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Para el Estado provincial la “mitad” de la culpa del recordado femicidio de Florencia Romano (14) la tuvo la familia de la víctima, según se desprende de la contestación oficial que se hizo en relación a la demanda que entablaron los Romano contra el Estado por la suma de 300 millones de pesos.
“No cabe ninguna duda que al menos la progenitora –hoy coactora en autos- faltó a sus obligaciones parentales y no ejerció la debida vigilancia activa sobre su hija, a pesar de haber tomado conocimiento del concreto peligro que corría su hija”, dice Ricardo Canet, asesor de Gobierno, al contestar la millonaria que llevan adelante los abogados Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena.
Luego de que en julio de 202 en un juicio abreviado, Pablo Arancibia (33) fuera condenado a prisión perpetua por el femicidio de la adolescente y de que en octubre de mismo año se condenara a Soledad Herrera, la mujer policía que ignoró el llamado al 911 que hizo un vecino del asesino, la familia de chica asesinada en diciembre de 2020 inicio un juicio civil contra el Estado provincial por la suma de 300 millones de pesos que se tramita en el Tribunal de Gestión Asociada 3, a cargo de la jueza Marina Sánchez y que se resolverá en los próximos meses.
La respuesta estatal realizada por Ricardo Canet: que la suma pedida no es “justificada y equitativa”, negando que “la víctima falleciera pura y exclusivamente por desidia estatal” ya que “no hay relación de causalidad entre la omisión imputada a la Provincia en el funcionamiento regular del servicio CEO y el resultado dañoso reclamado”.
Además, el abogado estatal considera que la omisión de la ahora ex policía que atendió la llamada no permite cuestionar en forma total el regular funcionamiento y eficacia del sistema 911 que por otra parte no es obsoleto.
Estos últimos puntos son las “recomendaciones” que le sugirió a la Provincia el juez David Mangiafico cuando condenó a 3 años de cárcel a la ex uniformada Soledad Herrera a 3 años de cárcel por dos delitos: abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en contexto se violencia de género.
Para el abogado la culpa fue del asesino “a lo que agregó la “culpa in vigilando” de los padres de la menor”, es decir 50% responsabilidad de Arancibia y el otro 50%, responsabilidad paterna.
Según el letrado no se ha podido probar que Florencia Romano habría sido encontrada con vida por la policía, en caso de haber obrado correctamente la agente policial receptora de la llamada al 911. Tan probable es esa hipótesis como la contraria, de haberse dado curso a la denuncia telefónica, recibida a las 18:58 horas del día 12 de diciembre del 2020 (fecha del terrible femicidio que nos ocupa), posibilitando la concurrencia inmediata del auxilio policial al escenario del crimen, en los 10 o 15 minutos siguientes”.
Luego, sostiene que para el Estado surge claramente en la causa penal que los padres de la menor víctima, han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, “no actuando con la vigilancia activa correspondiente, ya que su madre, al menos, reconoció haber conocido la situación que la menor le relatara con anterioridad a la fecha del delito, permitiendo que se relacionara y contactara con personas sospechosas e, incluso, con quien resultara su asesino”.
Durante la investigación a madre de Florencia declaró que la chica le había contado que la habían metido en un grupo que ofrecía cosas, regalos, teléfonos, plata o carga del teléfono a cambio de que ella enviara fotos. demás, la mujer dio el nombre del grupo -“Diosas Vip Oficial”-, acompañando cuatro capturas de pantallas de ese grupo. “Es de destacar que no figura en le expediente qué hicieron los padres para aconsejar a su hija sobre los conocidos peligros de relacionarse con terceros sospechosos, por internet y máxime, concurriendo a lugares inseguros”, dice la respuesta oficial que hizo el Estado.
La adolescente fue asesinada tarde del 12 de diciembre de 2020 y su cuerpo apareció recién el 17 de diciembre en una acequia de Guaymallén. El caso tuvo gran repercusión mediática a nivel nacional y generó algunas marchas donde se pedía por la aparición de la niña.
El 17 de diciembre pasado, una la multitudinaria marcha por el femicidio de Florencia Romano terminó en incidentes provocados por un grupo minoritario de manifestantes. Primero rompieron ventanas e incendiaron oficinas en Casa de Gobierno, Palacio de Justicia y luego en la Legislatura.
