El juez federal Walter Bento sufrió un duro revés por parte de la Cámara Federal de Casación. La defensa del magistrado y de su esposa, Marta Isabel Boiza, habían pedido que el procesamiento dictado por los tribunales federales de Mendoza fuera revisado por la Corte Suprema de Justicia pero no avanzó.
Así lo decidió el máximo tribunal penal del país que no hizo lugar al planteo de la defensa encabezada por el abogado Mariano Cúneo Libarona. Los jueces Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi se expresaron en contra del pedido porque “en el recurso examinado se ha invocado que lo resuelto provocó el quebrantamiento de derechos y garantías de raigambre constitucional, lo cual no determina per se la procedencia formal de la vía intentada”.
Agregaron que “para ello se requiere que el impugnante demuestre cómo operó efectivamente el quebrantamiento alegado, lo cual no se verifica en el remedio federal analizado”. Por ese motivo, para que prospere la impugnación con ese respaldo “es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida, que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el impugnante no ha conseguido acreditar”.
La decisión no fue unánime porque Mariano Borinsky, el tercer magistrado de la sala, expresó que había que conceder el recurso extraordinario. De esta manera, entiende que bien podría la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisar el caso en queja.
El procesamiento al que se hace alusión fue el dictado por el juez federal de Mendoza, Eduardo Puigdéngolas. Para la Justicia, el magistrado y su esposa incrementaron su patrimonio sin poder explicarlo. Hay 22 personas imputadas por delitos de “cohecho, enriquecimiento ilícito, falso testimonio, asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo, omisión y retardo de justicia, prevaricato, violación de deberes de funcionario público y violación de secretos”.
Bento se defendió ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación y aseguró que “nunca se probó” que hubiera recibido dinero a cambio de otorgar beneficios judiciales y afirmó que la investigación judicial en su contra es “nula” porque hubo manipulaciones y se violaron sus garantías.
También sostuvo que todos los bienes que posee y los gastos que hizo en el exterior en los últimos años se justifican en los ingresos legales que tienen su familia y él.
