La Cuestión Malvinas, luego del “trapo” que la Selección argentina mostrara en el partido que ganamos a Inglaterra, ha vuelto al centro de la agenda nacional. Y lo ha hecho de una manera que merece ser analizada con serenidad, sin caer en las simplificaciones de la coyuntura política.
En su reciente cadena nacional, el presidente Javier Milei formuló una afirmación que, desde el punto de vista jurídico y constitucional, constituye el punto de partida de toda política exterior argentina sobre el archipiélago: “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”.
No se trata de una cuestión menor. La Constitución de la Nación, en su Disposición Transitoria Primera, establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. El reclamo, por lo tanto, no pertenece a un gobierno, a un partido ni a una corriente ideológica determinada, pertenece al Estado Argentino.
Lo novedoso del mensaje presidencial no reside en haber reafirmado la posición diplomática argentina. Lo verdaderamente significativo es que el presidente Milei anunció una serie de instrumentos y medidas destinados a darle una dimensión económica, jurídica, diplomática y estratégica a nuestro reclamo.
El presidente señaló particularmente el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en el área de Malvinas, y sostuvo que la explotación de hidrocarburos en la zona constituye una amenaza para los intereses estratégicos argentinos.
En consecuencia, anunció medidas destinadas a sancionar a empresas que participen directa o indirectamente de actividades que el Estado Argentino considere ilegítimas.
También anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluiría modificaciones a la Ley 26.659 que regula las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y sanciona a las empresas que operan sin autorización legal, especialmente en el área de las Islas. Las modificaciones consistirían en: endurecimiento de sanciones contra empresas vinculadas con explotaciones no autorizadas y la extensión de determinadas prohibiciones a proveedores y otros actores económicos relacionados con esas actividades.
Pero existe otro aspecto que merece en la actualidad, una particular atención: la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur. Siendo si se concreta una decisión de política exterior y de geopolítica contemporánea.
Milei anunció la firma de un decreto de necesidad y urgencia destinado a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, junto con el incremento de las capacidades de telecomunicaciones. El presidente presentó esta infraestructura como un elemento destinado a convertir a Tierra del Fuego en un polo logístico de importancia en el Atlántico Sur para la proyección argentina hacia la Antártida.
Esta decisión, nos permite observar la cuestión Malvinas desde una perspectiva más amplia, donde no sea considerada solamente bajo el aspecto territorial. El Atlántico Sur constituye un espacio estratégico en el que confluyen rutas marítimas, recursos pesqueros, hidrocarburos, proyección antártica, comunicaciones y presencia militar.
Durante décadas, la Argentina ha sostenido su reclamo fundamentalmente desde el terreno diplomático. Esa vía continúa siendo imprescindible. Pero necesita estar acompañada por capacidades nacionales que permitan proteger los intereses argentinos en el territorio continental, en el mar y en el espacio austral. En este sentido el mensaje presidencial puede significar una modificación relevante, pasando de una reivindicación declarativa a una estrategia que combine diplomacia, derecho, economía, defensa y presencia efectiva. Con el desafío de tener capacidad para construir una política de Estado coherente y sostenida en el tiempo.
En este contexto, la actitud del presidente Milei, puede constituir una oportunidad. Pero esa oportunidad solamente será histórica si consigue trascender al propio gobierno.
Malvinas no debe convertirse en una bandera electoral de nadie, ni un instrumento de confrontación partidaria. Debe convertirse definitivamente, en una política de Estado.
La soberanía no se recupera solamente pronunciando discursos. Se construye con población, desarrollo, infraestructura, conocimiento, diplomacia, defensa, presencia territorial y capacidad económica.
La responsabilidad de nuestra generación consiste en encontrar el camino- que permita que ese objetivo deje de ser solamente una aspiración y vuelva a convertirse en un proyecto nacional de largo plazo.
Malvinas no es solamente una cuestión del pasado. Es fundamentalmente una cuestión de soberanía sobre el futuro argentino. Deseamos profundamente que el presidente y el gobierno que encabeza, junto con los demás actores políticos de la oposición se den cuenta que las acciones de política exterior en cuanto a nuestra soberanía y la defensa de nuestros interese, trasciende los tiempos y los gobiernos, y nos permiten pensar que, de esa manera, la Argentina es posible.
* El autor es presidente del Instituto Argentino de Relaciones Internacionales (IARI).