Luego de que el conductor fuera condenado a 3 años de prisión, la Sala Penal de la Corte se tomó 5 años y 10 meses para tratar de resolver un recurso de casación. Luego, respondió un recurso extraordinario federal (REF) un día antes de que la causa prescribiera.
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Nueve años después de que el joven Alan Villouta (20) muriera en un recordado accidente de tránsito en el Acceso Sur, el mismo tribunal que condenó como autor de la muerte al empresario Alejandro Verdenelli (52) a 3 años de prisión en suspenso sobreseyó al conductor.
El sobreseimiento de Verdenelli fue dictado hoy por los jueces Mauricio Juan, Horacio Cadile y Federico Martínez, quienes consideraron que la acción penal se ha extinguido y, por lo tanto, la causa ha prescrito.
La medida fue muy comentada tanto en los pasillos de los tribunales del Parque Cívico como en el Polo Judicial, donde trabajan los jueces penales y los fiscales. El asunto que discutían abogados y funcionarios judiciales era, no tanto el fallo —inevitable por los tiempos—, sino el viejo y remanido tema de “los tiempos de la justicia”.
Cronológicamente la situación fue esta: Verdenelli fue condenado el 14 de abril de 2020 a 3 años de prisión condicional y a 8 años de inhabilitación para conducir vehículos, por homicidio culposo agravado, delito que tiene como pena máxima 6 años de cárcel.
El abogado de Verdenelli, Eduardo de Oro, fue en casación a la Sala Penal de la Corte de Mendoza —conformada por los magistrados Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio— en los primeros días de febrero de 2020 para que se revisara la sentencia. La Sala se tomó 5 años y 10 meses y, recién en febrero de 2026, contestó la presentación, confirmando la condena.
Días después, el abogado defensor interpuso un recurso extraordinario federal (REF), que fue rechazado por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza el 13 de abril de 2026, es decir, un día antes de que la sentencia prescribiera. La medida fue notificada a la Fiscalía y a la querella el 14 de abril pasado, en tanto que al imputado se le notificó personalmente el 17 de abril de 2026.
El 31 de julio último se celebró la audiencia oral en la que cada parte expuso sus argumentos respecto de los diversos planteos efectuados en relación a cuándo prescribía la causa.
Hoy, el tribunal conformado por los jueces Mauricio Juan, Horacio Cadile y Federico Martínez entendió que el 17 de abril pasado —cuando se notificó a Verdenelli— la causa prescribió.
Y por ello dictaminó “sobreseer definitivamente a César Alejandro Verdenelli por extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito de homicidio imprudente agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor”.
El siniestro vial tuvo lugar durante la madrugada del 26 de agosto de 2017. Alan Villouta acababa de terminar su jornada laboral en una pizzería ubicada en La Barraca Mall y se dirigía hacia la parada del colectivo. Según contó su familia, en otras oportunidades había sufrido robos cuando cruzaba por el túnel que atraviesa el Acceso Sur por debajo (calle Alsina). Por esto mismo es que Alan decidió cruzar caminando el Acceso Sur, una práctica por demás riesgosa dada la alta velocidad a la que circulan los vehículos por esa vía.
Aquella madrugada, mientras Alan cruzaba corriendo el acceso, fue atropellado por una camioneta Porsche Cayenne conducida por Alejandro Verdenelli. El impacto fue fatal y luego se supo que Villouta había fallecido en el acto. El conductor, en tanto, no se detuvo a auxiliar al joven. Continuó su marcha y permaneció prófugo durante casi 60 horas. En las horas posteriores a la tragedia, la investigación avanzó mediante cámaras de seguridad y distintos testimonios, hasta que finalmente el empresario se presentó espontáneamente ante la Justicia. Para entonces ya era imposible practicar estudios que permitieran establecer si había consumido alcohol antes del hecho.
La investigación comenzó con una imputación mucho más grave. En un principio, el Ministerio Público Fiscal acusó a Verdenelli de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Sin embargo, en la medida que avanzó la instrucción, la calificación fue modificada y finalmente llegó a juicio acusado de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un automotor.
