La investigación comenzó tras un robo en un depósito utilizado por ARSAT y derivó en una causa que analiza presuntos direccionamientos de contratos, pagos de coimas y sobreprecios.
Facundo Leal, expresidente de ARSAT.
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Infobae La investigación judicial que derivó en la detención de Facundo Leal, expresidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), puso bajo la lupa una presunta estructura de corrupción vinculada a contrataciones realizadas por la empresa estatal de telecomunicaciones.
La causa, que se originó tras el robo de equipamiento almacenado en un depósito de la localidad bonaerense de San Fernando, evolucionó hacia una pesquisa sobre posibles direccionamientos de contratos, sobreprecios y pagos de coimas. El caso involucra a exfuncionarios y empresarios vinculados a la firma Argentina Logistic Services (ALS).
La trama comenzó a partir de un robo registrado en enero de 2024 en un depósito operado por ALS, donde se almacenaban materiales pertenecientes a la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT. Según la investigación, fueron encontrados 15 contenedores saqueados.
A partir de ese hecho, el expediente quedó en manos del juez Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez, quienes comenzaron a analizar las condiciones bajo las cuales la empresa logística había sido contratada. Las sospechas se profundizaron cuando se detectó que las cámaras de seguridad no funcionaban y que el cerco eléctrico perimetral presentaba daños.
De acuerdo con la investigación, en junio de 2021 Juan Andrés Navarro, entonces gerente comercial de ARSAT, firmó un memorándum proponiendo el cambio del depósito utilizado por la empresa estatal y sugirió a ALS como prestadora del servicio mediante contratación directa.
Meses después se realizó un proceso de cotización en el que participaron ALS, Transportes Padilla y Tradelog. Según la pesquisa judicial, las ofertas fueron presentadas con pocos minutos de diferencia y existirían vínculos societarios y laborales entre las compañías participantes.
Esa circunstancia llevó a los investigadores a sospechar que algunas de las ofertas podrían haber sido utilizadas para otorgar apariencia de competencia al procedimiento.
Entre los nombres señalados en el expediente aparecen directivos y representantes de ALS. Uno de ellos es Diego Padilla, vicepresidente de la empresa, quien tendría vínculos familiares con autoridades de Transportes Padilla.
También figura Gastón Walter Padilla, director suplente de ALS, mientras que la gerenta general de la firma, Sofía Varela Vizgarra, es mencionada por sus presuntas vinculaciones con Tradelog.
Otro de los involucrados es Fernando Diego Paredes, presidente de ALS, sobre quien los investigadores habrían encontrado comunicaciones que forman parte de la evidencia incorporada a la causa.
Dentro de ARSAT, un grupo de funcionarios era identificado informalmente como “la banda de los mendocinos”, debido al origen provincial de varios de sus integrantes. Entre ellos aparece Facundo Leal, quien presidió ARSAT entre 2022 y 2024 y posteriormente fue designado al frente del ORSNA.
La investigación tomó mayor relevancia tras su detención y los procedimientos realizados en propiedades vinculadas al exfuncionario, donde fueron secuestradas importantes sumas de dinero en distintas monedas y diversas sustancias ilegales, según consta en la investigación judicial.
Otro de los nombres centrales es el mendocino Gerardo Boschin, quien se desempeñó como subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT durante la gestión anterior y posteriormente ocupó otros cargos en empresas estatales. Es decir, ocupó cargos tanto durante la gestión de Alberto Fernández como en el gobierno de Javier Milei.
Según la hipótesis de los investigadores, Boschin habría tenido un papel relevante en los procesos de contratación analizados. La causa sostiene que firmó órdenes de compra vinculadas a distintos servicios contratados entre 2021 y 2024. Serían compras por un total de 1.930.861 dólares y 40.300.000 pesos.
Entre Boschin y los directivos de ALS aparece mencionado Santiago Pando, señalado por la Justicia como un presunto intermediario en las comunicaciones incorporadas al expediente.
La causa también menciona a Pablo Gastón Pagani, exsubgerente de Finanzas de ARSAT, a quien se le atribuye la firma de una prórroga contractual relacionada con ALS. Asimismo, aparece involucrado Juan Antonio Álvarez, identificado como jefe de Compras y Contrataciones de la empresa estatal.
Sobre todos ellos, el fiscal Domínguez solicitó que sean convocados a declaración indagatoria, aunque la decisión final aún depende de la resolución judicial correspondiente.
Mientras la investigación avanza, el expediente permanece bajo secreto de sumario y la Justicia continúa analizando documentación, comunicaciones y contrataciones realizadas durante los últimos años.
Además de los funcionarios y empresarios mencionados en la causa, el grupo conocido como “la banda de los mendocinos” incluye a otros dirigentes y exfuncionarios que, según el texto original, no se encuentran actualmente bajo investigación judicial en este expediente.
De acuerdo al reporte de Infobae, entre ellos figuran Leonardo Comperatore, exministro de Seguridad de Mendoza y actual jefe de Relaciones Institucionales de ARSAT. También Ramiro Canet, quien fue abogado de la empresa pública y hoy es director de Gestión de Bienes Registrables, en el Ministerio de Gobierno de la provincia.
Vinculado a Gerardo Boschin, Comperatore también tuvo un paso por el sector ferroviario durante la administración actual. Ocupó la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura desde mayo de 2025 hasta enero de este año. Su salida coincidió con la de Boschin, luego de la renuncia del secretario de Transporte, Luis Pierrini, otro mendocino.