El gobernador Alfredo Cornejo sostuvo que "cuando la Justicia llega tarde, deja de cumplir con su función". En qué consiste el proyecto que elabora el diputado Ambrosini.
Alfredo Cornejo recibió a los padres de Alan Villouta y anunció el envío de un proyecto de ley de reforma de la Justicia
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Prensa Gobierno
El gobernador Alfredo Cornejo recibió esta mañana a los padres de Alan Villouta, el joven que murió atropellado en 2017 por el empresario Alejandro Verdenelli, y anunció que, además de acompañarlos en instancias judiciales tras la prescripción del homicidio, enviará un proyecto de ley para modificar los plazos de la Suprema Corte de Justicia.
“Acompañamos a la familia de Alan Villouta en su lucha por justicia. Nadie que haya perdido un hijo debería atravesar, además, la angustia de que una causa llegue a este punto por dilaciones judiciales”, sostuvo el mandatario provincial a través de su cuenta de X.
Cornejo cuestionó la demora de la Sala Penal II de la Suprema Corte, que integraban los jueces José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro, donde el expediente permaneció durante años sin una resolución.
“Lamentamos la demora incomprensible de la Sala Penal II de la Suprema Corte, que terminó teniendo consecuencias muy graves para el proceso”, señaló.
En declaraciones posteriores a su participación en un acto encabezado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el gobernador profundizó sus críticas y explicó que la legislación establece plazos para algunos casos, pero no para determinadas situaciones en las que los condenados permanecen en libertad.
“En este caso en particular, como la persona estaba en libertad, no tenía plazos. Y ahí ha habido un error. Pero la verdad que es increíble que haya estado durmiendo el expediente 5 años y 10 meses en la Sala Penal II”, sostuvo Cornejo.
El mandatario consideró que esa demora fue determinante para que se produjera la prescripción. “El motivo por el cual ha prescripto y han pasado más de seis años ha sido haber estado 5 años y 10 meses sin resolución. Eso es muy grave”, afirmó.
Cornejo también se refirió a los próximos pasos judiciales. Según indicó, el Procurador y el fiscal de la causa le garantizaron a la familia que recurrirán la resolución que derivó en la prescripción.
“Van a recurrir esa sentencia y van a volver a la Corte y esperamos que la Corte resuelva y lo resuelva rápidamente, porque da una sensación de impunidad enorme”, sostuvo el gobernador.
Cornejo explicó que la legislación vigente establece plazos perentorios para los casos en los que hay personas detenidas, pero no ocurre lo mismo cuando una persona condenada se encuentra en libertad a la espera de que la sentencia quede firme.
“Creo que es imperioso ponerle plazos porque evidentemente, por lo menos, van a tener plazos para resolver y plazos que sean perentorios, concretos”, señaló.
En ese sentido, confirmó que el Ejecutivo provincial analiza impulsar su propia iniciativa. “Esa modificación está trabajando el diputado Franco Ambrosini, pero probablemente la enviemos del Ejecutivo también”, adelantó.
Además, cuestionó otro aspecto del procedimiento judicial vinculado con la obligación de notificar personalmente determinadas resoluciones a la persona condenada.
“Esa estupidez que tiene la legislación de que hay que notificarlo personalmente a la persona condenada, hoy, en estos tiempos, en que la mayoría de las notificaciones son por WhatsApp o por mail, también ha quedado en desuso”, afirmó.
En ese sentido, Cornejo consideró que los propios funcionarios judiciales deberían haber interpretado esa normativa de acuerdo con las herramientas actuales. “Deberían haberlo interpretado correctamente los propios funcionarios judiciales”, concluyó.
Apenas conocida la prescripción de la pena para el empresario Alejandro Verdenelli, el oficialismo comenzó a analizar variantes legislativas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
Como mencionó Cornejo, el diputado provincial Franco Ambrosini (Cambia Mendoza) comenzó a trabajar en una iniciativa para modificar los plazos que tiene la Suprema Corte de Justicia para resolver los recursos y planteó que, además de actualizar los tiempos establecidos en la legislación, deben tener carácter “fatal” o perentorio, de manera que su incumplimiento pueda generar consecuencias para los magistrados.
El legislador sanrafaelino tomó relevancia en asuntos judiciales por haber encabezado la denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento contra el juez penal Sebastián Sarmiento, quien resultó suspendido de sus funciones por seis meses de funciones por mal desempeño.
Ambrosini explicó que la intención es revisar los plazos vigentes y establecer mecanismos para garantizar su cumplimiento. “Si bien tienen plazo para resolver, por ejemplo, en la Acción Procesal Administrativa (APA) son 60 días, sinceremos los plazos. Pero que, si vos no cumplís esos plazos, sean fatales”, planteó.
“Para la casación, el artículo 484 del Código Procesal Penal establece 10 días. Después tenés el Recurso Extraordinario Provincial, que tiene 30 días, y en la Acción Procesal Administrativa, el APA, tenés 60 días”, explicó.
El problema, según el legislador, es que esos tiempos terminan extendiéndose. “No se cumplen, se terminan, se van. Si no, no hubiera estado seis años esta causa. Entonces, se van prorrogando y no se van cumpliendo. El tema es ver de qué forma empezamos a cumplir los plazos que establecen los códigos”, sostuvo.
En esa línea, volvió a plantear la necesidad de otorgarles carácter perentorio y sumar herramientas tecnológicas para controlar los expedientes. “Darle carácter de fatal o perentorio y también ver de qué manera se puede empezar a trabajar con la tecnología".
"Hoy tenemos muchísima tecnología y no podemos tener lo mismo. Es una locura que hayan pasado seis años”, afirmó.
El diputado consideró que pueden existir diferentes motivos detrás de las demoras, como el volumen de causas o la complejidad de los expedientes, pero sostuvo que eso no debería impedir una revisión del sistema.
“Será porque tienen muchísima litigiosidad, porque hay muchísimas causas, por la envergadura de las causas o de los recursos. Bueno, pero tenemos que ser sinceros: ¿cuáles son los plazos reales? Actualicémoslos, modifiquémoslos, así les ampliemos el plazo, pero que sean fatales”, afirmó.
Según Ambrosini, el incumplimiento de esos plazos debería incluso poder derivar en una investigación por mal desempeño. También planteó que se podría modificar la ley orgánica de tribunales para incorporar mayores responsabilidades en la administración de los expedientes.
“Estoy empezando a trabajar y a ver de qué forma: si vamos a modificar la Ley 552, que es la reforma de la Carta Orgánica de los Tribunales, o si se modifica cada uno de los artículos del Código Procesal”, explicó.
Ambrosini señaló que la intención es poner la iniciativa a disposición del resto de los legisladores y buscar un acuerdo amplio entre los distintos poderes. “Eso es lo que estamos evaluando con el equipo y ponerlo también a disposición de los otros legisladores, que sea un aporte de todo el ámbito político y que se trabaje con los distintos poderes del Estado, tanto con el Ejecutivo como con el Poder Judicial”, concluyó.
