Los ministros del Interior francés y alemán pidieron ayer a la Comisión Europea crear un marco jurídico para las redes de telecomunicaciones encriptadas, incluidas las mensajerías no europeas, apuntando en particular a la red Telegram utilizada por los yihadistas.
"Proponemos junto a Thomas de Maizière (el ministro alemán) que la Comisión Europea estudie la posibilidad de adoptar una medida legislativa que unifique los derechos y obligaciones de todos los operadores, cuya sede jurídica se encuentre o no en Europa", declaró el ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, tras un encuentro con su homólogo germano.
Un acto jurídico de este tipo permitiría “imponer obligaciones a operadores que no se muestren cooperativos, en particular para retirar contenidos ilícitos o descifrar mensajes en el marco de investigaciones judiciales”, añadió Cazeneuve.
Los ministros apuntan en particular a la mensajería encriptada Telegram, aplicación creada por rusos y muy apreciada en particular por los yihadistas para poder mantener su confidencialidad.
“Los intercambios cada vez más sistemáticos operados a través de ciertas aplicaciones, como Telegram, deberían poder, en el marco de procedimientos judiciales, ser identificados y utilizados como elementos de prueba por los servicios de investigación y los magistrados”, continuó Cazeneuve.
El ministro francés precisó, no obstante, “para evitar cualquier polémica inútil”, que "nunca estuvo en cuestión” poner en tela de juicio el encriptado que “permite garantizar la seguridad de las comunicaciones”.
En el marco de su “iniciativa” común, ambos ministros del Interior también defienden la necesidad de “compartir sistemáticamente la información de los ficheros europeos” de los servicios de inteligencia, “sistemáticamente alimentados por los Estados miembros” de la Unión Europea (UE).
Proyecto piloto
También destacaron la cuestión de la ampliación del proyecto piloto llamado ADEP, que permite la transmisión automática de los antecedentes judiciales de las personas entre los servicios policiales. Actualmente sólo seis Estados miembros están concernidos por el mismo, Finlandia, España, Hungría, Irlanda, Francia y Alemania.
Otra idea propuesta es la puesta en marcha de un sistema electrónico de autorización de viaje para las personas que acceden a territorio europeo sin necesidad de visa, como ya existe para hacerlo en Estados Unidos.