Es para celebrar que haya controles y que la mercadería que ingresa y circula ilegalmente sea detectada. Sin embargo, lo incautado en el operativo más reciente en Santa y que venía a Mendoza representa apenas una parte de un fenómeno mucho más grande.
Incautaron $143 millones de mercadería de contrabando que viajaba hacia Mendoza en un micro de "turistas"
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El procedimiento conocido en las últimas horas, en el que Aduana-ARCA y la Policía Federal incautaron mercadería valuada en más de $143 millones que era transportada hacia Mendoza sin la correspondiente documentación respaldatoria, pone nuevamente sobre la mesa una problemática que desde el comercio formal venimos advirtiendo desde hace tiempo.
Celebramos que estos controles se realicen y que la mercadería que ingresa y circula ilegalmente sea detectada. Sin embargo, lo incautado en este operativo representa apenas una parte de un fenómeno mucho más grande que afecta diariamente a los comerciantes que trabajamos dentro de la legalidad.
Quienes tenemos nuestros comercios formalizados compramos mercadería siguiendo los circuitos correspondientes, exigimos y emitimos facturas, afrontamos impuestos nacionales, provinciales y municipales, pagamos alquileres, servicios, cargas laborales y cumplimos una extensa cantidad de obligaciones para poder desarrollar nuestra actividad.
Por eso, es prácticamente imposible competir en igualdad de condiciones con quienes comercializan mercadería que ingresa sin documentación, sin trazabilidad y sin afrontar ninguno de esos costos.
El problema no termina en un colectivo.
El operativo conocido públicamente resulta significativo por el volumen de mercadería secuestrada. Pero nuestra mayor preocupación está puesta en un fenómeno mucho más atomizado y difícil de controlar: el denominado “contrabando hormiga”.
Así como existe un colectivo transportando grandes cantidades de productos, existe también un flujo permanente de mercadería trasladada en vehículos de menor porte y mediante distintos mecanismos, particularmente desde zonas fronterizas.
Desde el sector comercial advertimos con especial preocupación el ingreso de productos provenientes de Bolivia y Chile que luego terminan comercializándose en diferentes puntos de Mendoza.
El problema no es solamente cómo ingresa esa mercadería al país. También debemos preguntarnos qué sucede cuando llega a destino, quién controla su origen y bajo qué condiciones se comercializa.
Una parte de estos productos termina ofreciéndose a través de redes sociales, ferias, circuitos informales o establecimientos que no necesariamente cumplen con las mismas exigencias que debe afrontar un comercio formal.
Y allí aparece una pregunta elemental: ¿Quién controla que esa mercadería tenga un origen acreditado mediante una factura? ¿Quién verifica que posteriormente se emita el correspondiente comprobante al consumidor?
También existe una competencia desleal en el transporte: el caso publicado también permite observar otra dimensión del problema.
Cuando vehículos destinados supuestamente al traslado de pasajeros transportan grandes volúmenes de mercadería, no solamente puede existir una infracción aduanera. También corresponde analizar las condiciones en las que se desarrolla ese transporte y si se están cumpliendo las normas correspondientes.
Esto genera, además, una competencia desleal respecto de las empresas de transporte y logística que trabajan formalmente, cumplen las normas de seguridad, tributan y deben afrontar todos los costos derivados de su actividad.
Cuando determinados servicios ofrecen viajes a valores considerablemente inferiores y, paralelamente, permiten trasladar grandes cantidades de bultos, se genera una distorsión que merece ser controlada.
Necesitamos que los controles vuelvan al territorio.
Entendemos perfectamente la compleja realidad económica que atraviesan muchas familias y sabemos que el consumidor busca alternativas para cuidar su bolsillo.
Pero esa realidad no puede significar que desaparezcan las reglas.
El comercio formal también está atravesando una situación económica difícil. Tiene que sostener puestos de trabajo, pagar impuestos y servicios, reponer mercadería y mantener abiertas sus puertas todos los días.
Por eso necesitamos recuperar controles que durante años fueron habituales.
Necesitamos una acción coordinada de ARCA, ATM y los organismos nacionales, provinciales y municipales competentes, con presencia efectiva en los centros comerciales, ferias y demás espacios donde se comercializan productos.
No estamos pidiendo perseguir al comerciante.
Estamos pidiendo que todos compitamos bajo las mismas reglas.
Que se solicite documentación respaldatoria. Que pueda acreditarse el origen de la mercadería. Que se controle la facturación. Que quien desarrolla una actividad comercial tenga las correspondientes habilitaciones y cumpla las mismas obligaciones que se exigen al resto.
Porque el problema que enfrentamos no se reduce a un colectivo ni a los $143 millones incautados en un procedimiento.
El problema es un circuito mucho más amplio y cotidiano, que se hace visible en numerosos centros urbanos y también fuera de ellos, y que termina perjudicando directamente al comerciante que decidió hacer las cosas correctamente.
La informalidad y el contrabando no pueden transformarse en una ventaja competitiva frente a quienes cumplen la ley.
Defender al comercio formal significa también defender el empleo registrado, la actividad económica local, la seguridad de los consumidores y a todos aquellos empresarios y comerciantes que, aun en circunstancias económicas difíciles, siguen apostando por trabajar dentro de las reglas.
*La autora es presidente de la Comisión Comercio de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín, y miembro de la Federación Económica de Mendoza.
