La 80° Asamblea General de las Naciones Unidas mostró que Donald Trump no tiene una política homogénea para América Latina y que avanza caso por caso. Lo más significativo fue su cambio respecto a Brasil. Había tenido duros enfrentamientos, sin querer dialogar con el presidente brasileño, que más de una vez había expresado su intención de hacerlo. Primero fue el conflicto entre Lula y Elon Musk, y luego los reclamos del presidente estadounidense para que fuera liberado el ex presidente Jair Bolsonaro -hoy condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de estado en enero de 2022-. Trump saludó sorpresivamente a su colega brasileño en un pasillo y quedaron en encontrarse para dialogar. La respuesta de Lula fue positiva.
Con México no hubo cambio sino continuidad. La relación comercial entre ambos países continúa en un proceso de negociación, mientras que la ola de violencia narco que afecta a este país es materia de discusión con Estados Unidos, que pretende que sus fuerzas militares puedan actuar en territorio mexicano contra los narcos, algo que históricamente fue inaceptable para la presidencia mexicana.
Pero la crisis con Venezuela y el despliegue militar estadounidense de carácter aeronaval continúan siendo el principal elemento de tensión en la región. El presidente Nicolás Maduro firmó un decreto de “conmoción externa”, ante lo que denunció como amenazas de Estados Unidos. Agregó que esta norma “se activaría de manera inmediata en caso de cualquier tipo de agresión” contra su país. El anuncio fue realizado por la vicepresidente, Delcy Rodríguez, en un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas. Explicó que el decreto “le da poderes especiales al Jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad” en caso de que Estados Unidos “se llegara a atrever a agredir” a Venezuela, cerca de cuyas aguas la fuerza aeronaval de Washington mantiene su despliegue militar.
De acuerdo a las palabras del propio Trump, se trata de una fuerza para “combatir el narcotráfico”, pero el gobierno de Caracas denuncia un plan para provocar un “cambio de régimen”. El encuentro fue transmitido por el canal estatal venezolano de televisión (VTV). Siguió diciendo que en este escenario el presidente tendría “facultades especiales para movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su pleno funcionamiento y activar todos los planes de seguridad ciudadana”.
Por su parte, la oposición alertó que esta decisión podría “restringir derechos fundamentales”. En esta línea se pronunció Alí Daniels de la ONG “Acceso a la Justicia”. Explicó que el estado de conmoción exterior es un tipo de estado de excepción y que estos se decretan para “tomar medidas extraordinarias en situaciones extraordinarias”, es decir, que permitirían a los poderes públicos usar restricciones a la libertad de tránsito que no rigen en la normalidad. Dijo también que no se conocía el texto del decreto y que hasta ahora Venezuela “nunca antes ha dictado un estado de conmoción exterior”.
El decreto está sujeto a la aprobación del Parlamento, pero éste está controlado por Maduro, y también debe pasar por la revisión del Tribunal Supremo de Justicia, el que responde al presidente. De aprobarse el decreto, entraría en vigencia de inmediato y tendría noventa días de duración, prorrogables otro tanto. La medida es presentada después de que la fuerza aeronaval estadounidense hundiera cuatro embarcaciones pesqueras venezolanas acusadas de transportar droga. El despliegue militar estadounidense iniciado un par de meses atrás tiene ocho buques y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear. También cuatro mil quinientos hombres, la mayoría de ellos con capacidad de desembarco. A su vez, ha instalado un contingente aéreo de aeronaves F-35B en Puerto Rico, a una distancia desde la cual pueden operar sobre Venezuela.
En las últimas semanas parece haber aumentado la posibilidad de que Estados Unidos intente una acción militar circunscrita al territorio venezolano. Tendría por objetivo desarticular alguna base del narcotráfico o detener a uno de los supuestos líderes de los dos carteles denunciados como narcoterroristas por Washington: el Tren de Aragua y el de los Soles. El primero está manejado desde las cárceles venezolanas y el segundo comprometería a funcionarios del Gobierno. Estados Unidos ha difundido videos con escenas y secuencias de los ejercicios de desembarco de esta fuerza. No hay, en cambio, demasiadas precisiones sobre la participación en un eventual incidente militar de uno de los aliados internacionales más importante de Venezuela, como es el caso de Rusia e Irán. China no participaría directamente en el conflicto militar, pero sí lo haría Nicaragua, que podría mandar voluntarios. Cabe señalar que el régimen de Ortega ha establecido acuerdos comerciales con las regiones del Donbass ocupadas por Rusia. Es claro que Trump busca aumentar la presión sobre Venezuela para precipitar un cambio de régimen. Pero los veintisiete años en el poder del régimen establecido por Hugo Chávez muestran que ha logrado sobrevivir a todo tipo de acciones desestabilizantes de Estados Unidos y en esto se asemeja al cubano. Pero no hay que olvidar que las crisis geopolíticas suelen escalar por errores de cálculo.
* El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
