Desde este martes se dan las audiencias en Hamburgo. Es la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal del exterior.
El proyecto petrolero Sea Lion se encuentra ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
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Navitas Petroleum
Sala de audiencias del Tribunal Internacional del Derecho del Mar
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WebEl Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés) arrancó este martes con las audiencias orales del caso que Argentina inició contra el Reino Unido por la explotación petrolera en el Atlántico Sur. El organismo, con sede en Hamburgo, deberá evaluar si corresponde dictar medidas provisionales para frenar el avance del proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las islas Malvinas.
La decisión, formalizada mediante una orden firmada el mes pasado por el presidente del tribunal, el juez Maurice Kamga, puso en marcha la actividad para discutir el pedido argentino. Fue a las 6 de la mañana en Argentina (las 10 en Hamburgo).
Las audiencias se realizarán en la sala principal del organismo, serán públicas y se transmitirán en vivo a través de su sitio web.
Durante las jornadas de este martes y miércoles, los jueces deberán evaluar si existe jurisdicción prima facie, si la urgencia de la situación justifica una intervención y si las medidas solicitadas por Argentina resultan proporcionales.
La delegación argentina en Hamburgo está encabezada por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia, junto al embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores; la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación.
Una eventual decisión favorable al país será de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido.
El ITLOS es un órgano judicial independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1982. Entre otras cuestiones, la Convemar establece procedimientos para resolver controversias entre Estados, incluido el arbitraje obligatorio en determinados casos.
La presentación argentina apunta a impedir que avance la explotación petrolera en la zona en disputa.
En concreto, solicita que el Reino Unido no inicie ni continúe las operaciones, que se abstenga de utilizar información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que cese de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales y que no otorgue nuevos permisos que puedan agravar la controversia.
El yacimiento se encuentra a unos 198 kilómetros al norte de las Malvinas, dentro de un área de 541,40 kilómetros cuadrados correspondiente a la licencia PL032.
El proyecto está liderado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% de la iniciativa, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
Ambas empresas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y establecieron como objetivo comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028.
En su reporte trimestral del 24 de agosto de 2026, Navitas indicó que la campaña de perforación correspondiente a la primera fase de Sea Lion “se espera que comience a principios de 2027”.
El cronograma forma parte del contexto en el que Argentina busca obtener una medida que impida que las operaciones avancen mientras se resuelve la controversia.
El procedimiento ante el Tribunal del Mar se inició después de que el presidente Javier Milei instruyera, el 28 de septiembre, a la Cancillería para que comenzara un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Ese día también se notificó formalmente a Londres.
La advertencia argentina fue que, si en dos semanas no se frenaba la explotación, acudiría al tribunal con sede en Hamburgo. El plazo venció el 12 de octubre sin cambios en la posición británica.
Al día siguiente, el canciller Pablo Quirno formalizó la solicitud ante el ITLOS, con fundamento en el artículo 290, inciso 5, de la Convemar. Esa disposición permite pedir medidas provisionales cuando todavía no se constituyó el tribunal arbitral y la urgencia de la situación requiere una intervención.
El Reino Unido ya había rechazado las medidas el 11 de octubre. En su presentación, Argentina calificó esa respuesta como “una mera repetición de argumentos previamente planteados”.
La orden firmada por Kamga quedó registrada como el caso número 37 del tribunal y estableció las fechas para escuchar los argumentos de las partes.
Es la primera vez que Argentina recurre a este mecanismo para intentar frenar la explotación petrolera en Malvinas. Sin embargo, nuestro país ya obtuvo medidas provisionales ante el mismo organismo en otro contexto: el caso de la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana.
En aquella oportunidad, el Tribunal del Mar ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque, tal como había solicitado el Estado argentino.
También existe un antecedente internacional relacionado con una disputa marítima entre Ghana y Costa de Marfil. En ese caso, una sala especial del Tribunal del Mar ordenó que no se realizaran nuevas perforaciones en el área disputada, dispuso preservar la información obtenida durante las actividades exploratorias y exigió a ambos países que evitaran agravar el conflicto.
