La medida establece nuevas responsabilidades económicas para Aysam y busca garantizar el funcionamiento del sistema de saneamiento.
El Gobierno renovó por cinco años el convenio del Colector Pescara. La medida es diferente al protocolo de emergencia aprobado para Guaymallén.
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El Gobierno de Mendoza aprobó un nuevo convenio para garantizar el funcionamiento del Sistema de Saneamiento del Colector Pescara. El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y establece las responsabilidades económicas y operativas de distintos organismos provinciales, entre ellos Aysam e Irrigación.
La medida quedó oficializada mediante el Decreto 2059, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo el 25 de septiembre y publicado este martes en el Boletín Oficial. El documento ratifica un convenio suscripto el 24 de agosto, cuando Humberto Mingorance todavía se encontraba al frente de Aysam.
La aprobación se conoce semanas después de la salida del exfuncionario de la empresa estatal, en medio de los conflictos por los reiterados desbordes cloacales en Guaymallén, los cuestionamientos del intendente Marcos Calvente y las diferencias que también mantenía la conducción de Aysam con Irrigación.
Si bien el nuevo convenio involucra al Canal Pescara, se trata de una medida diferente al protocolo de emergencia aprobado recientemente por Irrigación para contener los desbordes cloacales en Los Corralitos, que fue informado por Los Andes.
En este caso, el objetivo es actualizar las condiciones de funcionamiento del sistema de saneamiento del colector, distribuir los gastos de mantenimiento y establecer mecanismos de coordinación entre los organismos que participan de su administración.
Uno de los datos que aparecen en el decreto es la situación actual de las industrias vinculadas al colector. Según un informe de la Inspección de Cauce elaborado durante 2026, hay 32 empresas activas que vuelcan sus efluentes al canal, otras 26 que permanecen temporalmente inactivas por problemas económicos o de rentabilidad y 20 industrias que cerraron definitivamente.
A partir de ese escenario, el Ejecutivo consideró necesario renovar el acuerdo que regula el sistema, con el propósito de garantizar su continuidad y preservar las condiciones ambientales de las zonas comprendidas en su recorrido.
Uno de los principales puntos del documento es la distribución de los recursos necesarios para sostener el funcionamiento del colector.
El convenio establece que Irrigación deberá aportar vehículos, personal técnico y administrativo para las tareas vinculadas con la operación del sistema. Esto incluye los traslados, seguros y otros gastos relacionados con la utilización de los vehículos.
Por su parte, la Provincia asumirá, mediante los organismos correspondientes, el costo de la energía eléctrica utilizada para el funcionamiento de ocho perforaciones y de la denominada Casa de Control Maestro.
En cuanto a Aysam, se establece una obligación específica sobre tres pozos que la empresa utiliza desde 2014 para abastecer de agua potable a la población.
La empresa deberá gestionar ante Irrigación el cambio de uso de esas perforaciones y hacerse cargo de los gastos de electricidad necesarios para mantenerlas en funcionamiento. Se trata de los pozos identificados con los números 1, 3 y 13.
El decreto no establece montos específicos para estas erogaciones, pero dispone que los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones provinciales deberán contemplarse en las partidas presupuestarias correspondientes.
Además, deja abierta la posibilidad de modificar la distribución de los aportes si se incorporan nuevos participantes al sistema.
El acuerdo también contempla la conformación de una Comisión de Seguimiento, presidida por un representante de los industriales vinculados al colector, que tendrá la responsabilidad de evaluar las necesidades de funcionamiento y proyectar anualmente los recursos necesarios.
Las municipalidades de Guaymallén y Maipú podrán incorporarse a este espacio, al igual que otros organismos y empresas interesadas. También se podrán celebrar acuerdos con las industrias que utilizan el canal para obtener contribuciones destinadas a su mantenimiento.
La aprobación del convenio se produce en un contexto particular para Aysam, luego de la salida de Humberto Mingorance de la presidencia de la empresa, ocurrida el 20 de octubre.
Aunque oficialmente se informó que el exfuncionario había presentado su renuncia por motivos personales, su desvinculación estuvo precedida por una serie de conflictos relacionados con los problemas cloacales de Guaymallén, que generaron cuestionamientos desde el municipio y desde Irrigación.
Uno de los principales focos de tensión fue la situación de Los Corralitos, donde el colapso de la Colectora Máxima Noreste provocó reiterados desbordes de líquidos cloacales y derivó en una investigación judicial por el vertido de efluentes en un canal de riego.
En ese expediente, Mingorance fue imputado por presuntos delitos vinculados con el daño a bienes de uso público y la contaminación del agua.
La problemática también generó diferencias con el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, cuyo organismo intervino para controlar y autorizar las derivaciones extraordinarias de líquidos cloacales hacia cauces bajo su jurisdicción.
A esos cruces se sumaron los reclamos del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quien cuestionó públicamente la respuesta de Aysam ante los desbordes y reclamó medidas urgentes para evitar nuevos episodios.
El jefe comunal exigió un plan de contingencia, disponibilidad permanente de personal y equipamiento, además de obras para renovar los colectores deteriorados que atraviesan el departamento.
La salida de Mingorance se produjo un día después de uno de esos reclamos públicos. En su reemplazo, el Gobierno provincial designó a Darío Hernández, quien hasta entonces se desempeñaba como gerente general de Aysam.
Tras asumir, Hernández mantuvo reuniones con Calvente y Marinelli para coordinar acciones frente a los problemas cloacales y avanzar con las intervenciones previstas para Guaymallén.
El nuevo convenio aprobado por el Ejecutivo no debe confundirse con la Resolución 1328/26 de Irrigación, mediante la cual se autorizó un protocolo de emergencia para actuar ante eventuales desbordes de la Colectora Máxima Noreste.
Como informó Los Andes, aquella medida permite a Aysam utilizar dos mecanismos de contingencia para derivar temporalmente líquidos cloacales cuando se produzcan nuevos colapsos, especialmente durante las tormentas intensas.
La primera alternativa consiste en conducir los líquidos hacia el predio Oltra, mientras que la segunda contempla, de manera excepcional, su bombeo hacia el Canal Pescara, en calle Buena Nueva.
Este último mecanismo solo podrá utilizarse como recurso extraordinario, con autorización previa de Irrigación y bajo controles ambientales. El Decreto 2059, en cambio, no establece nuevas autorizaciones para el vertido de líquidos cloacales.
Su finalidad es regular el funcionamiento ordinario del Sistema de Saneamiento del Colector Pescara y determinar cómo se distribuirán los recursos para sostenerlo. Ambas disposiciones involucran a algunos de los mismos organismos, pero tienen objetivos y alcances diferentes.
El convenio aprobado ahora tiene como antecedente un acuerdo celebrado en noviembre de 2007 y ratificado mediante el Decreto 1515 de 2008.
En aquel momento participaron el entonces Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, Irrigación, las municipalidades de Maipú y Guaymallén y la Inspección de Desaguantes Industriales del Colector Pescara.
El esquema contemplaba la creación de una comisión destinada a acompañar las tareas de saneamiento y elaborar informes periódicos sobre el funcionamiento del canal. Posteriormente, en 2021, se ratificó la posibilidad de suscribir nuevos acuerdos para garantizar su sostenimiento.
El convenio actual fue firmado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli; y el subdelegado de Aguas del Río Mendoza, Marcelo Landini, a cargo de la intervención de la Inspección del Colector Pescara.
También figura la firma de Humberto Mingorance, quien representó a Aysam en agosto, casi dos meses antes de dejar la presidencia de la empresa.
El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años desde su ratificación y permitirá que se incorporen nuevas entidades mediante convenios específicos. La operación del sistema continuará bajo la responsabilidad de la Inspección de Desaguantes Industriales del Colector Pescara.
