En el proyecto de ley de defensa de la soberanía, el gobierno insiste en amedrentar a la prensa independiente con penas de hasta 15 años de prisión a periodistas o medios que promuevan campañas de desinformación. Para el gobierno la desinformación es la crítica o la publicación de noticias que no le agradan. Por ejemplo, cuando en marzo de este año trascendió que el ex jefe de gabinete Manuel Adorni podría haberse enriquecido ilícitamente, el gobierno denunció a través de la Oficina de Respuesta que se “habían multiplicado las mentiras descaradas, las campañas de difamación y las operaciones mediáticas”, señalando que esas operaciones formaban parte de un “patrón coordinado y malicioso de desinformación, con el mismo mecanismo y los mismos objetivos de los desestabilizadores de siempre”.
El que incurre en desinformación permanente es el presidente y su banda de operadores digitales que ya hartan con sus calumnias y el lenguaje prostibulario de tan mal gusto que usan, propio de marginales y lúmpenes.
Una muestra de la desinformación oficial es la acusación al presidente del Brasil de haber orquestado una campaña anti argentina. Ahora echó al personal civil de la Residencia de Olivos sin explicaciones mostrando una discrecionalidad propia de autócratas. Mientras tanto trascendió que el señor Adorni sigue sin aportar pruebas serias en el juzgado donde tramita la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que usa dos autos oficiales y conserva custodial policial. Privilegios de Casta.
Este gobierno tiene como los K, a los que Milei apoyó como integrante del equipo de Scioli, propensión a violar la Constitución que prohíbe expresamente cualquier censura previa como legislar sobre libertad de prensa.
Posiblemente la suba de la inflación mayorista en agosto al 2,1% del festejado 0.8% de julio provoque en el presidente un estado nervioso mayor que el habitual en él, como el otro dato preocupante de la baja del 0,6% del PBI en el segundo trimestre, señalando que los incrementos de producción en Vaca Muerta y en las provincias mineras son insuficientes para lograr el necesario crecimiento de la economía; en caso de reiterarse en el tercer trimestre la caída, entraríamos en recesión. Otro índice que indica problemas es la suba de la tasa de desocupación y la posibilidad que en los nuevos índices de pobreza ésta suba varios puntos.
El señor Milei apuesta todo al superávit fiscal. Sin embargo, el mismo es condición necesaria pero insuficiente. Argentina necesita incrementar la tasa de inversión para obtener un crecimiento sólido de la economía que llegue al 25% anual.
Hace más de un siglo que el país no llega a esos niveles de inversión. Este año está en un 17,2% cuando el año pasado fue de 18,5% y en 2024 un 15,5%. La tasa de inversión entre 1880 y 1914 promedió el 40%, por eso el gran salto de la economía nacional, tasas comparables a las de China de los últimos cuarenta años. La inversión baja abruptamente con la primera guerra mundial y apenas se recupera en la década del veinte, salvo entre 1927 a 1929 en la que llega al 21 %. Se reducen nuevamente entre ese año y 1934. También son muy bajas en los primeros tres años de la primera presidencia de Perón con una recuperación a partir de 1953. Los años de inversión más alta, en los que superamos el 20%, fueron 1960 con el pico de 1961 de 22,18%. En 1980 se llegó al 22,3%. En la convertibilidad, el mejor año 1994 llegó a 19,8%.
Para producir más se necesita infraestructura de transporte y energía, educación de calidad, institucionalidad, tecnología, ciencia. Por ejemplo, en Brasil los cultivos de soja tienen un rendimiento superior por hectárea en un 30 % a los que se obtienen en nuestro país. Esto significa una diferencia de seis mil millones de dólares, solo se trata de admitir el ingreso de nuevas semillas.
Pero el gobierno, en vez de promover el incremento de recursos fiscales por aumento de producción, productividad y competitividad, solo se limita a la motosierra torpe que provoca reducción de ingresos. Por eso no elimina las retenciones a las exportaciones, para cuidar el superávit, cuando el aumento de producción que provocaría la eliminación definitiva de esa carga subiría los ingresos fiscales.
Otro descuido del gobierno es el dumping. Acusa a la industria nacional de no querer competir y es cierto que hay sectores que quieren cazar en el zoológico, pero también es cierto que determinadas importaciones vienen subsidiadas desde el exterior. Como también es un disparate la discriminación en el RIGI que se hace de las empresas nacionales en beneficio de las del exterior.
Las reglas deben ser claras y similares para todos a fin de no repetir las distorsiones de los regímenes de promoción del pasado.
Por otro lado, las exportaciones están dando buenas noticias y esto puede significar un giro copernicano a problemas en el sector externo que el país arrastra, con breves paréntesis, desde 1949.
* El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia.
