Con las elecciones legislativas nacionales previstas para este domingo 26 de octubre de 2025, los sondeos a pie de urna vuelven a captar la atención de votantes, medios de comunicación y dirigentes políticos.
Estos relevamientos, efectuados durante la jornada electoral, tienen como propósito ofrecer una estimación inicial de los resultados.
Con las elecciones legislativas nacionales previstas para este domingo 26 de octubre de 2025, los sondeos a pie de urna vuelven a captar la atención de votantes, medios de comunicación y dirigentes políticos.
No obstante, la legislación vigente establece restricciones respecto a la difusión anticipada de estos resultados, con el fin de preservar la transparencia del proceso electoral y garantizar la libertad de decisión de quienes aún no han votado.
Las encuestas boca de urna son relevamientos que se realizan durante la jornada electoral, una vez que los votantes han emitido su sufragio. Consisten en preguntar a los electores, a la salida del cuarto oscuro, por la opción elegida. A diferencia de las encuestas de intención de voto, estos estudios reflejan directamente decisiones ya tomadas.
Generalmente, son llevadas a cabo por consultoras especializadas, medios de comunicación o por los propios partidos políticos, y su propósito es ofrecer una estimación preliminar de los resultados antes del escrutinio oficial.
En Argentina, la publicación de encuestas boca de urna antes del horario permitido está prohibida por el artículo 71, inciso H, del Código Electoral Nacional. De acuerdo con esta norma, los resultados de estos sondeos no pueden difundirse durante la jornada de votación ni hasta tres horas después del cierre de las mesas, es decir, hasta las 21:00 del domingo en estas elecciones.
El objetivo de esta disposición es evitar que los sondeos influyan en el voto de quienes aún no concurrieron a las urnas y prevenir la circulación de información confusa o inexacta antes de conocerse los datos oficiales.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) recuerda que las encuestas boca de urna no siempre reflejan con precisión el resultado definitivo y que su divulgación anticipada puede afectar la equidad del proceso democrático.
Aquellos medios, consultoras o particulares que publiquen resultados antes del horario autorizado pueden enfrentar sanciones legales. Estas medidas buscan desalentar la difusión prematura y resguardar la integridad y transparencia del acto electoral.