Se trata de 5 chilenos y 3 argentinos que forman parte de la asociación ilícita que tiene a 34 personas procesadas por la Justicia federal de Mendoza. Tienen pedido de captura nacional e internacional.
Los 8 profugos por los que se ofrece una recompensa de $5 millones. Son buscados por contrabando de armas. Gentileza Ministerio de Seguridad.
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A pedido del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una millonaria recompensa por 8 sujetos prófugos que forman parte de una banda internacional que tiene a 34 integrantes procesados por tráfico de armas.
Se trata de 5 personas de nacionalidad chilena y 3 de nacionalidad argentina, quienes son buscados por contrabando de armas y tienen pedido de captura nacional e internacional desde mayo de 2024. La recompensa asciende a $5 millones de pesos por cada uno de los sospechosos.
Entre los ciudadanos chilenos se encuentra Lisandro Eduardo Basáez Morales (31) —alias “El enano petiso”—, un sujeto de tez trigueña y cabello negro; Franco Simón Basáez Vílchez (39) —alias “El Javi”—, de tez trigueña y cabello negro; Kevin Matías Sandoval González (27), de tez blanca y cabello corto negro; Yoel Ignacio Beaumont Sandoval (23), de tez blanca, ojos marrones y cabello corto negro; y Aldana Matilde Glaria Orellana (37), quien posee DNI argentino, tiene tez blanca y cabello largo, negro y ondulado.
A ellos se suman los argentinos Carlos Damián Algañarás (47) —alias “El Porteño”—, de tez trigueña y cabello corto negro; Zaira Nahir Basáez (21), de tez blanca y cabello largo negro; y Selene Anahí Obregón (31), cuya característica principal es un lunar marrón en el centro de la frente.
Todos son sospechosos de formar parte de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de armas de fuego entre Argentina y Chile, con ramificaciones en Brasil.
Según la investigación del fiscal federal a cargo del Área de Transición de la Fiscalía Mendoza, Fernando Alcaraz —que en mayo pasado elevó la causa a juicio con 34 personas con prisión preventiva—, todos están acusados de formar parte de una asociación ilícita dedicada al contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra, tenencia ilegítima de armas y, en algunos casos, por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.
Durante la investigación se logró el secuestro de 36 armas de fuego de distintas marcas y calibres, 32 cargadores, más de dos mil municiones de diferentes calibres, kits con extensores y varios accesorios.
De acuerdo con la acusación, la organización operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 con ramificaciones en Argentina y Chile y también con conexiones con la República Federativa del Brasil, desde donde parte del material habría sido adquirido e ingresado al país mediante maniobras destinadas a eludir controles fronterizos y aduaneros.
Una vez en el país, el material era trasladado inicialmente a Buenos Aires y posteriormente enviado hacia Mendoza, donde era distribuido entre choferes de camiones de cargas internacionales para ocultarlo en cabinas y cruzarlo por el Paso Internacional Paso Internacional Cristo Redentor hacia Chile.
La organización estaba conformada por ciudadanos argentinos y chilenos que cumplían funciones diferenciadas, desde la adquisición del armamento y la recepción de transferencias de dinero hasta su almacenamiento, transporte y cruce clandestino hacia territorio chileno. En su estructura, la organización contaba con dos jefes radicados en Chile que definían el origen del armamento, los itinerarios y los pasos fronterizos para concretar las maniobras.
Debajo de ellos se encontraba una red de organizadores que coordinaba la logística en territorio argentino y chileno, junto con un grupo de colaboradores encargados de recibir y remitir giros internacionales, trasladar cargamentos y asegurar el ingreso de las armas a destino.
El 2 de abril de 2022 ocurrió uno de los primeros hechos atribuibles a esta organización, cuando personal de la Gendarmería Nacional Argentina detuvo en la Ruta Nacional 7, a la altura del departamento de La Paz, a uno de los acusados que viajaba en un colectivo de larga distancia con 11 armas de fuego y 18 cargadores ocultos entre su equipaje. El posterior peritaje de su teléfono celular permitió reconstruir comunicaciones con otros integrantes de la estructura, identificar financiamiento proveniente de Chile y reconstruir un viaje previo a la frontera con Brasil para la adquisición del armamento que había sido encontrado.
Dos semanas después, el 17 de abril de 2022, otra maniobra similar fue frustrada en un control vial en la zona de Uspallata. Un camionero que se dirigía a Chile con una carga de azúcar fue interceptado cuando transportaba ocultas en la cabina 11 armas de fuego, siete cargadores y más de 2.000 municiones. Según pudo reconstruir la fiscalía, el material había sido trasladado desde Buenos Aires hacia Mendoza por otros integrantes del grupo y entregado al conductor horas antes del intento fallido de cruce.
La pesquisa también permitió detectar una tercera modalidad de traslado. El 19 de diciembre de 2023, dos ciudadanos chilenos fueron interceptados durante un operativo sobre la ruta nacional 38, en la provincia de Tucumán, mientras transportaban 8 pistolas y cinco cargadores que llevaban ocultos entre la ropa y el equipaje en un colectivo de pasajeros. Para Alcaraz, ambos actuaban como enlaces operativos de la organización y respondían a instrucciones impartidas desde Chile y Buenos Aires.
El avance de la investigación permitió identificar el uso sistemático de transferencias internacionales como mecanismo de financiamiento. A través de empresas de remesas con giros realizados entre Argentina y Chile, distintos integrantes del grupo recibían fondos que, según la acusación, carecían de justificación económica y eran utilizados para solventar viajes, compras de armas, traslados y logística. Incluso, varios de los receptores integraban un grupo familiar y operaban de manera alternada entre ellos para dificultar la trazabilidad del dinero.