En el marco de una investigación de la Justicia Federal, encontraron los restos de un bebé que nunca fue entregado a su madre, quien dio a luz en el Hospital Lagomaggiore en setiembre de 1986.
El niño había nacido en democracia, en el año 1986 y nunca fue entregado a su madre. La mujer reconoció sus restos en el cementerio de la Capital, esta mañana.
La mujer dio a luz en el Lagomaggiore en 1986. Archivo.
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En el marco de una investigación de la Justicia Federal, encontraron los restos de un bebé que nunca fue entregado a su madre, quien dio a luz en el Hospital Lagomaggiore en setiembre de 1986.
La mujer reconoció a su hijo, que estaba enterrado en el cementerio de Capital, por una medallita que estaba junto a los restos del pequeño en la cripta 16.
El hallazgo se realizó esta mañana por orden del Juzgado Federal 3 de Mendoza a cargo del juez Marcelo Garnica en una causa que investiga el fiscal Fernando Alcaraz, a cargo del Área de Transición de la Fiscalía Federal de Mendoza, en el marco de una investigación por el delito de desaparición forzada de personas, en este caso un bebé, en democracia.
Los investigadores realizaron varias búsquedas en el cementerio capitalino y hoy, tras revisar las criptas 15 y 16, encontraron los restos del pequeño en este último lugar.
Una de las primeras personas en enterarse del hallazgo fue la madre del menor, F. S., una mujer viuda que llevó el caso a la Justicia provincial sin resultados y luego, con el asesoramiento de los abogados Enoc Ortiz, Carlos Varela Alvarez y Milagro Baztan, la causa pasó al fuero federal.
Esta novedad en el caso podría derivar en un juicio por la Verdad, en una causa por la presunta sustracción de un bebé recién nacido en democracia. La causa investiga la desaparición de otros niños en el mismo hospital en la misma época.
La investigación fue aceptada por la Justicia Federal en agosto de 2025, luego de un largo camino en la Justicia provincial que terminó con el archivo del caso. Luego se logró el desarchivo y los abogados llevaron la denuncia al fuero federal, que encuadró el caso bajo la figura de juicio por la Verdad, un proceso excepcional que, aun cuando los delitos estén prescriptos o no se logre identificar a los responsables, permite investigar para reconstruir los hechos, garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y sentar precedentes institucionales.
Los abogados presentaron algunas pruebas documentales que plantean contradicciones notorias: los certificados de nacimiento y defunción del bebé comparten el mismo número de DNI, pero registran horas incompatibles, e incluso el niño figura como fallecido antes de nacer.
Según los letrados, sería el primer caso en Mendoza donde se investiga en el marco de un juicio por la Verdad en democracia.
La denunciante asegura que su hijo nació con vida, que lo vio en la sala de partos, pero nunca más le permitieron verlo. Le dijeron que había muerto, sin permitirle despedirse ni entregarle el cuerpo, que supuestamente “quedaba para estudio”.
Décadas más tarde, con asistencia legal, logró obtener documentos que fortalecieron sus sospechas. También se incorporó su muestra genética al Banco de Huellas Genéticas de Mendoza.
El dictamen inicial del fiscal Alcaraz indicó que los hechos denunciados podrían encuadrarse como sustracción y ocultamiento de un menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documento público. Ahora, con el hallazgo del cuerpo del niño, habrá que ver cómo el juez Garnica determina que siga la investigación, la cual se centrará en las autoridades, médicos y otros empleados del hospital público Lagomaggiore que trabajaron en la década de 1980.
Según el abogado, esto abre la puerta a nuevas causas de características similares, ya que hay otras denuncias de hechos ocurridos entre los años 1980 y 1990, inclusive.
Uno de los ejes centrales del proceso será determinar si los delitos están prescriptos. Pero incluso si lo estuvieran, el juicio por la Verdad se sostiene como herramienta de reparación simbólica y derecho a la memoria.
El fiscal inicialmente dispuso una serie de medidas, entre ellas la citación de F. S. para declarar y también de otras personas con historias similares que habían sido denunciadas en la Justicia provincial. F. S., la mujer que lleva 40 años buscando a su hijo, había realizado averiguaciones personales durante años, muchas veces sin ser escuchada.
Aunque muchas veces se cree que un caso no puede investigarse si pasaron demasiados años, hay una herramienta judicial que permite avanzar de todos modos: el juicio por la Verdad. En este caso, la Justicia Federal de Mendoza lo aplica amparándose en la Ley 27.372, que reconoce los derechos de las víctimas, entre ellos el de conocer la verdad de lo ocurrido.
Esta ley, vigente desde 2017, establece que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas, a participar del proceso y, sobre todo, a que se reconstruyan los hechos, aunque no haya una condena penal. Es una forma de reparación simbólica que también tiene valor histórico.Esta ley además se apoya en tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada (OEA, 1994), los Principios de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada (2006) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con sus matices, en todos los casos se reconoce y garantiza el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
