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La fiscal general de Venezuela aseguró que las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional evidencian violaciones a la Constitución, en un sorpresivo mensaje de quien ha sido vista como cercana al gobierno de Nicolás Maduro, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre un fallo que ha desatado críticas internacionales.
Dos días después del fallo por el que el Máximo Tribunal asumió las atribuciones del Congreso, la fiscal Luisa Ortega Díaz denunció que hubo una "ruptura" del orden constitucional.
Mientras, en las calles de Caracas las fuerzas de seguridad reprimieron a un grupo de estudiantes que protestaban frente al Tribunal Supremo de Justicia. Algunos periodistas también fueron golpeados.
Al presentar el balance anual de su gestión, Ortega Díaz manifestó su “alta preocupación” por las recientes sentencias del Máximo Tribunal que han desatado una crisis política en Venezuela y llamó a reflexionar para que se tomen los “caminos democráticos” de respeto a la Constitución y se rescate la pluralidad.
En su fallo, el tribunal señaló que la Asamblea Nacional -en control de la oposición por casi año y medio- ha desacatado el cumplimiento de ordenamientos anteriores, por lo que asumía las competencias legislativas. Las críticas internacionales han ido en aumento y el viernes el secretario general de la Organización de Estados Americanos pidió formalmente una sesión urgente para analizar la situación en el país sudamericano.
La coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para hoy a una concentración en una plaza del Este de la capital donde la Asamblea Nacional realizará una sesión abierta.
La oposición ha dicho que su estrategia para enfrentar el fallo del tribunal será con movilizaciones en las calles y gestiones internacionales.
"Hemos entrado en una etapa de resistencia", dijo a The Associated Press el diputado del partido Causa R, Américo De Grazia, e insistió en que la oposición defenderá el bastión que ganó en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 después de 17 años de control oficialista.
Aunque la Sala Constitucional del Máximo Tribunal asumió el miércoles las competencias parlamentarias alegando un “desacato” del Congreso, De Grazia sostuvo que la mayoría opositora seguirá legislando.
En Caracas varias decenas de universitarios al grito de “Libertad” se apostaron a las puertas del Máximo Tribunal para rechazar la sentencia contra el Congreso.
Guardias nacionales con equipos antimotines reprimieron a los manifestantes empujándolos y golpeándolos. Al menos un estudiante resultó herido y varios periodistas fueron golpeados.
La dirigente estudiantil María Gabriela Cortés relató a AP que al menos dos de sus compañeros fueron detenidos y otros "fuertemente golpeados". "Nos golpearon con los cascos, los escudos y las cachiporras y a algunos hasta les rompieron las camisas mientras los empujaban'', agregó.
La Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión especial en la que se debatirán varios temas. Entre ellos, la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo nombramiento fue cuestionado el año pasado por la mayoría opositora.
A pesar de las numerosas críticas que generó en el ámbito local e internacional la sentencia del Máximo Tribunal, que llevó a algunos gobiernos como los de Perú y Chile a retirar a sus embajadores, Maduro no ha dicho nada.
La decisión del Máximo Tribunal venezolano abrió una grieta en el chavismo cuando también Julio Borges, presidente del Parlamento, de amplia mayoría opositora, afirmó que "el gobierno está fracturado por dentro, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo",
Borges pidió a las Fuerzas Armadas y a los demás poderes públicos, actuar como Ortega, al tiempo que denunció que el diputado suplente Gilber Caro, detenido desde el pasado 11 de enero acusado de planear “acciones terroristas”, será juzgado por un tribunal militar.
El presidente Nicolás Maduro, que mantiene silencio desde el jueves, intervino ayer en un evento público sin referirse aún al caso.
Para el politólogo Luis Salamanca, la postura de la fiscal “significa el agrietamiento, y cuidado si no el rompimiento de la estructura interna del poder chavista”.
La oposición denuncia un “golpe de Estado” por parte de Maduro y desconoce al TSJ, acusado de servir al mandatario.
El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial venezolanos se inició en diciembre de 2015 luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendió, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores.
Luego de casi un año de confrontación los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.
Esta misma semana, la Corte limitó la inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas y autorizó al gobierno a crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno del Congreso.
