Sergio Omar Vilches fue denunciado por su expareja y llegó a juicio por hechos que, según la acusación, se extendieron durante varios años de convivencia en Junín. La querella había solicitado 20 años de cárcel. El tribunal también dispuso investigar posibles hechos de tortura.
Palacio de Tribunales. San Martín. (Los Andes)
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La Justicia de Mendoza condenó este viernes a 11 años de prisión efectiva al subcomisario Sergio Omar Vilches, integrante de la Policía de Mendoza, en el marco de una causa iniciada a partir de las denuncias de su expareja por violencia de género y abuso sexual. La sentencia se conoció en los tribunales de San Martín y puso fin a una etapa de un proceso que se extendió durante varios años y que tuvo distintos episodios de repercusión pública.
El juez Armando Martínez comunicó la parte resolutiva del fallo. Los fundamentos completos serán dados a conocer dentro de los próximos cinco días. La querella había solicitado una pena de 20 años de prisión, mientras que el tribunal estableció 11 años de cumplimiento efectivo.
Además, el tribunal hizo lugar a una compulsa judicial destinada a investigar la posible comisión del delito de tortura.
El caso comenzó a tomar estado judicial en 2023, cuando la expareja de Vilches presentó una denuncia por situaciones de violencia de género. Posteriormente se incorporaron las acusaciones por abuso sexual, que dieron lugar a una investigación de mayor alcance.
De acuerdo con los antecedentes publicados durante el proceso, la acusación fiscal comprendía cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real y en contexto de violencia de género. Los episodios habrían ocurrido entre 2018 y 2022, durante la convivencia de la pareja en una vivienda de Junín.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mariana Gutiérrez, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de la Tercera Circunscripción Judicial.
En diciembre de 2025, el juez Armando Martínez confirmó la elevación de la causa a juicio oral, luego de que la Fiscalía considerara reunidos los elementos necesarios para sostener la acusación en un debate.
Uno de los capítulos que mayor repercusión pública tuvo ocurrió el viernes 22 de agosto de 2025.
Vilches se encontraba bajo el régimen de prisión domiciliaria, beneficio que había obtenido después de que se dispusiera su prisión preventiva. Aquella mañana debía concurrir a una dependencia judicial de San Martín para ser notificado sobre el avance del expediente y su elevación a juicio.
Tenía autorización para trasladarse desde su vivienda hasta la Fiscalía, pero durante el recorrido se detuvo en un café ubicado en las inmediaciones de calle 25 de Mayo.
La situación fue advertida por su expareja, quien también se dirigía a la sede judicial. La mujer lo reconoció, comenzó a filmarlo y dio aviso a las autoridades. Las imágenes llegaron a conocimiento de la fiscal Gutiérrez, quien dispuso su detención ante el presunto incumplimiento de las condiciones impuestas para mantener el beneficio.
El episodio terminó con el traslado del subcomisario a una unidad penitenciaria. La defensa había sostenido que el policía se encontraba realizando un desplazamiento autorizado y que no había tenido intención de incumplir las restricciones, pero finalmente perdió la posibilidad de permanecer detenido en su domicilio.
Durante el proceso, la representación de la víctima solicitó una pena de 20 años de prisión. Según explicó el abogado, el pedido se sustentó en la gravedad de los hechos y en el concurso real de delitos que integraban la acusación.
Otro aspecto relevante de la resolución es que el juez hizo lugar al planteo de la querella para que se investiguen posibles hechos de tortura.
Durante el debate se expusieron situaciones que, a entender de la querella, excederían los hechos contemplados en la acusación principal y que ameritan una investigación específica.
Durante el juicio declararon la denunciante, vecinos y otras personas que aportaron información sobre la relación y los episodios investigados. También se incorporaron testimonios de los hijos de la pareja mediante el sistema de Cámara Gesell, según informó el abogado.
Con la condena de 11 años de prisión efectiva, el expediente alcanza una resolución central. Sin embargo, la investigación que podría abrirse a partir de la compulsa por presuntas torturas y las situaciones de hostigamiento denunciadas por la querella agregan nuevos interrogantes a una causa que todavía tendrá aspectos por esclarecer.
