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El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció un aumento de la dotación y del material policial, así como el establecimiento de una zona de vigilancia y la asignación de un fiscal especial en la región de La Araucanía, donde en la madrugada del viernes se produjo un atentado que dejó dos personas muertas.
El mandatario, que alteró su agenda para viajar de urgencia a la zona del llamado conflicto mapuche, dispuso no decretar el estado de sitio, como le habían pedido varios parlamentarios de la coalición de gobierno.
Enérgico, sentenció que se van a "utilizar todos los instrumentos que otorga el Estado de derecho" y se va a aplicar "todo el rigor de la ley hasta derrotar a estos terroristas".
El ataque fue perpetrado por una veintena de personas que dispararon y prendieron fuego a una vivienda en un fundo de la localidad de Vincún, donde fallecieron el empresario agrícola Bernard Luchsinger, de 75 años, y su esposa Vivianne McKay.
Estos hechos agravan la tensión en la zona, donde en las últimas semanas se incrementaron los incidentes en el marco del conflicto mapuche, que enfrenta a grupos de esta etnia con empresarios por la posesión de tierras que consideran ancestrales, refirió la agencia EFE.
Los propietarios agrícolas y forestales exigieron al gobierno que contenga estos ataques y amenazaron con tomarse la justicia por mano propia.
En respuesta a este atentado el presidente Piñera anunció que se aumentará en 84 miembros la dotación de carabineros en la región, que se sumarán a los 288 que se incorporaron en los últimos dos años.
También se enviarán cuatro nuevos vehículos policiales blindados y un segundo helicóptero de vigilancia, se aportará tecnología de fotografía nocturna y de largo alcance y se creará una unidad de carabineros especializada en la lucha contra el terrorismo.
Además, este cuerpo policial militarizado establecerá una zona especial de control de personas y vehículos durante las 24 horas del día en los lugares más afectados por la violencia.
El gobierno también pidió a la Agencia Nacional de Inteligencia que recabe información que sea útil para mejorar "la eficacia de la lucha contra el terrorismo", señaló el mandatario. Asimismo, se designó a un fiscal especial de dedicación exclusiva para investigar estos delitos y se estableció un equipo jurídico especial encargado del seguimiento de los juicios que se entablen.
El Ejecutivo presentará una querella recurriendo a la Ley Antiterrorista, que prevé penas más duras que la legislación común, señaló el Ministro del Interior, Andrés Chadwick. "Vamos a utilizar todos los instrumentos que nos otorga el estado de derecho y vamos a aplicar sin ninguna contemplación todo el rigor de la ley para derrotar a estos terroristas", sentenció el presidente.
