Constituye un mal precedente mundial el reciente hecho de Venezuela pues todos los países quedamos indefensos ante un presunto ataque de cualquier potencia hegemónica a cualquier nación que no se subordine a sus dictados.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; al ministro del Interior, Diosdado Cabello; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, caminando tras su juramento en una ceremonia celebrada en la Asamblea Nacional en Caracas el 5 de enero de 2026.
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Palacio de Miraflores La reciente intervención de EE.UU. a través del secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha puesto nuevamente en la escena internacional, frente a agresiones a países que, bajo la apariencia de combatir al narcotráfico, la apetencia sobre el petróleo situado dentro del territorio del país venezolano.
La Carta de las Naciones Unidas sancionada en 1945 incorporó a EE.UU., país con democracia liberal; a la URSS -comunista- y a muchos países iberoamericanos con dictaduras. Se pretendía la “seguridad colectiva”, considerando a todos los países en igualdad de condiciones; la no injerencia en asuntos internos de los países; la integridad territorial; la abstención del uso de la fuerza o de la amenaza -art. 2.4 de la Carta-, con dos excepciones: la legítima defensa o el pedido de un país invadido de pedir la intervención de las fuerzas de las Naciones Unidas.
Este fue el legado de un gran presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt para los tiempos.
La lista de intervenciones de EE.UU. sin la intervención de las Naciones Unidas ha sido considerable: en Egipto en 1956; Líbano en 1958; Vietnam desde 1955 a 1973; República Dominicana en 1965; Granada en 1983, Panamá en 1989, Haití en 1992, Kosovo, Irak, etc. y por su parte la URSS en Hungría en 1956; Checoslovaquia en 1968; Afganistán en 1979 y Ucrania en 2022.
Sin embargo, el precedente de las intervenciones “preventivas” comenzó con el ataque a las Torres Gemelas, desvirtuando la “seguridad colectiva”, la que nuevamente se puso de manifiesto en Venezuela.
Nos guste o no, Venezuela es un país que se rige por sus instituciones. Los graves problemas que lo aquejan lo sabemos: la violación a los derechos humanos; la burla a la voluntad popular; el creciente éxodo de sus habitantes, etc. Sin embargo, son temas de la propia Venezuela.
Ningún país, por más hegemónico que sea, tiene derecho a interferir en la política venezolana. Esta ha sido la posición argentina desde que se expresó con Hipólito Yrigoyen en la Sociedad de las Naciones en 1920 y continuó con la venta de trigo a la URSS y carne a China en 1965 en plena “Guerra Fría” entre EEUU y la URSS.
Sin embargo, el presidente de los EE.UU., con el argumento que, pronto quedó sin efecto, esto es, el narcotráfico, para quedarse con las reservas petrolíferas, nuevamente ha sentado el mal precedente o, de “secuestrar” al presidente Maduro o “conciliar” con su régimen para anunciar que se llevará 50 millones de barriles de petróleo al país del Norte. No sin antes expresarles a la oposición a Maduro, que está “inmadura” para conducir los destinos del país de Bolívar, pero reservándose para sí, todo el petróleo de uno de los países más ricos del mundo en ese recurso natural.
De este modo, constituye un mal precedente mundial el reciente hecho de Venezuela pues todos los países quedamos indefensos ante un presunto ataque de cualquier potencia hegemónica a cualquier país que no se subordine a sus dictados.
Pero los argentinos no podemos tener “relaciones carnales” con EE.UU. pues ya se pagó caro aquella política de Menem con las tragedias de la Embajada de Israel y el atentado a la Amia.
La neutralidad argentina ha sido siempre una doctrina que tuvo su carta de nacimiento aquí, la cual no puede ser dejada sin efecto por un presidente que aún no tiene ningún acuerdo del Congreso Nacional para ratificar o no tratados internacionales (art. 99 inc. 11 de la Constitución Nacional).
Hoy más que nunca debemos tener presente el lema sarmientino que nos informa que “Nuestra bandera jamás ha sido atada a ningún carro triunfal de la Tierra". ¡Qué así sea!
* El autor es abogado constitucionalista. Fue Convencional Constituyente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994.