El Gobierno nacional no tardó en expresarse tras la decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena contra Cristina Kirchner. Diversos funcionarios del gabinete de Javier Milei salieron a respaldar el fallo con mensajes contundentes y alineados con el discurso oficial sobre el “fin de la impunidad”.
“El fin de la impunidad, a los corruptos condena. Se alumbra una nueva Argentina con Justicia”, planteó el ministro de Defensa, Luis Petri, a través de su cuenta de X. Otra de las que se expresó fue la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las funcionarias que más denunció a la ex mandataria.
“Cristina Kirchner, condenada por corrupción. Tres instancias, cientos de pruebas y todas las garantías del debido proceso. Hubo justicia. El que las hace, las paga”, sostuvo por el mismo canal.
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Otros funcionarios: recordaron el supuesto “pacto de impunidad”
El secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, del entorno del asesor Santiago Caputo, también opinó del tema y expresó que “ni proscripción, ni persecución ni nada de esos relatos. Sólo justicia”, sentenció.
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y su segundo, Javier Lanari, desmintieron un supuesto acercamiento entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo previo a la condena. “Muy extraño resultó el ‘pacto de impunidad’. Fin”, sentenció el vocero y legislador porteño electo.
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En sintonía, Lanari aseveró: “Se la pasaron meses hablando de ´Pacto de Impunidad´ entre Cristina y Milei. Acusaron al Presidente de hacer caer Ficha Limpia. Qué dirán ahora los que hicieron campaña con eso…”.
En otro mensaje, el subsecretario de Medios planteó que “ahora hablan de ‘presos políticos’. Acá no se condenó a nadie por su manera de pensar. Se condenó a una delincuente probada. Con todas las garantías del debido proceso. Poco y nada importa lo que piense o deje de pensar Cristina…”.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme hoy la condena a seis años de prisión para la ex presidenta, al rechazar por unanimidad los recursos presentados por la defensa de la ex mandataria en la causa por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.