Juan convocó a los diferentes sectores políticos locales para coordinar la estrategia jurídica de defensa. La administración provincial adelantó que responderá formalmente ante las instancias judiciales correspondientes para mantener el control de las áreas cuestionadas.
El área afectada reviste una importancia estratégica sustancial para ambas economías debido a dos factores principales: el turismo y la minería de alta montaña.
El reclamo riojano comprende sectores cercanos al Parque Provincial Ischigualasto, un territorio administrado por San Juan que cuenta con la declaración de Patrimonio de la Humanidad y recibe un flujo continuo de turismo internacional.
Por otro, la traza pretendida alcanza a los yacimientos mineros de Gualcamayo y áreas de influencia del Proyecto Vicuña, una serie de emprendimientos de cobre y oro en la cordillera que representan inversiones multimillonarias para la provincia de San Juan.
Al tratarse de un diferendo entre dos Estados provinciales, la resolución final de la frontera común dependerá de los acuerdos políticos que se logren en el Congreso de la Nación o, en su defecto, del fallo definitivo que dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación.