Nos escandalizan las cifras, pero naturalizamos el goteo diario de muertes en las calles. Contra esta otra pandemia no hay vacuna posible que no empiece por la propia responsabilidad.
No es una metáfora al paso. La inseguridad vial ya es considerada a escala global una "pandemia silenciosa" o "pandemia invisible". A este diagnóstico le ponen la firma la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas (ONU), entre otros tantos organismos en estado de alerta frente a este ominoso panorama.
A diferencia de las crisis sanitarias, los traumatismos por siniestros de tránsito no se transmiten biológicamente, pero comparten con una pandemia su alcance planetario, su carácter evitable, y su devastador impacto social y económico.
Según datos de la OMS, este flagelo causa cerca de 1,19 millones de muertes al año en el mundo y deja entre 20 y 50 millones de personas con lesiones o discapacidades permanentes. Bajando la lupa a la realidad local, las cifras en rojo certifican la lapidaria calificación. En lo que va del año, en Mendoza murieron 111 personas en incidentes de tránsito. Poco menos de la mitad de las víctimas fueron motociclistas, otra alarma que debería estar entre las prioridades educativas y de control en la vía pública.
En los últimos días, dos hechos volvieron a poner en foco la seguridad vial en la provincia. El caso Alan Villouta, el joven de 21 años que, en la madrugada del 26 de agosto de 2017, tras salir de trabajar de un local en La Barraca Mall, intentó cruzar a pie el Acceso Sur y fue atropellado a gran velocidad por Alejandro Verdenelli. El conductor, un empresario de 43 años, no se detuvo a auxiliarlo y se fugó; luego se entregó. Nueve años después, argucias legales de por medio, la causa prescribió, pero a su vez la polémica abrió las puertas del despacho del gobernador, quien cara a cara con los padres de Alan tuvo que comprometerse a enviar a la Legislatura una ley para fijar plazos estrictos para las resoluciones de la Suprema Corte. El ruido del escándalo, al menos esta vez, provocó un necesario cimbronazo en una justicia bastante flojita de papeles.
El otro hecho vial que marcó la reciente agenda fue el violento choque frontal que ocurrió el domingo en la Ruta 60, en Maipú, que dejó hasta el momento cuatro víctimas fatales, entre ellas dos hermanas de 19 y 20 años y su madre. Frente a casos como este resurgen los planteos que van desde si faltan más controles, si los conductores no respetan ni velocidad ni señales elementales de tránsito, hasta el deplorable estado de las rutas.
A los habituales controles viales, desde junio se sumó Modo Testigo, un sistema oficial del Gobierno provincial que permite a los ciudadanos reportar conductas de riesgo e infracciones de tránsito enviando fotos y videos a un número de WhatsApp, disponible las 24 horas. Hasta el momento, a través de este sistema se han recibido más de 1.100 denuncias de ciudadanos. Esta suerte de Gran Hermano ad hoc es una herramienta que suma, pero que no alcanza. Si no hay un verdadero compromiso de cada uno al momento de tomar un volante y pensar que puede ser un arma (metáfora obvia, pero cierta), no habrá controles ni multas suficientes. Cada vez son más los conductores que dan positivo en los controles de alcoholemia. Sin embargo, no hay una reacción individual ni social que muestre un cambio sustancial.
Nos escandalizan las cifras, pero naturalizamos el goteo diario de muertes en las calles. Contra esta otra pandemia no hay vacuna posible que no empiece por la propia responsabilidad.
* El autor es secretario General de Redacción de diario Los Andes.
