Todo comenzó en 2008 con una denuncia de Elisa Carrió. Sin embargo, en el 2016 tuvo un gran impulso por el entonces director de Vialidad Nacional.
Cristina Kirchner condenada en la causa Vialidad.
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Gentileza La sentencia que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos se inició en el 2008 por una denuncia de Elisa Carrió, aunque la investigación tuvo un fuerte impulso en el 2016 cuando el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel pidió avanzar en la investigación por corrupción y asociación ilícita a la ex mandataria por la adjudicación de una cincuentena de obras públicas en Santa Cruz.
La investigación de la causa Vialidad en el 2016 estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, y también se denunció a Lázaro Baez; al ex secretario de Obras Públicas José López; al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, quienes fueron condenados, y al ex ministro de Infraestructura Julio De Vido, quien resultó absuelto.
Los argumentos de Carrió para pedir una investigación fueron que hubo “una cartelización de la obra pública que benefició a un grupo de amigos, donde el principal beneficiado era Baez”, que luego toma impulso en el Gobierno de Mauricio Macri con la denuncia de Iguacel por sobreprecios, pagos adelantados y plazos que no se cumplieron en las 51 obras que adjudicaron al empresario santacruceño por un monto de 46 mil millones de pesos.
La causa estuvo a cargo de Ercolini, quien procesó en diciembre de 2016 a la ex presidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada y le trabó un embargo de 10 mil millones de pesos, y en 2018 pidió la elevación a juicio oral y público.
A los dos años de comenzar la investigación, Ercolini cerró la instrucción y corrió vista a los acusados para que se pronuncien sobre la elevación del juicio oral que quedó a cargo del Tribunal Federal 2, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, un proceso que comenzó el 21 de abril de 2019 y donde fueron querellantes la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
Los fiscales de la causa, Diego Luciani y Diego Mola, acusaron a Cristina Fernández de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta por haber otorgado la mayoría de las obras a la empresa Austral Construcciones con supuestas licitaciones “manipuladas” con sobreprecios y falta de cumplimientos, y pidieron una condena de 12 años.
El tribunal N 2 emitió un fallo el 6 de diciembre del 2022 donde absolvió a la ex Presidenta del delito de ser jefa de una asociación ilícita pero la condenó por administración fraudulenta a seis años, y el fallo fue apelado por la defensa de Fernández de Kirchner y los fiscales.
Ese fallo fue confirmado el 13 de noviembre del 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos y se señaló allí que “todas las pruebas permiten acreditar (con el grado de certeza que requiere una condena) la responsabilidad penal de CristinaFernández de Kirchner en el delito”.
“Se demostró un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la ejecución de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades”, destacó.
También se afirmó que se “se comprobó la concreta intervención de Cristina Fernández de Kirchner en una maniobra defraudatoria a la administración pública”.
Uno de los argumentos es “haber firmado el Decreto PEN 54/2009 con las modificaciones en las cuales se otorgó plenos poderes a la Dirección Nacional de Vialidad para hacer uso discrecional de los fondos para obra pública vial (bajo la órbita del Secretario José López), sumado a sus comprobados vínculos con Lázaro Báez, a las alertas de denuncia de corrupción que decidió ignorar y a su intervención en el tramo final de la maniobra investigada en el cual, en connivencia con Lázaro Báez, José López y otros se ocupó personalmente de intentar generar impunidad”.
La Corte Suprema había rechazado el miércoles pasado la recusación presentada por la defensa Fernández de Kirchner contra el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti. Tras este rechazo, el tribunal presidido por Horacio Rosatti quedó en condiciones de emitir un fallo decisivo sobre la causa Vialidad.
Además de la pena de prisión, la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal N.º 2 –ratificada posteriormente por la Cámara de Casación Penal– incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.